En Venezuela, como en las telenovelas los malvados siempre son los mismos o por lo menos aparecen en todos los episodios terroristas sin que nadie pueda explicarse cómo es que resultan ilesos jurídicamente.

Los Guevara, Sánchez y López Castillo conforman un triángulo clave para dar con los autores intelectuales del hecho. Rolando y Otoniel sobrevivieron al caso Montesinos y al de los atentados a las sedes diplomáticas. El caso 11 de abril del 2002 parece ser la matriz del homicidio.

Qué tienen en común un joven litigante de uno de los bufetes más influyentes y poderoso de la capital, hijo de una ex senadora y un ex contralor, y dos ex funcionarios policiales, cuyo único linaje consiste en su permanente vinculación a cuanto atentado haya ocurrido en los últimos seis años.

Antonio López Castillo, a sus 32 años, era aficionado a las armas, tanto que el día que se enfrentó mortalmente a una comisión del Cicpc, le hallaron en su vehículo una 9 milímetros con repetición.

Pero fue la esposa de Rolando Guevara, Jacqueline de Guevara, quien se encargó de hacer público el nexo más evidente entre los Guevara y López Castillo. “Mi esposo le vendía las armas”.

En el hogar de los López Castillo se halló un arsenal digno no de un aficionado, sino de un cuartel militar. “Son armas de guerra”, dijo el ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón. Haydee Castillo de López y Antonio López, su esposo, porfían que del C-4, las granadas, los fusiles y demás etcéteras no sabían nada, es más, niegan que su hijo, al que apenas enterraron ayer, fuera el dueño de tal alijo.

Un día antes de su muerte, el lunes 22 de noviembre, el propio Antonio se había acercado hasta la fiscalía para denunciar la desaparición de sus representados (así lo hizo saber) Rolando Guevara y Otoniel Guevara, de quienes no se sabía nada desde el sábado 20 de noviembre.

El miércoles 24, se sumaría otra muerte al intrincado caso: curiosamente otro socio de los Guevara cayó en un enfrentamiento en Quíbor, estado Lara, Juan Carlos Sánchez. Al también ex funcionario policial le hallaron en la habitación del motel donde se hospedaba, otro tanto de C-4, granadas fragmentarias, y un buen lote de armas. Sánchez, tenía planes de salir del país y la ruta más cercana para hacerlo, sin duda, era el Zulia.

Los Guevara seguían desaparecidos, pero no por mucho tiempo: el viernes la Guardia Nacional se los encontró 'perdidos', como dicen que estaban, en Valencia.

Ayer, el abogado defensor de Otoniel Guevara, Pedro Miguel Castillo, reconoció que Antonio López Castillo y su cliente eran amigos de Sánchez. Lo atribuyó sólo a una relación basada en la pasión por las armas y la práctica consuetudinaria del tiro en la galería Magnum. En cambio el MIJ evalúa una conexión mucho más profunda, pues el integrante del escritorio jurídico De Sola & Pate había realizado cursos en Estados Unidos, del mismo tipo de los que realizan “los mercenarios norteamericanos que han operado históricamente en todos los conflictos del mundo, manejados por la CIA”.

Historial de los Guevara

En Venezuela, como en las telenovelas los malvados siempre son los mismos o por lo menos aparecen en todos los episodios terroristas presenciados en los últimos seis años, sin que nadie pueda explicarse cómo es que resultan ilesos jurídicamente.

“Tuve conocimiento que Otoniel Guevara había comprado, con el dinero que le entregué la Galería Magnum a un señor de nombre Boulton”, esto lo dijo hace tres años en sus declaraciones a las autoridades el señor Vladimiro Montesinos Torres.

Él y su primo, José Agustín Guevara, se encargaron de “custodiarlo” durante su clandestina estadía en Venezuela.

Montesinos se encuentra tras las rejas, pero en Caracas, en cambio, los hermanos Guevara, descubiertos como estaban del delito de proteger a un prófugo de la justicia peruana, llegaron sin tropiezos a la lista de implicados de los no menos trágicos sucesos de la Plaza Altamira.

Fuentes policiales vincularon a los hoy de nuevo sospechosos con el experto en armas Isaac Pérez Recao, quien habría financiado con $2 millones de dólares la compra de explosivos (C-4, por cierto) colocados en las sedes diplomáticas de España y Colombia en febrero del 2003.

Y para variar, en el detestable caso de la muerte del Fiscal Cuarto con Competencia Nacional, vuelven a sonar sus nombres.

Rolando fue comisario Jefe de la Delegación de la Policía Técnica Judicial en el Zulia desde 1999, y junto con Iván Simonovis, se encargó de la reestructuración policial de la región.

Su hermano Otoniel se desempeñó como secretario general de la Disip. También fue jefe de seguridad de la campaña de Carlos Andrés Pérez y de Francisco Arias Cárdenas... “Yo le hice un trabajo voluntario que me fue requerido para apoyar una campaña electoral, y así lo he hecho tanto para el gobierno como quien me lo requiera. Ese es mi trabajo”, admitió Otoniel a la prensa.

José Agustín, primo de los susodichos, estuvo preso en Miami cuando intentó cobrar de las cuentas de Montesinos 43 millones 700 mil dólares en el Pacific Industrial Bank.

Sólo por su traslado a Venezuela los hermanos Guevara le cobraron a ex hombre fuerte de Fujimori, un millón de dólares.

El ministro Jesse Chacón dijo a la prensa que uno de los Guevara guardaba extraordinaria similitud con uno de los retratos hablados de los eventuales asesinos del fiscal.

“No estamos hablando de hampa, se trata de gente que conoce cómo son los mecanismos de investigación de los cuerpos de seguridad como Cicpc y la Disip”, admitió Chacón.

Los extras

Los Guevara pertenecen a una suerte de clan o élite policial de la que también formaba parte Iván Simonovis, antiguo jefe de operaciones de la extinta PTJ y, entre otros, Leonardo Díaz Paruta, actual director de la Policía de Chacao, cuando el cuerpo lo conducía José Ramón Lazo Ricardi, durante la gestión Caldera.

Simonvis es técnico Superior Universitario del Instituto Universitario de Policía Científica de Caracas y ha realizado varios cursos de especialización como técnico jurídico, de paracaidismo militar, secuestro, protección de activos de información en Venezuela y el Departamento de Estado y en el FBI en los Estados Unidos.

Recientemente se desempeñó como secretario de seguridad ciudadana del ex alcalde mayor de Caracas, Alfredo Peña -hoy prófugo en Miami-, y estaba en ese cargo cuando ocurrieron los conocidos sucesos del jueves 11 de abril del 2002 (luego de esa fecha lo relevaría en sus funciones Henry Vivas). Anderson lo citó para que aclarara su vinculación con las muertes ocurridas esa tarde.

No le favoreció en nada al experto policial las declaraciones que emitiera la misma tarde del 18 de noviembre el comisario Emigdio Delgado, ex jefe de operaciones de la PM, al propio Danilo.

Delgado lo habría acusado de ordenarle el 11-A trasladar unidades a los túneles de El Valle para impedir el paso de los militares leales al Presidente Chávez hacia Miraflores.

A Simonovis no le dio tiempo de explicarle a Anderson si tuvo o no algo que ver con lo que pasó en el Golpe de Estado. En cambio, trató de huir para el mismo destino en donde se supone se encuentra Peña, curiosamente por el aeropuerto internacional de Maracaibo, después de que Fabián Chacón, abogado de las víctimas oficialistas de abril, lo señalara como eventual culpable de la muerte de Danilo Anderson.

Por la misma causa que Simonovis, es decir por el 11-A, Anderson invitó a declarar en la Fiscalía a los ex comisarios de la Policía Metropolitana, Henry Vivas y Lázaro Forero, quienes se jubilaron apenas cuatro días antes de las elecciones regionales y desde el pasado viernes se encuentran en la sede diplomática de El Salvador, solicitando asilo político.

Peña, Simonovis, Vivas y Forero, son sólo cinco de los que desde la misma noche de la trágica muerte de Anderson pasaron a ser sospechosos, así lo hizo saber el propio Fiscal General de la República, Julián Isaías Rodríguez. Sin embargo, la lista la componen al menos 400 personas más, de distintos ámbitos y sectores; dar con el culpable, suponiendo que este se encontrara dentro de retahila de imputados, no va a ser tarea fácil, como tampoco va a resultar nada simple acabar con la cultura de la impunidad, que como bien dijera el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Rincón, es la primera enemiga de la democracia, y la sensación de que ella impera en el país, una de las principales causas de la muerte del fiscal Danilo Anderson.