16 de octubre de 2024.- Un total de 10 funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat fueron detenidos por su presunta vinculación con una estructura criminal que desalojaba apartamentos para venderlos en dólares, según fuentes judiciales.

Las detenciones fueron practicadas durante las últimas horas por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscritos a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, luego de una denuncia de la viceministra Carolina Cestari.

Un primer procedimiento se efectuó en el urbanismo Felipe Antonio Acosta, parroquia Coche, municipio Libertador, torre 17, apartamento 2B, kilómetro 8 de la Panamericana.

En ese urbanismo fueron detenidos Ada Nacary Llovera Castellanos (líder de la comunidad y del comité familiar) así como las funcionarias de MinVivienda Liliana Rojas Franco, Lissette Del Valle Naranjo Bello, Deisy Yasmin Castillo Gaspar y Yesika Arlenis Suárez Moreno.

Estas personas presuntamente solían amedrentar con armas de fuego a residentes del referido urbanismo para obligarlos a desalojar el inmueble, según las investigaciones iniciales.

Posteriormente, el apartamento desalojado era presuntamente adjudicado nuevamente a un nuevo dueño que previamente cancelaba entre 5 y 7 mil dólares, de acuerdo a lo investigado.

En ese caso, mientras Ada Llovera (jefa de comunidad) realizaba los desalojos arbitrarios, bajo amenazas e intimidaciones, simultáneamente las funcionarias de MinVivienda se dedicaban a agilizar y habilitar el trámite para readjudicar los inmuebles.
Cayeron directores de línea

Un segundo procedimiento policial se produjo en la sede de la Inmobiliaria del Gobierno Bolivariano, ubicada en Las Mercedes, municipio Baruta (Miranda).

En ese despacho detuvieron a cinco funcionarios de MinVivienda identificados como Peregrina Alejandrina Amor Morelo (directora de Registro del Viceministerio de Redes Populares); Mary Yoselin Trejo Peñaloza (directora de Adjudicación); Miguel Ángel Tovar Quijada (director de Seguimiento y Control del Viceministerio de Redes Populares); Wilivaldo Manuel Goyo Ramírez (director de la Escuela del Constructor Popular) y Karla Eduviges Sáenz Camacho (analista).

Además de la detención de esas personas, los funcionarios de la PNB entrevistaron a la viceministra para la Gestión Comunal de Hábitat y Vivienda, María Luna, quien informó sobre los resultados parciales de una auditoría practicada al sistema de los adjudicados a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el Distrito Capital.
Algunas de las irregularidades detectadas en la auditoría

8 casos de registros de cédulas incongruentes: cinco presentan sólo dos dígitos y tres con dígitos duplicados.

3.382 cédulas duplicadas en el sistema: 486 casos de doble beneficio en diferentes parroquias, 2.841 casos con doble registro, 53 casos con 3 registros y 2 casos con cuatro registros.

Urbanismos donde no están cargados los registros. Ejemplo, en el urbanismo Ciudad Tiuna, sector Ezequiel Zamora, no existen registros de las torres 21, 13, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 41, 42, 43, y solo dos registros en la torre 44.

Finalmente, en ese mismo despacho de la Inmobiliaria del Gobierno Bolivariano fue detenido Germán Antonio Medina Vargas, acusado de haber desalojado a un beneficiario de la Gran Misión Vivienda Venezuela de su apartamento ubicado en la torre 2, piso 9, Ciudad Tiuna (Los Rusos), parroquia Coche, municipio bolivariano Libertador.

Medina Vargas labora en MinVivienda como analista.

En ese procedimiento incautaron documentos que reflejan la presunta implicación del exviceministro Héctor Bastidas en desalojos de inmuebles para readjudicarlos a quienes cancelaran sumas en dólares.

La Fiscalía 78 en materia de corrupción, a cargo de Antonio Rodríguez, fue notificada de los procedimientos.