Se sabe que la lucha independentista de principios del siglo XIX no triunfó de un solo golpe. Que hubo avances y retrocesos. Le tocó al propio Simón Bolívar vivir intensamente las peripecias de esos momentos y una y otra vez tuvo que acudir al exilio para escapar al odio realista que buscaba castigarlo por su compromiso con la causa de una Patria Grande, libre de toda dominación.

Acaso el más sugestivo y conmovedor de esos exilios es el que el Libertador realiza en Haití, ya liberada del dominio colonial francés merced a una terrible guerra de liberación en la que vencieron –nada menos- al que era hasta entonces el invencible Ejercito Napoleónico. Hasta llegar a Haití, Bolívar no había levantado la consigna del fin del esclavismo y fue el jefe haitiano Alejandro Pétion quien le da armas y pertrechos al tiempo que lo convence de que solo sumando la lucha por la igualdad social podrá tener futuro el sueño libertador.



El asilo político ha sido una tradición en todos los países de América Latina y los argentinos sabemos de que unitarios y federales, antirosistas y rosistas, liberales e izquierdistas que enfrentaban a Perón y peronistas que enfrentaban a los gobiernos que siguieron al Golpe de 1955 gozaron de ese beneficio en Chile, Uruguay, Paraguay y otros países de la región.

Pero fue en el periodo del Terrorismo de Estado iniciado por la Triple A y desplegado a toda vela con la Dictadura de Martínez de Hoz y Videla que aprendimos a respetar ese principio de la tradición liberal de que los perseguidos políticos tienen derecho a resguardarse de las garras de la represión en un tercer país. Casi como una burla del destino, fue la propia Venezuela uno de los países que acogieron a nuestros compañeros, a pesar de que no era para nada el de entonces un régimen democrático revolucionario. También España, Suecia, México, Italia, la República Democrática Alemana y Cuba, para nombrar a los que acaso recibieron más compañeros.



Hay que ser contundentes en la afirmación que es el Imperialismo norteamericano con su doctrina de la guerra contra el terrorismo (que en su primera versión se plasma en el Acta Patriótica de Setiembre de 2001) quien comienza una sostenida campaña cultural para convencer sobre la necesidad de terminar con la tradición liberal del asilo político con el argumento que los terroristas no son exiliados políticos, tal cual afirmaba España sobre Bolívar, Rosas sobre Sarmiento, Perón sobre Codovilla y Onganía sobre Perón, Cooke o Videla sobre Eduardo Luis Duhalde o Luis Mattini y que los terroristas no tienen derecho en tanto no son humanos, o por lo menos no son equiparables a los buenos ciudadanos del primer mundo.

La predica yanqui por imponer un nuevo enemigo universal en los noventa, desaparecido por entonces el peligro comunista, se orientó a instalar la figura del narco traficante, del narco terrorista, del terrorista comunista, sucesivamente.

Así la Fuerzas Armadas de Colombia, surgidas a la lucha popular en los años sesenta fueron descalificados por cada uno de los discursos imperiales de justificación de los planes yankees de dominación hasta llegar al actual de ser una fuerza narco terrorista ignorando un conflicto armado que lleva más de cuarenta años y que suma anualmente casi la misma cantidad de víctimas que el genocidio argentino de finales del siglo XX (hubo antes otros dos, el del siglo XVI y el de finales del siglo XIX).

Fruto de esa prédica, y de las presiones diplomáticas, económicas y de fuerza, en los últimos años se fueron aprobando en todo el mundo, también en América Latina, leyes antiterroristas que de un modo directo a veces, indirecto en otras, fulminan el derecho al asilo político y establecen un espacio universal indefinido en el que se libra la lucha contra el terrorismo y donde están virtualmente suspendidas las garantías constitucionales y los derechos humanos conquistados por los pueblos en doscientos años de lucha contra el autoritarismo y el poder absoluto de los estados.

En su momento, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, al rechazar la sanción en la Argentina de una ley de ese tipo, afirmó que uno de los efectos más regresivos de la aprobación de la ley era el de la convalidación de la doctrina imperial inspirada en el Acta Patriótica. Bajo ese enfoque se expulsó a seis campesinos paraguayos acusados de supuestas acciones terroristas por la Justicia Stroenerista que aún continúan presos en la siniestra Cárcel Tacumbú de Asunción; felizmente fue otra la mirada al momento de discutir la situación del chileno Sergio Apablaza a quien sin darle el asilo político en forma, se rechazó el pedido de la derecha chilena que lo quiere “ajusticiar” políticamente por sus “crímenes” en la lucha por la democracia contra Pinochet al tiempo que la Justicia Chilena sigue garantizando la más obscena impunidad para los chacales que asesinaron a miles de patriotas chilenos.

La extradición del compañero Joaquín Perez Becerra por parte del gobierno de Venezuela se encuadra en la nueva doctrina imperialista de negar derechos a los luchadores por la libertad del pueblo colombiano. La infamia adquiere particular virulencia al poco de repasar la trayectoria política del compañero: jugado a una salida política del conflicto armado colombiano apostó a la construcción de una fuerza política que rompiera con el bipartidismo que tanto daño ha hecho a Colombia, elegido concejal por los habitantes de la ciudad que habitaba fue uno más de los miles de miembros de la Unión Patriótica sometidos a una persecución criminal que le costó la vida de su compañera; exiliado en Suecia construyó una herramienta comunicacional alternativa que es ejemplo para todos los comunicadores alternativos del mundo y se ha pronunciado incansablemente por una salida política negociada al conflicto. No podemos dejar de vincular este hecho con la denuncia de Uribe contra nuestro premio Nobel Adolfo Perez Esquivel a quien acusó de terrorista por participar en Buenos Aires de un evento “Haciendo la Paz en Colombia” donde aprobamos una serie de iniciativas pacifistas.

No sabemos de qué lado de la disputa se colocará el gobierno de Venezuela y las fuerzas políticas que sostienen el proceso; por nuestra parte, como lo hemos hecho por más de setenta años, defenderemos el derecho del compañero Perez Becerra a la libertad de expresión, a la libertad de hacer política y simplemente a la simple y pura libertad al tiempo que seguiremos impulsando junto a tantos otros la lucha por la anulación de las leyes antiterroristas y el derecho de los pueblos a la autodeterminación

Y que cada cual ocupé el lugar que más le guste: el del corazón que calienta la utopía o el del estomago que engorda el bolsillo.


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