El ventilador sigue prendido. Este 10 de abril en la sesión de la Asamblea Nacional que debatió el golpe del 2002, el compatriota Darío Vivas nos recordó que la jueza Norma Diva Ceiba Torres, para entonces Juez Penal Accidental y hoy a cargo del Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Área Metropolitana, liberó a los francotiradores: Luis Arturo Meneses, Roberto Francisco Mainay, Nelson Enrique Rosales, José Meneses Quintero, Roger de Jesús Miquilena (identidad falsa), John Carlos Muñoz Garzón (colombiano) y Franklin Manuel Rodríguez; todos ellos capturados el 11A en la habitación 808, piso 8, del hotel Ausonia, donde se colectaron cartuchos de fusiles y de pistolas 9 milímetros; fueron llevados al Palacio de Miraflores, entregados al Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ, hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC) y el Ministerio Público les asignó un fiscal. La compatriota Norma Diva, aun siendo capturados con las manos en las armas, con suficientes pruebas y experticias que lo incriminaban, los puso en libertad sin restricciones, a las pocas horas de haber sido detenidos. Lo que asombra no es el hecho en si mismo, entendido como un horror más de la gigantesca conspiración del año 2002, a la que se sumaron en el momento (por complicidad reaccionaria o simple cagazón burocrática) una importante cohorte de altos funcionarios estatales, sino que la mencionada jueza siga, como si nada, en su carrera judicial constante y sonante, administrando “justicia”. El asunto no es menudo, si se cae en cuenta de que de los presuntos asesinos liberados por la jueza dependía la determinación de los principales responsables intelectuales de la masacre o, mejor dicho, de sus nombres específicos, pues basta darle un vistazo actualmente a las repugnantes declaraciones de los personeros políticos de oposición o calarse la enajenante información al respecto de los medios privados, insistentes en justificar el carmonazo y evadir de forma idiota su responsabilidad, para ratificar de donde vinieron los dólares que pagaron los asesinatos de Puente Llaguno.
Fue también Norma Diva, la que, a solicitud del Fiscal 20 a Nivel Nacional con Competencia Plena, Daniel Guédez Hernández, legalizó la írrita detención de Julián Conrado, con base en una inconsistente y para nada fundamentada solicitud de Interpol, a pesar de que se admitió a la vez (por el fiscal y por la jueza) que el cantante “…no ha cometido delito alguno…” (textual del expediente) en el territorio nacional. Así en el 2002, la jueza en cuestión libera en un santiamén al grupo de sicarios contratados por la derecha, presuntos implicados en la muerte de 19 compatriotas. El 5 de agosto del 2011, decide el encarcelamiento de un revolucionario enfermo que vino a nuestro país en busca de refugio humanitario y/o asilo político acosado por un NarcoEstado colombiano, sin prueba ni fundamento jurídico alguno, cuando debió ordenar su libertad inmediata, luego de haber permanecido 66 días ilegalmente detenido en los calabozos de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) sin habérsele formulado cargo alguno. El mundo al revés. El mundo al revés y la jueza Ceiba Torres, 9 años después de la masacre, otra vez obedeciendo oscuros designios.
Cabe preguntarse por la actuación de la Inspectoría de Tribunales y el Consejo de la Judicatura ante una clara violación de los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura y otros cuantos del Código de Ética del Juez Venezolano. Ceiba Torres, cómplice en el 2002 de la barbarie fascista y en el 2011 del aparato terrorista estatal del gobierno de Santos. Ceiba Torres, a la torera, liberando asesinos y encarcelando inocentes, en el mismo ruedo de los subterráneos podridos de la trasnochada “justicia” venezolana, en que la jueza Afiuni, hoy justamente encarcelada por la justicia revolucionaria que despunta, fungió de novillera.
La actuación de la jueza Ceiba Torres y la inercia de los mecanismos y entidades del Estado venezolano, hoy interpelados e increpados para corregir tales desafueros, son un buen ejemplo del retorcido aparato de justicia que heredamos de la cuarta república y, en consecuencia directa, una de las explicaciones más evidentes de la impunidad del crimen en Venezuela. Ante el enigma de las liberaciones de los sicarios, el incómodo pero imprescindible recordatorio del compatriota Darío Vivas y luego de la reciente declaración de la Fiscala General Luisa Ortega -“…seguiremos avanzando y vamos a dar respuesta, vamos a dar resultados satisfactorios no solamente para las víctimas, para los familiares de las víctimas que lograron sobrevivir, sino también para todo el pueblo venezolano y que sirva de ejemplo para los pueblos del mundo…”- , cabe preguntarse si la mencionada jueza comparecerá a rendir una declaración que pudiera terminar de aclarar muchas de las sordideces del funesto carmonazo.
Recordamos la historia, no solo para enmendar y prevenir el futuro, sino para que la verdad termine imponiéndose en los hechos, en memoria de las víctimas y respuesta digna al reclamo de sus familiares y amigos. Sino, tanta consigna termina siendo bulla inútil y palabrerío.
A Julián, poeta, para su consuelo y jolgorio:
¡Cuánto daño les está haciendo esos barrotes a los enemigos de la revolución, que son los suyos mismos! ¡Mire los cabos sueltos que se atan! ¡Mire nomás como las cosas se van aclarando a pesar de la oscuridad de su mazmorra!
Mientras tanto, siga con su canto alegre, que el ventilador sigue prendido. Además de su canto, los pueblos le debemos varias honras, sea cual sea el final del cuento y sus pesares.
Para mayor información sobre Julián Conrado:
Reflexiones para el Comandante Hugo Chávez a 100 días del secuestro-detención de Julián Conrado...
