En referencia a las declaraciones del general Martínez Mendoza publicadas en el diario Panorama 23/03/05; “ni Carbozulia ni ninguna de sus operadoras explotarán carbón en la Sierra de Perijá”, nos causa estupor ver como el cinismo se apodera de nuestros funcionarios del gobierno nacional en el estado Zulia, la irresponsabilidad, la desinformación dirigida desde la corporación pretende confundir a la población ocultando información y diciendo verdades a medias.
El hecho de que Corpozulia a través de sus socios no explote el carbón en la sierra no garantiza que empresas transnacionales no lo hagan, gobiernos anteriores ya habían otorgado concesiones en la Sierra de Perijá a empresas como Maycca y este gobierno bolivariano aún no las ha eliminado, por el contrario continua el proceso minero iniciado desde hace más de veinte años por los gobiernos adecos en la región zuliana.
Según Gaceta Oficial publicada en el mes de octubre de 2004, el Estado venezolano autoriza la exploración minera carbonífera en la Sierra de Perijá. ¿Qué sentido tiene la exploración por empresas extranjeras en un territorio que es Parque Nacional y zona de demarcación del territorio indígena? El presidente Chávez cuando visitó en el año 1999 la comunidad Barí Saymadoyi, afirmó que el hábitat de la Sierra no iba a ser afectada por la explotación del carbón durante su gobierno.
No es un invento de las organizaciones sociales señaladas por Martínez como propiciadoras del caos, la presencia de Carbones de Perijá desde hace dos meses en las adyacencias del territorio indígena ocupado por la comunidad Barí de Bocsí. Esta empresa de capital chileno ingresó en nuestro territorio en virtud de una consecion otorgada por el estado venezolano en el 2004, sobre 12 hectareas en territorio del pueblo barí.
En la asamblea convocada por el pueblo Barí el día 19 de marzo en Machiques, -un día después de la nutrida marcha indígena en contra de la explotación del carbón en Perijá-, funcionarios de las instituciones antes señaladas descalificaron la validez de los documentos presentados por los ingenieros de la empresa Carbones de Perijá. Los indígenas Barí por su parte defendieron sus derechos según está expreso en la CRBV, señalaron la incompetencia de estos ministerios al contemplar la posible explotación minera en esa región, ignorando y desconociendo el proceso de demarcación de tierras indígenas y la potestad de los Barí para decidir el destino de esas tierras, en resguardo de su cultura, hábitat y protección ambiental. Asimismo acotaron que la penetración de la empresa Carbones de Perijá a la zona, es un problema de soberanía que estas instituciones no han sabido resguardar, por lo tanto, son ellos los Barí quienes han resguardado desde siempre nuestras fronteras, y en tal sentido están dispuestos a actuar hasta las últimas consecuencias.
El funcionario del ministerio del ambiente en su intervención, señaló que “el carbón es un producto que Dios colocó en la naturaleza para que el hombre le diera uso, así como los árboles, las plantas, las vacas y los animales”. Un Barí indignado le respondió que “Sabaseba había colocado el carbón bien escondido bajo la tierra para que el hombre criollo no lo viera, pero su maldad era tal que se había inventado aparaticos para mirar a través de la tierra”. Los Barí rechazaron rotundamente cualquier intento de exploración en el área, resaltando que no querían vivir la situación de expropiación y desplazamiento que sufrieron varias familias wayúu, al ser expulsadas de la zona del Guasare en el municipio Mara. Los dirigentes de Asocbariven resolvieron redactar un acta para dar fe de las resoluciones tomadas en asamblea, copia que solicitaron los funcionarios del gobierno para consignarlas ante los respectivos ministerios.
“el carbón en Guasare-Socuy seguirán beneficiándolos”
Por otra parte, en la zona del Paraíso, parroquia Marcos Sergio Godoy del municipio Mara, en la hacienda del señor Montilla, empresas transnacionales han iniciado y culminado 9 perforaciones y ya están listos para el proceso de extracción. Los desechos de este proceso han desembocado en los riachuelos y manantiales que alimentan la represa de Manuelote ocasionando a su paso la muerte de animales domésticos. La mayoría de los habitantes de esta zona son familias wayúu provenientes del Guasare.
Martínez Mendoza menciona que “el carbón en Guasare-Socuy seguirán beneficiándolos”; el general ignora quince años de deuda social que ha generado la explotación del carbón en Mara, ignora también que las carboneras nunca han pagado al municipio las regalías impuestas por la ley bajo la complicidad de anteriores alcaldes y parlamentarios, también ignora el general Martínez que hace una década un discurso parecido al suyo prometió progreso y desarrollo para los habitantes de Mara como consecuencia de la explotación carbonífera. Vías, empleo y bienestar fueron parte de la quimera que llevó a muchos a abandonar su actividad agrícola y pecuaria de pequeña escala, en espera de un empleo que le garantizara salud y bienestar. Cualquiera con sentido común puede indagar sobre las consecuencias de la explotación del carbón en la salud de los trabajadores mineros, cualquiera puede indagar sobre el efecto que produce en la población el polvillo del carbón inhalado a través de las vías respiratorias, expandido en el ambiente por el paso de las gandolas de carbón desde la mina hacia el puerto. Las políticas aplicadas desde Corpozulia para la atención de la población apenas alcanza a cubrir un mínimo de la población afectada.
Ignora también el general Martínez que hoy Mara junto a Páez, forman parte de los municipios más pobres de Latinoamérica. ¿Ignorará también el general Martínez que el carbón finalmente es parte de un modelo de economía de enclave, que sólo 100.000 toneladas de las 20.000.000 que él declara se consumen en el país, el resto es para las carboeléctricas del sudoeste de los E.E.U.U, y Europa?
Mientras tanto, afectamos e impactamos un territorio que tardará más de 500 años para recuperar sólo un pequeño porcentaje de su capacidad productiva inicial, y mermamos y desviamos las fuentes hídricas de todo un estado, con una población de más de tres millones de habitantes que en los próximos diez años tendrán que emigrar a otras regiones en búsqueda de agua.
