11-07-24.- El pasado 12 de abril, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) irrumpieron en la vivienda del abogado Humberto Arza, en el municipio Cocorote del estado Yaracuy, bajo el alegado de una denuncia formulada por el supuesto delito de incitación al odio. Previamente, el jurista había denunciado a las mafias que operan en el sistema judicial de la entidad.
Arza fue puesto tres días más tarde a la orden del Tribunal de Control 4 de la entidad y no fue hasta entonces que se le permitió conversar con sus abogados de confianza. Desde entonces se encuentra privado de libertad a pesar de que en el allanamiento a su residencia no encontraran pruebas que lo vincularan con el delito por el que fue presentado.
El abogado Fernando Oliveros relató a Tribuna Popular que «posterior a la la audiencia de presentación, se solicitaron las diligencias de investigación que demuestran la inocencia del profesional del derecho y la fiscalía las negó; y, al solicitar al tribunal que le ordenara a la fiscalía, la realización de las diligencias negadas por el Ministerio Público, el tribunal no dio respuesta».
«Otro elemento que se debe mencionar es que se apeló a la decisión de la audiencia de presentación del día 15 de abril pero, hasta la fecha, no se ha obtenido respuesta de la Corte de Apelación de ese circuito judicial penal», agregó Oliveros.
El pasado 27 de junio, se realizó la audiencia preliminar con estos antecedentes de evidentes violaciones a sus derechos constitucionales y se ratificó su detención.
Arza fue en 2021 candidato por la Alternativa Popular Revolucionaria (APR) a la Cámara Municipal de Cocorote.
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) en la entidad no solamente ha exigido su liberación, sino que se abra una investigación sobre las denuncias de corrupción hechas por Arza.
