Fidel Castro Ruz (1ro de mayo del 2000)
I
La captura y deportación a la Colombia de Santos – Uribe del periodista revolucionario Joaquín Pérez Becerra revela un nuevo y peligroso giro ético del liderazgo de la revolución bolivariana, que desdice esa condición y coloca al gobierno del presidente Chávez en un ejercicio pragmático de la política alejada de los principios éticos y de la moral que deben guiar las acciones de los revolucionarios. Tal actitud condena la propia esencia de la revolución y su continuidad, ya dinamitada por acciones similares en otros campos políticos. Las revoluciones verdaderas deben aferrarse a la defensa de estos principios, como dice Fidel, “… al precio de cualquier sacrificio…”
La sola captura de Joaquín Pérez Becerra nos colocaba ante un importante quiebre ético del liderazgo de la revolución y, fundamentalmente, de los que ejercen responsabilidades de gobierno. La deportación ratifica ese quiebre y nos revela, nuevamente, las carencias en los aspectos más importantes de cualquiera gesta transformadora: la moral y los principios éticos. El carácter humanista al que tanto se recurre queda desprovisto de veracidad y se convierte en otra frase hueca, vacía, demagógica. Argumentar hoy sobre el carácter humanista de la revolución bolivariana debe sonrojar a los muchos militantes revolucionarios que no traicionaron (ni traicionan) los ideales más caros de la humanidad: la lucha frontal contra el capitalismo y de todas sus formas de expresión en nuestras sociedades.
Lo más complejo en un proceso revolucionario es defender los valores en que se cree, y ser congruentes con ellos: actuar en consecuencia, agudiza la complejidad. Cuando el “realismo”, es decir el pragmatismo, se convierte en la norma entonces estamos en un contexto político que recrea lo existente (o lo peor) y no propone salidas revolucionarias a los problemas y retos futuros. La captura y deportación del camarada Joaquín Pérez Becerra constituye una nueva metáfora y otra paradoja de una revolución que no termina de ser, ahogada en las contradicciones y el pragmatismo, que tritura a su base popular y resta argumentos ante la avalancha mediática de la derecha en todo el mundo.
II
Reconocer un liderazgo no supone una carta blanca. La ética y estética del ejercicio de la expresión libre del pueblo y que ésta tenga acogida (Que el poder constituido escuche), debe ser el elemento primario en la construcción dialéctica de la política en tiempos de revolución. El mismo comandante Chávez habla de la crítica y de autocrítica como condición necesaria en el mejoramiento de las políticas revolucionarias, pero las últimas experiencias indican que ésta de poco sirve. Igual el poder constituido sigue su rumbo de ideas prefijadas o condicionadas por la derecha; la categoría de pueblo participativo y protagónico pasa a constituirse en un mero recurso retórico enarbolado en según qué coyuntura.
La infame captura, secuestro y posterior deportación a la Colombia de Santos – Uribe del camarada Joaquín Pérez Becerra por las autoridades venezolanas, produce en las bases revolucionarias bolivarianas una profunda consternación de la cual, pienso, aún no se recupera. La acción contribuye a la fragmentación de las fuerzas revolucionarias, al desaliento.
El fondo y las formas también hacen referencia a los valores que sustentan una propuesta política revolucionaria. La actuación artera y con nocturnidad del gobierno venezolano demuestra una práctica alejada de todo compromiso ético – revolucionario, y deja a las instituciones del Estado, que pretenden ser “emergentes”, en franca y evidente fragilidad e inoperancia, o lo que es peor, las convierten en tristes caricaturas de la derecha enquistada en las estructuras del Estado que pretende ser diferente.
A la detención ilegal sobrevino el aislamiento, el secuestro: no se permitió ni siquiera a sus abogados conversar con el camarada, pese a que fueron acompañados por unos diputados revolucionarios (Según declaración a la Radio del Sur de uno de los abogados del camarada). La deportación fue expedita. Ni la Defensoría del Pueblo, ni la Fiscalía, dijo esa boca es mía, la mejor respuesta fue el silencio cómplice y cobarde, en un procedimiento de deportación express, sin atenerse a la solicitud de los abogados, ni atender a la presunción de inocencia contenida en nuestro marco jurídico. Nada de eso: todo lo resolvieron de un plumazo los “amigos del alma”, Santos – Chávez. Mal asunto.
La actuación de los medios públicos: patética. Al principio miraron para otro lado; ante la evidencia y la reacción popular dosificada en los medios, no tuvieron más alternativa que escurrir breves notas descriptivas sobre la tropelía. De lo que he podido apreciar hasta ahora, solo el historiador Vladimir Acosta en su espacio de Radio Nacional de Venezuela, “De primera mano”, la periodista Cristina González, Ernesto Villegas en Ciudad Caracas y los chicos de la Radio del Sur hicieron referencia crítica al hecho, denunciando contundentemente el atropello. La generalidad fue la omisión, incluso algunos llegaron a la impresentable justificación del asunto.
Lo demás ha sido vergonzosamente acrítico, complaciente e insolidario, todo ello impropio de unos medios que pretenden ser alternativa a la canalla mediática que pueblan el espectro radioeléctrico.
III
Canjear a un revolucionario por un asesino y narcotraficante como lo es el tal Walid Makle nos ubica en la verdadera tesitura de la cuestión ¿Qué información privilegiada debe manejar este bandido que con tanta diligencia y esfuerzo el gobierno del presidente Chávez ha buscado su repatriación a Venezuela? El tiempo nos aportará luces. Porque no cabe dudas que la captura y deportación ilegales del camarada Joaquín Pérez Becerra se inscribe en este nuevo matrimonio Santos – Chávez, luego del fallido maridaje con el “defenestrado” Barito. El asunto coloca bajo sospecha a toda la dirigencia política de la Revolución Bolivariana (hasta que alguien diga lo contrario y explique detalladamente el caso al pueblo revolucionario) y convierte al gobierno de Venezuela en uno de los más diligentes y consecuentes colaboradores en la tesis de la “Lucha contra el terrorismo”, ideada por los neocons de George W. Bush y seguida al pie de la letra por el incoloro Obama. La oligarquía colombiana se frota las manos. El comandante en su laberinto.
Esta doctrina condena a todos los revolucionarios que combaten al imperio y los reduce a la condición de meros delincuentes. Como alguien en su desazón, escribió con sarcasmo en estos días a raíz de este hecho: “si el Che hubiese llegado a Venezuela en tiempos de Chávez, éste lo deportaba a los Estados Unidos”. Venezuela entonces, según los hechos, se convierte en territorio inseguro para los que nos oponemos realmente al imperio, a sus prácticas depredadoras y a sus marionetas. Pese a ello, seguimos rodilla en tierra y no precisamente rezando.