El viernes 25 de agosto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció sanciones contra Venezuela que afectan los bonos soberanos y de PDVSA e impiden que empresas como CITGO remitan utilidades.  Estas sanciones que configuran un verdadero bloqueo financiero, complican todavía más la crítica situación de liquidez de divisas del país, debilitarán al extremo la situación del gobierno en el principal mercado de capitales del mundo y al contrario de lo que con cinismo declara el presidente norteamericano, aumentan las calamidades que ya sufre nuestro pueblo.

Hay que tener en cuenta que en el último trimestre del año el país enfrenta pagos de servicios de deuda superiores a los 3.500 millones de dólares y que la práctica de cancelación de esa deuda ha sido en los últimos años en base a mecanismos de refinanciación, reestructuración o contraer deuda nueva para saldar deuda anterior, todas operaciones que quedan bajo las sanciones. Esta decisión política del gobierno de Estados Unidos, que se suma a las sanciones a funcionarios venezolanos y a empresarios del mismo país, y que pareciera que no van a detenerse en este punto, representa un chantaje inaceptable, que rechazamos.

Pero las sanciones, y las operaciones de arquitectura financiera para sortearlas o neutralizarlas que se intentan desde el gobierno, como explicaremos más adelante, suman a la incertidumbre política que vive el país una enorme inseguridad sobre el día a día económico.

Sin entrar aquí, por razones de espacio, a analizar el colapso del modelo petrolero rentista. Comprender las razones que llevaron a Venezuela a una situación de tal exposición y debilidad en el terreno financiero es fundamental para superar los gravísimos errores que se han cometido y para definir cuáles serían las políticas acertadas.

1a. Razón: Maduro pagador “puntual” a los tenedores de bonos con resultado catastrófico para el país

Según el sitio web del Ministerio de Comunicación e Información: Maduro afirmó en el programa televisivo José Vicente Hoy, del 20 de agosto: “Nosotros hemos pagado más de 65 mil millones de dólares ([1]) en 24 meses, sin poner excusas, sin falta, puntual. Quiere decir que en medio de la caída de los precios petroleros, del quiebre del modelo petrolero, hemos hecho un milagro social y hemos hecho un milagro financiero también, también. Eso son cosas que Venezuela debe conocer, debe valorar.”^[2]

Lo que allí no se informa es que para hacer esos pagos tuvo que realizar operaciones financieras de mala calidad y dañinas para la República como la acordada con Goldman Sachs en mayo pasado, en la que para obtener 865 millones de dólares que destinó al pago de deuda, tuvo que entregar bonos de PDVSA por valor facial de 2800 millones de dólares, es decir, que la realizó con un descuento del 69%. O la entrega de la totalidad de las acciones de CITGO en garantía para recibir préstamos de fondos buitres o de la petrolera rusa Rosneft que frente a las sanciones estadounidenses quiere desprenderse de ellas o canjearlas por otras de activos del Estado en territorio venezolano.  

Tampoco dice Maduro que “ese milagro financiero” fue al costo de reducir el nivel de importaciones en un 73% si comparamos el año 2016 con el 2013. Y que esta reducción es la que explica en gran parte la escasez de alimentos y medicamentos, lo que junto al gravísimo proceso inflacionario, es uno de los principales causantes, de la situación angustiante que vive el país.

Debemos recordar que la Plataforma para la Auditoría Pública y Ciudadana presentó denuncias sustentadas en investigaciones, respecto al desfalco a la nación y la ilegitimidad de la deuda, con sus implicaciones nocivas para el país y para las condiciones de vida de la población, así como recomendaciones para enfrentar estos flagelos y recuperar recursos para la nación; pero esto fue desestimado por la Contraloría General de la República, por el Ministerio Público y por el Consejo Moral Republicano (www.aporrea.org/ddhh/a214280.html).

2a. Razón: La apertura a las transnacionales y la entrega de patrimonio nacional para conseguir financiamiento para pagar deuda, debilitan  al extremo la capacidad de respuesta frente al chantaje de las sanciones

Tanto las Zonas Económicas Especiales como los cambios en la regulación de la Faja Petrolífera del Orinoco, las contrataciones en el Arco Minero del Orinoco y el intento de puesta en marcha de los 15 Motores para la Economía Productiva[3], dejaron al país en una situación de extrema indefensión frente a los grandes capitales transnacionales y financieros y de absoluta debilidad frente a las sanciones de Trump. Y esto es así porque generan un mecanismo de chantaje al que el gobierno ha ido cediendo consecutivamente. Con esa lógica se pasó en la composición accionaria de las Empresas Mixtas de la Faja del 60% estatal y 40% en 2010 al 51% y 49% en 2015 a invertirse la proporción de capital accionario a principios de 2017 y a quedar zonas liberadas al puro capital privado como ha quedado establecido por parte de las sentencias 155 y 156 del TSJ de marzo de este año, hoy ratificadas por la Constituyente de Maduro.

Expresión de todo esto son los más recientes contratos, en medio de la crisis y de las protestas de calle, con China National Petroleum Corporation, Rosneft, Schlumberger, Horizontal Well Drillers, Baker Hughes, Halliburton, entre otras, en el área petrolera, y grandes proyectos gasíferos con empresas como la Repsol o la Shell.  En la minería, asistimos al retorno de compañías que habían sido echadas por Chávez, como la Gold Reserve y el otorgamiento de amplias concesiones a Barrick Gold Corporatión, entre otros negocios mineros pactados con empresas chinas, rusas, canadienses, norteamericanas, surafricanas y de empresas en países bajo cuya bandera actúan capitales transnacionales diversos, además de posibles parapetos de maletín para captación de renta.

El resultado del chantaje que señalamos puede verse en lo siguiente: En la medida que la insolvencia para enfrentar los pagos de los vencimientos de deuda fue creciendo, se fue avanzando en una desregulación, que más allá de ilegítima e ilegal, es totalmente favorable al capital financiero y transnacional. Así por ejemplo se conoce de negociaciones desde el mes de julio, de PDVSA con la rusa Rosneft para cambiar las acciones que hace apenas meses había recibido de CITGO, por otras en un territorio especial para la explotación de gas, petróleo[4] y derivados.

Maduro Insiste en el camino al abismo

La primera reacción del presidente Maduro, el mismo viernes en que se conocieron las sanciones, anunciadas por Trump, fue la de citar a tres reuniones en Miraflores para esta semana. En ellas busca escuchar de parte de empresarios y tenedores de bonos del país del norte propuestas de solución para evadirlas. Citó a las empresas estadounidenses que compran el crudo venezolano, a los tenedores de bonos venezolanos en Estados Unidos y a los inversionistas de ese país en Venezuela[5]. No hay por qué creer que tanto las empresas compradoras del crudo, como los tenedores de bonos o los inversores en el país, y que comparten activos, sobre todo los de la Faja Petrolífera, vayan a solicitar o a aceptar condiciones peores que las que la empresa rusa ha obtenido hace apenas días.

Por otra parte y al mismo tiempo, un día antes de que Trump anunciara las sanciones se conoció que altos funcionarios del gobierno venezolano entre los que se encuentra Simón Zerpa, quien, entre otros cargos es también vicepresidente de finanzas de PDVSA, están intentando cerrar un acuerdo con bancos chinos para la recompra por parte de Venezuela, tanto de bonos soberanos como de la petrolera, con vencimiento en el último trimestre del año 2017 y parte de los del año 2018. Pero esta operación, que en otras condiciones podría ser beneficiosa para el país, difícilmente esté aislada de cláusulas especiales para las empresas Chinas como las que actualmente tienen, o mejores para ellas.

Todo esto muestra una tozuda voluntad de insistir en el mismo camino que nos trajo a este abismo, ahora convalidado y “legitimado” por la Constituyente. Aceptando el chantaje del capital financiero, con la bandera que tenga, y limitando cada día más la capacidad de respuesta frente a las actuales o próximas sanciones de Estados Unidos.

El otro camino, el de la soberanía

El otro camino para enfrentar la actual situación y poder resistir las sanciones es elegir una vía soberana. En primer lugar se trata de reordenar las prioridades para enfrentar la crisis. No se puede reivindicar el “milagro financiero” de haber pagado 65.000 millones de dólares en dos años, mientras el pueblo venezolano pasa literalmente hambre. No consigue medicinas, se desatan epidemias superadas hace largo tiempo, y cuando el 54% de los niños tienen algún tipo de deficiencia nutriciona (según Cáritas). O cuando, por ejemplo, el salario mensual familiar no alcanza para comprar una semana de la cesta alimentaria de una familia (a pesar de que el Art. 91 CRBV dice que debe tener por referencia el costo de la canasta básica). Esta debe ser la primera prioridad: suspender los pagos de la deuda externa hasta normalizar la atención alimentaria y de salud de las familias venezolanas. Sobre todo teniendo en cuenta que el mismo Maduro afirmó que: 62% de esta deuda está en manos de tenedores de bonos de Estados Unidos, 12% del Reino Unido y 6% de Canadá.

En segundo lugar no se trata de construir una arquitectura financiera para evadir las sanciones imperialistas en la misma lógica del capital transnacional. Por el contrario es imprescindible una auditoria pública y ciudadana de la deuda externa y de todas las cuentas públicas, para determinar la legitimidad de la deuda, sobre la cual recaen sospechas de componentes corruptos,  así mismo el monto del desfalco a la nación, y tomar las medidas necesarias para recuperar los recursos usurpados e invertirlos en la recuperación del país sumido en la crisis. Además, es ilógico seguir y seguir aportando recursos a los acreedores del país que te sanciona y amenaza con intervención militar.

En tercer lugar realizar una verdadera ruptura con el modelo rentista sobre la base de priorizar la producción agrícola, agropecuaria y de medicamentos.

Esta reorientación económica requiere de un amplio debate nacional, que no puede realizarse en el clima hostil y autoritario en el que se ha impuesto la Constituyente. Enfrentar las sanciones y retomar un camino soberano requiere en primer lugar de más democracia y no menos. Se trata de volver a la Constitución del 99.