Seguramente, , la mayoría de los venezolanos nos despertamos hoy sábado nueve de febrero de 2013, pendientes de las medidas cambiarias ejecutadas por el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de planificación y Finanzas, dirigidos por su Presidente Nelson Merentes y el Ministro Jorge Giordani. La moneda venezolana fue devaluada en un 45% (de 4,30 a 6,50) y por supuesto esta decisión va a afectar directamente al pueblo humilde, los que vivimos de un sueldo o salario, ha sido siempre así, pero es incomparable la situación de hoy, con la que se vivió en 1983. Se espera la estabilidad de la economía en Venezuela.
El viernes 18 de febrero de 1983, el gobierno ocultaba la realidad, complacía a los grandes monopolistas de la producción y banqueros para vaciar el capital de la nación y expatriarlos a los Estados Unidos y Europa, la pobreza aumentaba y los beneficios sociales, desaparecían, por la aplicación de políticas neoliberales que le asignaban al mercado la brújula de la economía, en un país atrasado y rentista, dependiente y sin esperanzas de crecer, desarrollarse. “La crónica de una muerte anunciada” se concretó este viernes ocho de febrero, a escasos días de cumplirse treinta años del famoso “viernes negro”, el último del mandato para el Presidente Luis Herrera Campin. En Venezuela, actualmente, se ejecutan acciones de Estado que le dan herramientas a la población para su desarrollo y bienestar, acceso a la educación, créditos a intereses asequibles y fundamentalmente hay un control de cambios para evitar la fuga de divisas que desangró las arcas nacionales en 1983 y unas reservas internacionales saludables.
Las causas de aquella decisión de 1983, se pueden sintetizar en tres elementos fundamentales: la fuga de divisas, el cobro de trece mil millones de dólares por créditos de la banca internacional al gobierno venezolano y la caída de los precios del petróleo, que redujeron sustancialmente las reservas monetarias de Venezuela. Las medidas que se aplicaron, dañaron de manera muy grave los servicios de salud pública, al reducirse casi a cero el presupuesto en ese sector que iba a su privatización, lo mismo pasó en el aspecto educativo, transporte y alimentos. Se aplicó el control de cambios, creando la oficina del Régimen de Cambios diferenciales (RECADI), para adquirir bienes prioritarios en el exterior, manteniendo el precio del dólar para esos renglones a 4,30. Este mecanismo fracasó, se fugaron más de veinte mil millones de dólares del territorio venezolano, se aplicó el tráfico de influencia, produciéndose el desangramiento atroz de la patria.
El gobierno de Jaime Lusinchi, siguió enseñoreandose en los actos de robo y saqueo de capitales a la nación, quedando al final un preso muy famoso: “el chinito de RECADI”. Esa devaluación del bolívar de 4,30 a 7,50 (74%), en el gobierno de Luis Herrera Campin, produce la ola de inestabilidad cambiaria, inflación e hiperinflación, hasta producirse las políticas neoliberales de Carlos Andrés Pérez en 1989 de aumentos de precios en artículos básicos, generando la reacción violenta del pueblo el 27 y 28 de febrero. Hay que recordar, la gran deuda con el FMI (Fondo Monetario Internacional), que abarcó al tercer mundo, pero con mucha fuerza a los países latinoamericanos, teniendo como baluarte a Méjico, país que ante tantas devaluaciones se declaró en quiebra económica y no estaba en posibilidades de saldar su deuda externa.
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