En medio de la incertidumbre social y política que arropa el país, el Presidente de la República anunció la guerra contra los enchufados a quienes definió como “corruptos, degenerados que se han aprovechado del poder que le ha dado la revolución o el pueblo para beneficiarse en lo personal; por eso esa batalla no la abandono, estoy comprometido en la lucha contra esos infiltrados, contra la corrupción tenga el color que tenga, esté donde esté”. No señaló nombres, pero dejo claro su intención de desmarcarse de un grupo de su propio gobierno que es reconocido como la casta de los enchufados.

El anuncio del Presidente de la República, Nicolás Maduro, sorprendió a buena parte del país que recibió el mensaje con cierto escepticismo porque ha perdido la confianza en las instituciones y entiende que una tarea de esta magnitud requiere la transformación profunda de la estructura burocrática hasta imponer un poder político fundamentado en nuevos valores democráticos que le devuelvan la confianza a los ciudadanos. 

Los enchufados se han convertido en una sólida casta social por la indescriptible cantidad de privilegios y prebendas que exhiben con absoluto descaro. No tienen compromiso político e ideológico. Se disfrazan de revolucionarios. No invierten ni arriesgan capital, pero utilizan todos los vericuetos de la corrupción administrativa para acumular riqueza. Se desempeñan como funcionarios y construyen relaciones con contratistas, empresarios y testaferros. Extienden sus privilegios a familiares creando una red de nepotismo y corrupción que ha invadido las instituciones públicas. Su comportamiento ante la sociedad, con su descarada ostentación y dispendio, los ha convertido en una particular casta social en el sentido más amplio de la acepción.  

Los enchufados han construido un tejido burocrático que puede deslegitimar las acciones y políticas del Estado porque se asocia su papel con la corrupción y el despilfarro de recursos públicos. Al deslegitimar el papel del Estado se debilitan las instituciones públicas, las políticas sociales pierden fuerza, aumenta la pobreza y la desigualdad social disminuyendo las posibilidades de un desarrollo económico sostenido. 

En definitiva, la trama de los enchufados afecta, considerablemente, la eficiencia del Estado y las políticas institucionales. Constiuyen un problema de orden político que impacta la sociedad y adquiere una dimensión ética y social.  Sus ramificaciones y poder económico los convierten en un factor clave para la conspiración económica.

Los recientes hechos de corrupción en el país, han demostrado que la lucha contra los enchufados solo tendrá un impacto social y político estableciendo severas sanciones penales combinadas con una transformación total del Estado que permita desarrollar una nueva ética de la función pública y abrir cauce a la participación de los ciudadanos como conciencia vigilante de cualquier proceso de cambio y transformación social.

En Guayana, la lucha contra los enchufados como estandarte de la corrupción se ha convertido en una demanda social. Necesitamos recuperar la dirección técnica y administrativa tanto de las Empresas Básicas como de la CVG y el Gobierno Regional. Aquí la lucha contra la corrupción es inherente a los trabajadores y la recuperación del aparato productivo también. Para recuperar la capacidad productiva de las empresas de Guayana es imperativo ganar la batalla contra los enchufados…desenchufar la corrupción.