20 de julio de 2014.-La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este viernes que un fiscal del Ministerio Público constató que Leopoldo López, quien está privado de libertad por los hechos de violencia registrados el 12 de febrero de este año, no se encuentra aislado, sino que por el contrario sus condiciones de reclusión son dignas. Así lo señaló en un programa radial en la emisora Unión Radio, durante el cual agregó que el funcionario entrevistó a López, quien estaba participando en la celebración de una misa en el momento en el que éste se presentó en el Centro Nacional de Procesados Militares, en Ramo Verde, estado Miranda.


Explicó que igualmente se verificó el espacio en el que permanece recluido el mencionado ciudadano, el cual “tiene una poltrona, una biblioteca, sillas, computadoras, fotografías, en el baño tiene ducha Corona y se baña con agua caliente”. Aseguró también que “posee una hamaca, una jaula con periquitos, cocina, nevera y frutas (…) Tiene DVD, Blu Ray, cartelera, fotografías familiares y una bolsa de boxeo para hacer ejercicios”.

Ortega Díaz puntualizó que los sitios de reclusión tienen sus reglamentos en cuanto al régimen de visitas a las personas que están privadas de libertad, y entre ellas se contempla que las visitas familiares no son diarias, esto en respuesta a la denuncia hecha por la esposa del dirigente de Voluntad Popular, Lilian Tintori, quien en días pasados publicó en las redes sociales que el director de Ramo Verde mantenía a López aislado.

“El fiscal verificó que no se encuentra aislado”, explicó Ortega Díaz. Indicó que cuenta con gráficas del estado Leopoldo López y pruebas de que asiste a misa cuando el fiscal llegó a Ramo Verde. “Prueba evidente que no está aislado, allí se certifica”.

La fiscal manifestó que se hace seguimiento al “respeto de los Derechos Humanos” y asegura que López está privado de libertad con “dignidad”.

BALANCE HECHOS VIOLENTOS

La Fiscal General recordó que en días pasados se reunió con Nuria García y Carolina Román, miembros de Amnistía Internacional, a quienes suministró información sobre los hechos de violencia registrados en el país desde el pasado mes de febrero. Puntualizó que durante el encuentro, una de las representantes de la organización expresó preocupación por casos de torturas en el país, no obstante, solo proporcionó el nombre de una persona. A tal efecto, se verificó que es un caso de trato cruel.

La Fiscal General informó a García y a Román que en Venezuela hay voceros que diariamente expresan que tienen una lista de cientos de torturados, pero no la han suministrado. Resaltó que se han hecho afirmaciones irresponsables respecto al número de personas detenidas, si estas son adolescentes o estudiantes, “con la intención de alegar que se irrespetan los derechos humanos en Venezuela”, aseveró.

En ese sentido, señaló que hasta este viernes, hay 88 privados de libertad, de los cuales solo 4 son estudiantes y 14 efectivos de organismos de seguridad. Subrayó que tras las aprehensiones, varias personas dijeron ser estudiantes. Sin embargo, luego de revisar las listas de detenidos se pidieron las respectivas constancias de estudio y muy pocos las presentaron, por lo que se constató que muchos no tenían esa condición.

De esta manera, comentó que tal situación constituía una política tendenciosa, una matriz de opinión para generar desconfianza en el sistema de justicia y hacerlo ver como represor de derechos humanos. Indicó que a uno de los estudiantes detenidos se le otorgó una medida cautelar de fianza por lo que en las próximas horas se le dará libertad.

Adicionalmente, informó que fueron aprehendidas 3.356 personas, de las cuales a 1.400 aproximadamente se les dio libertad plena o se les ha solicitado sobreseimiento, y 400 tienen medidas cautelares sustitutivas de libertad.

Por otra parte, durante el programa Ortega Díaz dijo que el próximo jueves 31 de julio se llevará a cabo un acto de inutilización de armas, procedimiento en el que estarán presentes los fiscales superiores del área metropolitana de Caracas y de los estados Miranda y Vargas. Añadió que en este año se han inutilizado más 5.200 armas y resaltó que desde el Ministerio Público se ha venido impulsando la política del desarme y destrucción de armas.