El portal aporrea.org me ha publicado dos pequeños artículos. El primero : “Precios ¿Justos? o ¿qué?” y el segundo: “Pobres por siempre…”. Para mi grata sorpresa han sido leídos por más de tres mil personas. He recibido muchos comentarios buenos con aportes interesantes. No puedo menos que agradecer a los lectores y a aporrea.org su gentileza. A continuación coloco los links de los dos artículos anteriores y pasamos a lo que nos ocupa hoy.
http://www.aporrea.org/actualidad/a217351.html
http://www.aporrea.org/actualidad/a217933.html
Una pregunta que muchas veces no nos hacemos es acerca del costo de la legalidad.
¿Es que la legalidad cuesta?¿Cuánto cuesta?¿Cómo se puede determinar?¿Es igual para todos este costo?
Asumimos que las leyes deben hacerse para el progreso social; para la mejora de la calidad de vida y de las relaciones entre las personas (naturales o jurídicas) que conviven en una sociedad. Normalmente no pensamos en el costo de estas leyes para esa sociedad y los individuos que la conforman.
¿Cuesta la legalidad?
Las normas se producen competitivamente. El tener normas compite con no tenerlas. Se supone que una norma produce beneficios sociales; pero también tiene costos. Uno de ellos es el “costo de oportunidad” de la no existencia de la norma. Así, podríamos comparar los beneficios de imponer la norma contra los costos y revisar el saldo.
Por ejemplo, si imponemos un peaje en una autopista, tenemos que ver cuanto cuesta la recaudación, los equipos, los salarios de los administradores, las ventajas y desventajas de la restricción de uso que impone el peaje.
La ley, además de los costos “nominales” para los sujetos de aplicación, (por ejemplo, pagar cierto impuesto) tiene otros costos; como son el costo de la información y el tiempo necesario para cumplirla, las formas, empleados y mecanismos necesarios para que todos cumplamos la ley.
Cada ley lleva “pegado” un costo. Cuando se hace la ley debe tomarse muy en cuenta este costo. Las leyes impositivas (fiscales y para-fiscales) múltiples y complejas que hay en nuestro país tienen altos costos para las empresas, encareciendo los productos que ellas expenden. Esto perjudica más a los consumidores de esos productos –es decir, a la sociedad que se pretende proteger–que una simplificación de esos impuestos aunque el monto “nominal” de los mismos sea igual.
El cierre temporal de una empresa por “cuestiones formales”, como hemos visto muchas veces en los cartelones de cierre, representa un costo para el Gobierno –y por supuesto para la empresa–al no percibir impuestos por el tiempo de cierre. También, al tener que pagar funcionarios para hacer esos cierres, administrarlos y levantarlos. Sin incluir las múltiples posibilidades de corruptelas asociadas.
Otro ejemplo de normas de alto costo ha sido el control de cambio. Se han empleado equipos costosos, sistemas, cantidad de profesionales, edificaciones dedicadas, etc. Se ha imposibilitado a pequeñas empresas el acceso a las divisas pues no pueden pagar el tren de personal que se necesita para obtener los requisitos que exige el ente regulador. Además, según han denunciado muchos, ha habido gran fuga de divisas,-que era lo que se pretendía controlar- y esas divisas fueron prácticamente regaladas; cosa que no hubiese ocurrido sin ese control. No se ha logrado detener la inflación con el anclaje cambiario y es posible que algunos funcionarios estén implicados en manejos dolosos. Estas normas han representado un altísimo costo para todos los venezolanos. Además de los costos obvios, están los “costos de oportunidad”. Ha reducido la oferta –y la competencia- de productos al permitir solamente a los oligopolios, formados por grandes empresas, obtener las divisas baratas.
¿Es igual para todos el costo de la legalidad?
Definitivamente NO. El costo de la legalidad es mayor para los más pobres.
Una multa de tránsito de Bs. 1000 no le cuesta pagarla igual al que gana Bs. 25.000 que al que gana Bs. 100.000.
Cuando se aprueba una nueva ley impositiva, las grandes empresas tienen posibilidades de contratar abogados y contadores y resolver el asunto. Las pequeñas no pueden o les cuesta mucho más. Además de que muchas veces esas normas están escritas de tal forma que no son claras. Tanto así , que hasta las grandes empresas son sancionadas por errores “formales” teniendo profesionales expertos en impuestos en su nómina.
Los buhoneros y el “comercio informal” (es decir, ilegal) existen porque las barreras legales para entrar en el mercado formal –y para mantenerse en él- son altas. Los registros, permisos, nóminas, etc. Además, perciben que cumplir la ley es más costoso que no cumplirla y socialmente es necesaria esa informalidad por muchas razones (empleo y otros servicios que son provistos de esa manera). Pero no pensemos que a los informales no les cuesta nada esa informalidad. La desprotección por falta de seguros, la falta acceso al crédito bancario y la caída en manos de usureros, la falta de registro de sus propiedades, el hecho de que puedan ser fácilmente “matraqueados” por funcionarios corruptos. Los informales son, en general, personas marginadas por un sistema legal ineficiente y muy costoso.
¿Qué hacer?
Como hemos visto, las leyes tienen entonces un costo. Si el costo de esa legalidad es impagable para las mayorías, existe el peligro de que las leyes no sean respetadas; pues no pueden ser cumplidas. Se conviertan entonces en ilegítimas. Esto podría conducir hasta a un irrespeto generalizado de otras leyes y finalmente a una crisis de gobernabilidad.
Ahora que tendremos una nueva Asamblea Nacional, me permito humildemente, recomendar a los nuevos legisladores que sean cuidadosos en las propuestas y aprobación de las leyes. Que consideren los beneficios de las normas. Pero que no dejen de tomar en cuenta el costo social e individual del cumplimiento de esas normas en tiempo, información y dinero. En este sentido creo que “poco; pero bueno y bien pensado” es mejor que “mucho”. Es de importancia CAPITAL.
cj6p@hotmail.com
