Junio 20 de 2016.-Gustavo Márquez, ex embajador de Venezuela en Colombia, opinó acerca de la situación que acarrearía al territorio nacional, la explotación del Arco Minero del Orinoco, por eso se presentó como accionador de la entrega del documento que pide la nulidad del decreto 2248, ante el TSJ:
"Venimos aquí a solicitar la nulidad del decreto del Arco minero, porque es inconstitucional, porque además de producir la destrucción del patrimonio nacional de la nación que representa el Macizo Guayanés y los ecosistemas que allí están, que son las fuentes de la vida, del agua, de la biodiversidad, que son el patrimonio no solo de esta generación, sino de las que vienen y que valen mucho más que el petróleo y del oro...
En el esquema de ese decreto se está entregando la soberanía del país al establecer más de ...150 empresas de 35 países en un territorio que es el 12 por ciento del territorio nacional y que van a desarrollar enclaves en un espacio que está disputado con paramilitares, con bandas criminales y eso va a generar una dinámica allí de pérdida del territorio nacional...
Algo que es realmente un exabrupto y es el que se ha decretado allá un estado de excepción indefinido en el cual se suspenden los derechos y garantías constitucionales dentro de las cuales está, concretamente pues, el derecho de los pueblos indígenas y la ley misma ha quedado suspendida, igualmente en el caso de la ley del trabajo y de las leyes ambientales.
Todo eso se ...supedita a un órgano ejecutivo que se crea allí, una especie de autoridad única, que está por encima, prácticamente, de los despachos ministeriales y tiene total discrecionalidad para legislar para establecer procedimientos en el plano económico también, por ejemplo, allí va a regir un sistema, digamos, aduanero, arancelario, económico diferente, ellos van a tener la facultad de exonerar impuestos sobre la renta, del IVA, incluso, de establecer un sistema aduanal en el que se diluye el código arancelario para establecer paquetes alrededor de un solo arancel y establecer importaciones, a fin de burlar si se quiere lo que constituye la legislación nacional.
Los pueblos indígenas, los trabajadores mineros, los que allí habiten, ni los venezolanos en general que queramos protestar por esta violación de la soberanía nacional, por esta entrega de la soberanía nacional, no lo vamos a poder hacer o en todo caso si lo hacemos, corremos el riesgo de ser acusados de criminales porque estamos contra el interés general, así definido en el Decreto...
Estamos frente a realmente un adefesio que esperamos nosotros que este Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie, en sus manos está la vuelta a la legalidad, definitivamente, no se puede tolerar y esto no es un un problema sólo ecológico, no es un problema de los ambientalistas, es un problema de todos los venezolanos, porque aquí nos estamos jugando la vida y la soberanía nacional".