13-01-24.-Un bufete de España (AA Lawyer Abogados Consultores) denunció a un grupo de exdiputados venezolanos ante la Policía Europea (Europol) por desfalco.
Los implicados en la denuncia son José Brito, Adolfo Ramón Superlano, Conrado Pérez, Chaim Bucarán, Luis Parra, José Luis Pirela, Freddy Superlano y Richard Arteaga, quienes son acusados por el impago de honorarios profesionales, la falsificación de documentos y el desfalco de al menos 1.100 millones de euros.
En la denuncia, cuyos fragmentos fueron publicados por el periodista Roberto Deniz, el bufete explica que sus servicios fueron contratados por los exparlamentarios con la finalidad de gestionar actuaciones en el plano internacional para solicitar el levantamiento de sanciones administrativas a las empresas de Lizcano.
"Fuimos contratados bajo el concepto de que el objetivo básico de los servicios era demostrar la legitimidad de las empresas y permitir el reinicio de actividades mercantiles de cada una de ellas", resalta el texto.
Sin embargo, según el bufete, había intenciones subyacentes de legitimar capitales intentando ingresar millones de euros al sistema bancario europeo en perjuicio de Venezuela, pues el Estado era el dueño legítimo de esos fondos.
"Las empresas, los diputados relacionados, las personas presentes, los asesores que viajaron con ellos y los empresarios intentaron utilizar a nuestros abogados para que, bajo engaños, librasen las cuentas bancarias y legitimasen, no solo las empresas, sino también los contratos que celebraron", reza el documento.
En este sentido, los abogados afirman que el objetivo del grupo de exparlamentarios nunca fue recuperar el acceso y disposición de los fondos retenidos en cuentas bloqueadas en el exterior para reiniciar el programa de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), sino para la apropiación de fondos esos.
"Engañaron a las autoridades, a nuestro escritorio jurídico ya la prensa con la que se comunicaban con frecuencia", acotan.
En consecuencia de todo el entramado que intentó poner en marcha el grupo de exdiputados, se acabó violando la relación profesional entre las partes.
Los €1.100 millones desfalcados habrían sido introducidos a bancos fuera de Venezuela, la mayoría en distintos bancos de Europa.
En paralelo, y mientras que el bufete español activa sus gestiones ante la Europol, dos de los exdiputados salpicados hacen lo propio contra Carlos Lizcano, a quien originalmente defendían.
Mediante una denuncia introducida ante el Ministerio Público (MP) el pasado 5 de enero, Conrado Pérez y Richard Arteaga acusaron a Lizcano de falsificar documentos, un engaño que habría motivado el accionar de los entonces miembros de la Comisión de Contraloría de la AN-2015. .
La denuncia solicita medidas cautelares que incluyan el bloqueo de cuentas bancarias, la incautación de bienes e inmuebles y la prohibición de enajenar y gravar bienes e inmuebles.
