En Venezuela la corrupción escapa al ámbito de la transacción puntual y no organizada de meros actores oportunistas y, peligrosamente, se traslada a mecanismos regulares y organizados de actores desangustiados y desculpabilizados. La corrupción se basa en una serie de transacciones sociales que ocurren entre diferentes ámbitos y actores sociales. A nivel individual, corrompidos y corruptores pueden no tener conciencia de la naturaleza corrupta de sus actos. Depende además de la opinión pública, de las actitudes rígidas o laxas que determinan si un acto es corrupto o no.
El gobierno reconoce y reactiva la lucha contra la corrupción. Al amparo de la Ley Habilitante, se da la reforma de la Ley contra la Corrupción y la creación del Cuerpo Nacional de Lucha contra la corrupción. En lo que parece ser una política integral, el Presidente destaca tres ámbitos: el educativo, cultural, ético y espiritual; el área la institucional-legal y el Cuerpo Nacional contra la Corrupción. Instancia “concebida como la capacidad para descubrir y golpear las muchas formas de corrupción… apuntando a la meta y objetivo de acabar con la impunidad sin fronteras aparentes de colores ideológicos y políticos”.
La oposición cuestiona la legitimidad de la estrategia de regulación y surgen denuncias banales, tales como la “Ley contra la Corrupción fue reformada para justificar la persecución de quienes critican al gobierno”. Gozosos celebran el Índice de percepción de la Corrupción (Transparencia Internacional), que ubica a Venezuela y Paraguay como los países más corruptos de Latinoamérica. La Contralora General (E) rechaza el informe y señala que la organización no tiene autoridad moral para calificar a ningún país.
Los medios reseñan el ultimátum presidencial: “Corruptos temblad porque el Cuerpo Nacional para la corrupción va para la calle a buscarlos donde estén”. Y dos fueron los actores señalados: el detestable “corrupto vestido de rojo simulando ser revolucionario…” y la alborotada “oligarquía venezolana”.
Topa la lucha con una suerte de mercado de la corrupción en el que las redes protegen a los actores involucrados y, además, banalizan e institucionalizan la corrupción. Tropieza la lucha con la ilegalidad banalizada y normalizada.
Ay pena, penita, pena. La corrupción que corre por mis venas.
