Redacción La Tabla
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, designado por la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 5 de agosto, ha dado un auténtico “golpe de timón” sin precedentes en el Ministerio Público de Venezuela en apenas ocho semanas como su máxima autoridad, opacando décadas de inacción de sus antecesores.
Con acciones muy precisas y eficaces ha delineado como sería el nuevo Ministerio Público, que en medio de una gran sorpresa e incredulidad en vastos sectores nacionales, ha logrado destacar en una lucha frontal contra la corrupción y la defensa irrestricta de los derechos humanos.
Tales ejes temáticos han causado desconcierto entre las audiencias más burocráticas del chavismo y ha desarmado (ha dejado sin argumentos) a una oposición que viene desarrollando su ataque al proceso bolivariano sobre la premisa (objetivamente falsa) de un Estado forajido.
Saab asume las riendas de la Fiscalía tras la destitución producto de un antejuicio de mérito de Luisa Ortega Díaz, quien encabezó una dura campaña para deslegitimar las instituciones fundamentales del Estado y promover una salida violenta en Venezuela. Entre las líneas de su actuación destacaron los señalamientos sobre la corrupción de funcionarios del Estado y las supuestas violaciones a los DDHH en medio del conflicto bélico promovido por los partidos de oposición con mayor virulencia a partir de abril.
Este conflicto fue declarado formalmente por la exfiscal cuando el 31 de marzo se pronunció contra dos sentencias de la Sala Constitucional del TSJ.
El violento plan desarrollado por la oposición apuntó desde el primer momento a posicionar la percepción global de que Venezuela estaba sometida por una brutal dictadura que no dudada en violentar los derechos elementales de manifestantes pacíficos.
Mientras que en el caso de los señalamientos sobre defraudaciones al erario público fue evidente la manipgenerado por el caso Odebrecht, devenido en cruzada de la derecha continental como mecanismo ideal para liquidar moralmente los procesos progresistas en América Latina durante las últimas dos décadas.
En ese contexto el abordaje de la agenda sobre corrupción implicaba cruzar el abismo en una cuerda floja. Mientras la derecha lo esgrimía como principal arma para el “asesinato moral”, los sectores de izquierda evadían el tema o lo encasillaban como una mera acción maliciosa de los factores de la oposición a los experimentos progresistas.
Sin embargo el nuevo Fiscal General no sólo no evadió el tema sino que avanzó en lo que ha terminado por definirse como una auténtica cruzada anticorrupción que ha demostrado que el principal mecanismo que preservó un alto grado de impunidad fue la inacción y complicidad de la larga gestión de casi 15 años de Ortega ante el órgano jurisdiccional.
Pero además la acción del actual Ministerio Público se ha ganado el abierto respaldo del Presidente de la República Nicolas Maduro y la colaboración efectiva de otros poderes públicos como el Judicial, encabezado por el Presidente del TSJ y la propia Asamblea Nacional Constituyente, a donde Saab ha rendido cuenta de sus actuaciones en dos oportunidades…
El proceso ha dejado públicamente desconcertados a los sectores de oposición que ven como pierden definitivamente una de sus principales banderas ( usada de forma vacua y propagandística) mientras que el chavismo de base siente (y así lo expresa en las redes sociales y asambleas) que ya no tiene que cargar con acusaciones indebidas provocadas por actuaciones individuales y/o grupales, cuyos responsables deben ser sancionados ejemplarmente.
Pero además Tarek William Saab ha devuelto a la Fiscalía un rol más activo en la defensa real de los Derechos Humanos. Ya no al servicio de intereses partidistas (como ocurrió entre abril y julio), sino como garantía universal para todos los ciudadanos. Incluso en casos donde ha debido exponer posturas a contrapelo de las actuaciones institucionales o de visiones de sectores del chavismo mas radical. Eso ha ocurrido, por ejemplo en dos sucesos simbólicos: en el caso del asesinato del joven David Vallenilla en La Carlota, y en el de los estudiantes de la UPEL-Maracay. En el primero el MP logró que el proceso se entregara a la jurisdicción penal ordinaria y se privara de libertad con máxima pena al efectivo militar que disparó, mientras que en el segundo gestionó el otorgamiento de una medida de libertad condicional para los jóvenes no incursos en hechos punibles o violentos.
Los principales hitos y las claves de la nueva ruta del Ministerio Público venezolano, podrían resumirse en estos puntos:
1. Extorsión, C.A.: El principal y primer gran hallazgo anunciado fue la existencia de una red o estructura extorsiva en el seno de la propia dirección del MP, dirigida a obtener beneficios económicos a cambio de obstruir o desviar investigaciones penales. Muchas de esas actuaciones irregulares se orientaron a proteger a grupos y personas involucradas en casos de corrupción contra la administración pública. Asimismo empresas que tramitaron y obtuvieron divisas preferenciales en forma irregular ante Cadivi y Cencoex, lo que se evidenció en que la inmensa mayoría de acusados (más del 80 por ciento) son particulares y no personas jurídicas. También se considera que la reducción de acusaciones en materia de drogas está relacionado con acciones donde se “negociaron” las actuaciones procesales. Pero también en ese proceso, muchas personas inocentes pudieron haber sido víctimas del abuso de poder por parte de funcionarios y fiscales. Sólo en el primer mes las nuevas autoridades debieron procesar a cerca de una decena de funcionarios por actos de este tipo. La trama de extorsión involucra directamente a los más altos cargos destituidos, pues se ha verificado la existencia de nexos de amistad y de negocios con el abogado José Rafael Parra Saluzzo, un cotizado penalista que se hizo cargo de los principales casos de corrupción que han sido divulgados.
2. Desfalco en la Faja del Orinoco: Sin duda el más impactante de los casos de corrupción abordados y presentados por el MP es el desfalco contra PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco, a través de contratos con sobreprecio durante el período 2010-2016. Se trata de una investigación que involucra a más de 41 mil contrataciones en divisas por un monto global que supera los 35 mil millones de dólares. Hasta ahora, con una primera pesquisa, se ha determinado la existencia de precios sobreestimados de más del 200 por ciento y un daño patrimonial de al menos 200 millones de dólares en una muestra de 12 contratos otorgados a 10 compañías. El proceso tiene como resultado hasta ahora allanamientos en las sedes de las empresas, incautación de bienes y activos, y la captura y enjuiciamiento de uno de los directivos de una de las firmas involucradas.
3. Petrosabotaje en Zulia: Las acciones y anuncios sobre la investigación en la Faja tuvieron un efecto catalizador para impulsar una denuncia sobre sabotaje a las operaciones de la empresa mixta Petrozamora (alianza de PDVSA con el grupo ruso Gazprom), que extrae crudo en la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia. Los hechos de sabotaje se habían prolongado por más de dos años y eran provocados por la propia gerencia de la División Occidente de PDVSA, y su objetivo era obligar a los socios rusos a adquirir insumos y materiales a empresas auspiciadas por estos funcionarios. Asimismo las pesquisas iniciales, a cargo de la DGCIM (Contrainteligencia), señalan que los gerentes podrían haber sido impulsados a tales acciones (incluidos cortes del suministro de gas y robo de componentes eléctricos) por agencias estadounidenses como parte de las acciones de la guerra no-convencional contra Venezuela. Nueve gerentes, incluyendo el director de la División Occidente, se encuentran privados de libertad y procesados por este caso.
4. Dólares Cadivi y Cencoex: El fraude de origen cambiario, a partir del otorgamiento y disposición de divisas para importaciones por parte del Cadivi y Cencoex (a partir de 2014) es la principal y más conocida fuente de distorsiones de la economía venezolana. Nunca, en todos los años de control cambiario, el Ministerio Público emprendió una acción sistemática y ordenada contra estas prácticas orientadas a que empresas de distinto tamaño y magnitud se apoderaran de grandes cantidades de divisas por medio de prácticas comerciales delictivas como la sobrefacturación y las importaciones ficticias. En estas últimas semanas la Fiscalía ha ofrecido datos, cifras y detalles sobre estos delitos y ha aprehendido a empresarios involucrados e incautado sus bienes.
5. Los sobornos de Odebrecht: El caso de los sobornos que la Constructora Norberto Odebrecht reveló haber pagado en diversos países para obtener contratos de infraestructura es la principal y casi universal trama de corrupción que ha esgrimido la derecha latinoamericana para atacar a los gobiernos progresistas de América Latina. Venezuela no ha sido la excepción y la sola mención de la compañía de origen brasileño se ha intentado relacionar con importantes funcionarios del gobierno. De hecho, la propia exfiscal Ortega ha atribuido su destitución a un supuesto intento del gobierno venezolano de impedir la investigación. Sin embargo, al contrario, el nuevo Fiscal General ha encontrado que quien intentó frenar la investigación fue la gestión que encabezó su predecesora. El MP ha determinado la existencia de una relación amistosa entre Ortega y el abogado José Rafael Parra Saluzzo, quien fue contratado por Odebrecht para manejar la causa penal y por lo que contrato casi 8 millones de dólares de los cuales cobro mas de 3 millones de dólares entre febrero y junio. El actual Fiscal General, al contrario de lo asegurado por su antecesora, ya ha anunciado la JUDICIALIZACION de la investigación pues dicha causa no era conocida hasta la fecha por ningún tribunal Su objetivo es establecer con claridad quienes (sean o no funcionarios del Estado) recibieron pagos de los brasileños para gestionar las contrataciones. Ante el impulso de la causa los representantes de Odebrecht en Venezuela le han comunicado su disposición a aportar información que permita determinar las responsabilidades. Todo indica que en las próximas semanas el país podrá saber quiénes, independientemente de su posición política, cobraron los sobornos, que según la compañía están en el orden de los 98 millones de dólares.
6. Saab también anunció sendas investigaciones relacionadas con las revelaciones de los Papeles de Panamá y del llamado “caso Andorra”, relacionado con el desvío de más de 1 mil millones de euros a través de la Banca Privada de Andorra (BPA). Ambos son procesos delictivos en los que se menciona a importantes ex funcionarios o empresarios de Venezuela y que hasta ahora han sido públicamente ignorados o sólo usados como elementos de confrontación política. Asimismo de estas investigaciones se pueden derivar causas relacionadas con evasión fiscal y legitimación de capitales, entre otras
7. Las revelaciones del Fiscal han permitido comprobar que la impunidad en esta materia es percibida con una muy alta sensibilidad por la gente, y especialmente por el chavismo de base. Hay una precisa conciencia del daño causado por estas prácticas a la economía nacional y le atribuyen una muy importante cuota de responsabilidad en la situación de escasez y especulación que se experimenta cotidianamente desde el año 2014. Asimismo las acciones de Saab son consideradas en las redes sociales por los activistas digitales chavistas y por los dirigentes populares; como una oportunidad de “salvar la Revolución” o como “una luz al final del túnel”. Confían en el compromiso público de “llegar hasta el fondo” “caiga quien caiga” y expresan sus preocupaciones por la posibilidad de un ataque violento o magnicida contra Saab.
8. Por otro lado los resultados presentados comprueban que la corrupción ha sido un componente estratégico y medular de la ofensiva de guerra no convencional contra el Gobierno Bolivariano. De eso no hay posibilidad de dudas. Quizás se pueda discutir si se trata de un plan deliberado y diseñado con tal objetivo, o si la propia dinámica comprobó su capacidad para hacer daño supremo. Son abundantes y frecuentes los datos que muestran a los funcionarios vinculados en estos escándalos realizando viajes al extranjero, ( caso emblemático el del Alcalde de Guanta Jonathan Marin ) adquiriendo bienes de alto costo y exhibiendo un tren de vida que es incompatible con sus ingresos. Los ejemplo sobran y son similares al caso del mayor general Hebert García Plaza, quien luego de haber encabezado el llamado Estado Mayor contra la guerra económica, decidió convertirse en fugitivo y ponerse a la orden de la inteligencia estadounidense al verse descubierto en diversos e impactantes hechos de corrupción. Lo habían antecedido los exmagistrados del TSJ Luis Velásquez Alvaray y Eladio Aponte Aponte, el exgobernador de Aragua, Rafael Isea, y algunos exjefes militares, entre otros. Cabe recordar que hace un año el dirigente nacional del PSUV, Diosdado Cabello, advirtió que García Plaza había revelado datos secretos sobre la ubicación de sistemas de defensa de Venezuela y explicó que un agente de inteligencia (de origen venezolano), Marco Rodil, ofrecía colaboración a venezolanos prófugos por corrupción para legalizar su riqueza a cambio de brindar información al gobierno de EEUU.
9. En todo caso es evidente el daño que la corrupción le ha hecho a la economía venezolana al menos en dos áreas fundamentales: el comercio exterior y la producción petrolera. El fraude cambiario, que se concreta a través de la sobrefacturación, los falsos precios de transferencia y las importaciones ficticias, representaron pérdidas para el país que pudieran estimarse por sobre los 300 mil millones de dólares. Mientras que el desfalco asociado a las adquisiciones de equipos, materiales e insumos para el sector petrolero pudiera tener un impacto similar. Pero en este caso con el agravante de una disminución de la capacidad de producción de crudo. Cifras oficiales de PDVSA estimaban en alrededor de de 2 millones de barriles diarios (para 2016) el volumen producido, lo que equivale a casi la mitad de lo que tan cuantiosas inversiones proyectaban para 2018. Pero, adicionalmente, una actividad económica dominada por mafias corruptas y definida por el fraude no puede alentar la formación y desarrollo de un sector empresarial sano y productivo.
10. Por eso la lucha contra la corrupción no sólo es imperativa como parte de los mecanismos de sobrevivencia frente a los ataques del bloque hegemónico, sino que también es indispensable para garantizar la estabilidad política y social al convertirse en un factor unificador. Se trata de una meta colectiva que trasciende las posturas y opiniones partidistas. Usted puede ser chavista y soñar con un país que supere el modelo del capital, o puede ser partidario de una propuesta pro-empresarial, pero ante un entorno corrompido no habrá patria ni mercado donde desarrollar su utopía.
11. Esto supone entonces la necesidad de establecer unos consensos mínimos para garantizar el desarrollo de un programa nacional de investigación, persecución, sanción y erradicación de prácticas corruptas, equivalente a las operaciones globales que se han realizado en países como Italia, entre otros.
