Es hora de que cada funcionario legalmente responsable de velar por la seguridad pública o perseguir a los delincuentes asuma su responsabilidad y, sobre todo, que la ciudadanía conozca cuál es el rol que cada uno de ellos debe desempeñar con el fin de exigir eficiencia y pasar facturas en las elecciones correspondientes.
Comenzaremos por los organismos de seguridad. Los hay militares y civiles, nacionales, regionales y municipales. Unos dependen del Poder Ejecutivo, otros del Judicial y otros del Poder Moral.
Entre los militares destaca la Guardia Nacional Bolivariana, que cumple múltiples funciones en sitios estratégicos: puertos, aeropuertos, costas, aguas territoriales, guardería ambiental y algunas labores de orden público. La GNB está tan desprestigiada como los demás organismos. Es un secreto a voces que muchos de ellos son matraqueros y basta con ver el estilo de vida que tienen algunos guardias cuyos sueldos no dan para pagar ciertos lujos que exhiben con total descaro. No todos son deshonestos, pero las secuelas de las trácalas del general Pedro Celestino Pérez han sido nefastas para la imagen de la institución, al menos en la Isla.
La Disip depende del ministerio del PP para Interior y Justicia. En momentos de tensiones internacionales sus funciones son más de inteligencia que propiamente policiales, por ello no los culpamos directamente del desborde hamponil, aunque tienen su cuota. En cambio el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, antigua PTJ, tiene plena responsabilidad en el asunto, pues constituye el único o principal órgano de policía represiva, incapaz de copar con la oleada delictiva. Cuando les da la gana, sobre todo cuando matan o hieren a uno de los suyos o a un chivo pesado, los culpables aparecen en un santiamén y a veces son liquidados a la misma velocidad para no perder tiempo en juicios.
En Nueva Esparta la principal responsabilidad en materia de policía preventiva la tiene el gobernador del estado, Morel Rodríguez. Éste ha demostrado plenamente que, o no sabe un pepino sobre el asunto o no le interesa para nada. Algunos dicen que más bien sabe demasiado y por ello no actúa, para no perjudicar a sus compinches. El caso es que la Policía Neoespartana o Inepol es el principal organismo delictivo de la región, amparando a los principales traficantes de drogas y cobradores de peaje. No creo que el gobernador sea tan bruto como para recibir una tajada, pues ya sus otros negocios le rinden pingües beneficios.
Mientras Inepol siga así la delincuencia imperará en la Isla.
El estado tiene 11 alcaldías. Cada una, en teoría, tiene derecho a nombrar sus propios policías, lo cual multiplica la matraca o la subdivide por municipios. En sitios como la Península de Macanao y la isla de Coche sería fácil controlar a los malandros locales, pero por lo visto no existe la voluntad para hacerlo.
Polimariño va por el mismo camino de Inepol y así mismo los cuerpos correspondientes a otros municipios que han estrenado sus propios gendarmes.
En cuanto a conducta de la Fiscalía del Ministerio Público y los jueces penales no tengo información detallada, pero la imagen pública que tienen es la de inútiles o, peor aún, cooperadores con los delincuentes, que tardan más en caer presos que en ser liberados.
Así no mejora el enfermo.
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