Hace un año, la Canciller colombiana, María Ángela Holguín, confesó a la agencia AFP: que “casi, casi, Venezuela está financiando la alimentación en Colombia”. Es “realmente escandaloso”, subrayó. La cita es de una pertinencia inobjetable, porque no se produjo al calor de la actual tormenta diplomática, sino cuando los dos países analizaban el tema en frío y con las fronteras abiertas.
Holguín se refería a un problema de varias décadas: Colombia es la única beneficiaria de la más grave escasez alimentaria que ha sufrido Venezuela en toda su historia, que, de paso, arruina a millares de honestos empresarios y comerciantes de este lado de la frontera. Esa verdad de vieja data, admitida por el propio Gobierno de Santos, fue el planteamiento central del presidente Nicolás Maduro cuando cerró parcialmente la frontera. El argumento todavía no ha sido respondido por Santos, lo cual complica más la solución, porque no es Holguín sino Santos quien tiene la última palabra.
Bachaqueo: ¿Delito o derecho humano?
El equilibrio de la disputa depende de que el denunciado emita señales claras de que está interpretando correctamente al denunciante. Eso no ha ocurrido. “Son seres humanos”, fueron maltratados” y “voy a protegerlos”, son las frases que ilustran la opinión del mandatario vecino. Posiblemente Santos ignora –y si lo sabe, mejor- que más allá de sus compatriotas deportados, está representando los derechos humanos de más de 5 millones de sus nacionales que viven en nuestro territorio, en su inmensa mayoría indocumentados.
Es obligante recordar que en todos los países del mundo –Colombia incluida- la inmigración es un delito. De hecho, en 2014 Estados Unidos deportó más de 300.000 inmigrantes ilegales, de los cuales 1.181 eran colombianos, a los que –por cierto- Santos no defendió con el ardor demostrado hacia los recientes expulsados por Venezuela. Es cuestión de medir proporciones. Si nuestro país llegara a hacer lo mismo, solo con los colombianos indocumentados, Santos enfrentaría una emergencia humanitaria de dimensiones mucho más trágicas que la que dice tener con los 1.118 que Venezuela deportó en agosto, de los cuales mucho más de la mitad no solo son indocumentados, sino que están involucrados directa o indirectamente en el “bachaqueo”.
Podemos entender que buena parte de los deportados son simplemente peones de las mafias del contrabando, personas de extracción humilde que han convertido su participación o complicidad con el bachaqueo en un medio de vida. Eso no deja de ser lamentable, pero está muy lejos de justificar que Santos defienda solo los derechos humanos de sus compatriotas y no los de millares de ancianos, madres embarazadas y discapacitados nuestros, que hacen colas de cuatro, cinco, 12 y hasta 20 horas, para comprar los alimentos antes que los bachaqueros los trasladen a la frontera común. Los derechos humanos –no nos cansaremos de decirlo- son aplicables a la integridad moral y física de los delincuentes, pero no al delito como tal. Y si el delito es respaldado por el Gobierno, éste también delinque por omisión o por comisión.
Sinceridad fronteriza
¿Está claro Santos en lo que puede hacer para evitar que esto siga ocurriendo? Los hechos no abonan mucho a su favor. El Vicepresidente Arreaza mencionó –sin detallar- una grave denuncia que hicimos hace varios días en Ciudad CCS y en nuestra cuenta tuiter: en marzo pasado el jefe de Estado neogranadino promulgó una ley para combatir el contrabando de gasolina a gran escala, que establece drásticas penas de cárcel a quienes ingresen ilegalmente cantidades superiores a los 74 litros. Santos fue explícito: “hay que ser muy claros –y así lo repetimos una y otra vez–: esta ley no es contra los pequeños comerciantes”. Según las autoridades civiles y militares de la frontera vecina, no constituyen delito los millones de litros de gasolina venezolana que diariamente son fraccionados por debajo de los 74 litros, para trasladarlos a pie, en motocicletas, bicicletas, vehículos privados, taxis y autobuses de pasajeros hacia Colombia.
Los lectores estarán de acuerdo en que esta ley deja vivos –por no decir que legaliza– a los bachaqueros, que se llevan más de 100 mil barriles diarios de petróleo venezolano (básicamente en gasolina, gasoil y destilados) y causan pérdidas anuales por más de 10 mil millones de dólares anuales entre combustibles y alimentos, según cifras de Pdvsa.
Sabe Santos que desde hace más de 15 años, ambos países vienen discutiendo el tema sin que haya surgido una iniciativa eficaz por parte de Colombia. Holguín reconoce que varios decretos y resoluciones emitidas entre 2006 y 2007 pudieran estar favoreciendo el contrabando, pero no es ella quien tiene la última palabra. Más que señales de comprensión, Santos está obligado a despejar dudas y ofrecer respuestas. Por lo menos en principio, sobran elementos para que se siente a debatir con franqueza, como ha propuesto su homólogo Nicolás Maduro.