"Hemos declarado a nuestra ciudad en (situación de) emergencia, a fin de que la Alcaldía (de Quito) pueda, de ser posible, prever y evitar, y en todo caso estar presentes para auxiliar a las personas que puedan ser víctimas de cualquier tipo de confrontaciones", indicó su titular, Paco Moncayo.

Es que las protestas que reclaman la dimisión del presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, se extienden por el país y a las marchas que se realizan en Quito, Guayaquil y otras ciudades se añaden convocatorias de movilizaciones en zonas rurales.

Las concentraciones contra Gutiérrez, convocadas por los propios ciudadanos de forma espontánea, cumplen mañana una semana, con creciente adhesión y latente rechazo a la participación de los políticos tradicionales en ellas.

Orbitando en torno a la "Radio la Luna", que ha canalizado sus convocatorias en innumerables llamadas e intervenciones en directo, los ciudadanos no han cesado de proponer originales mecanismos para manifestarse hasta conseguir la renuncia del jefe de Estado, quien, por su lado, no ve razones para tal demanda.

Gutiérrez atribuye las peticiones a que los políticos tradicionales no le perdonan que el país tenga unas cifras macroeconómicas estables y que, supuestamente, haya liberado a la justicia del presunto "secuestro" de la "oligarquía", a la que él identifica con el Partido Social Cristiano (PSC).

Los políticos de oposición rechazan esas aseveraciones y lo culpan por no haber cumplido con sus promesas de campaña: luchar contra la corrupción y gobernar en favor de los más pobres, que representan el 80 por ciento de la población.

Por ello, las manifestaciones ciudadanas que comenzaron en Quito la semana pasada han sido secundadas ya en otras ciudades, aunque no siempre convocadas por los ciudadanos de a pie.

En la ciudad tropical de Guayaquil, centro económico del país, miles de personas salieron a las calles el pasado lunes, liderados por el alcalde Jaime Nebot, del opositor y conservador PSC.

En otras urbes, en especial del sur del país, son aún incipientes las protestas en contra de Gutiérrez, mientras partidarios del régimen han comenzado también a salir a las calles para asegurarse de que el presidente se mantenga en el poder hasta enero de 2007, fecha en que termina su mandato, y no salga ahora, como pide la oposición.

Aunque por asuntos más puntuales, como mejoras en el sistema intercultural bilingüe, Gutiérrez ya comienza a escuchar desde zonas rurales reclamos de indígenas que amenazan con aumentar la tensión desde el interior del país.

Pero la otrora poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) no consigue levantar cabeza, tras haberse aliado con Gutiérrez para ayudarle en la campaña electoral y en los primeros siete meses de Gobierno.

Su estrepitosa salida del actual Gobierno, por decisión unilateral de Gutiérrez, que aprovechó una coyuntura política en 2003 para librarse de su incómodo invitado en el Palacio Presidencial de Carondelet, dejó mal parada a la Conaie.

El "mea culpa" que ha hecho esa organización al admitir públicamente que cometió un "error" al apoyar a Gutiérrez no ha conseguido lavar el desprestigio de cara a la ciudadanía, que ve nuevamente con malos ojos el más reciente tropezón indígena.

Y es que la Conaie ha dado marcha atrás en su anuncio de que esta semana comenzarían movilizaciones con bloqueos de carreteras en todo el país.

"Hay un boicot por parte del Gobierno, que ha convocado entre el 21 y 23 de abril a un congreso paralelo de la Conaie y nos distrae la atención en este asunto, por esto decidimos postergar" las movilizaciones, dijo hoy Santiago de la Cruz, vicepresidente de la Conaie.

De la Cruz recalcó que "el Gobierno quiere evitar que la Conaie salga masivamente a las manifestaciones", por lo que han suspendido las movilizaciones para evitar enfrentamientos con los indígenas que apoyan al Gobierno.

EFE