Se equivocan aquellos que creen que el paramilitarismo en Venezuela depende, en su mayor parte, de la injerencia foránea. Si bien este es el punto de partida para su existencia, influyen otros ingredientes esenciales. Como sucedió en Colombia y El Salvador, se requiere de una oligarquía que, en coyunda con los intereses imperiales, este dispuesta a invertir recursos y medios en el ejercicio del crimen político. Implica también, la complicidad de factores del poder constituido (y buena parte de la oposición lo es: ¿Acaso la derecha no cuenta en Venezuela con alcaldes y gobernadores que manejan estructuras burocráticas y policiales armadas? Sabemos que existe una gran cantidad de jueces, fiscales y policías corruptos, contrarios a la Revolución Bolivariana, a los que debemos sumar un número importante de funcionarios ministeriales cómplices de la reacción.)
Por último, hace falta un clima de extrema polarización política en la opinión pública, que posibilite cierta base social proclive a la violencia. Los paramilitares en Venezuela son grupos pequeños y focalizados (por ahora), pero cuentan con la cobertura de un sector de la población descontento que, si nos guiamos por las encuestas que demuestran el rechazo mayoritario a la violencia, constituye el 13 % de los venezolanos, cifra suficiente para posibilitar la tendencia terrorista. Generalmente, la derecha moderada, en su afán anticomunista y ansias de anular a las fuerzas de izquierda, se hace la vista gorda ante el avance de la violencia fascista. Así sucedió, con los partidos Liberal y Conservador, de la república vecina. Así sucede con la MUD en Venezuela.
Todas estas condiciones existen en el país. Peor aún, los centenares de campesinos e indígenas asesinados en los últimos 15 años, vinculados a luchas por la tenencia y democratización de las tierras en manos de terratenientes, demuestran, sin lugar a dudas, que el paramilitarismo está presente en nuestro territorio desde hace años. No me refiero al paramilitarismo desplazado de Colombia y del cual se valió el enfermizo Robert Alonso en el 2003 para intentar un magnicidio, acantonándolo en la finca Daktari. Tampoco, al que trasega a sus anchas en los municipios fronterizos la gasolina y los productos de Mercal, obteniendo jugosas ganancias, con la complicidad de alcaldes y funcionarios venezolanos. Se trata de un paramilitarismo de factura escuálida y criolla, cuya primera operación de envergadura fue en puente Llaguno, el 11 de abril de 2002. Las guarimbas, con el consecuente saldo de heridos, asesinados y pérdida de miles de millones de dólares en la destrucción de propiedades públicas y privadas, no hubiesen sido posibles sin la existencia de una estructura paramilitar preparada a tal efecto. El desastre de la violencia en el municipio Chacao, es imposible sin bandas políticas armadas, con un alcalde que les prestó seguridad y apoyo logístico. La política de tierra arrasada en el Táchira se consuma, gracias a un evidente apoyo y entrenamiento en el que las Aguilas Negras colombianas cuentan con terratenientes y comerciantes de esa región, así como con el excalcalde encapuchado hoy convicto Daniel Ceballos.
En Ureña, zona crucial para el negociado del contrabando, el paramilitarismo ya es gobierno legítimo. Basta ver las declaraciones del alcalde Tato García quien recientemente expresó «que los comercios habían abierto en la mañana, pero cerraron, al igual que la Alcaldía por exhorto de los grupos encapuchados, que a su juicio no son vandálicos sino sociedad civil que protege su integridad.» García, no acude a la Guardia Bolivariana para restituir el orden, sino que delinque y cumple órdenes del guarimbeo paramilitar.
Así, alcaldes delincuentes, un partido fascista como Voluntad Popular y aparatos paramilitares, se han constituido en la facción dura de la derecha. El resto de los bandidos «demócratas» de AD, Copey, Primero Justicia, etc., que también componen la MUD, se hacen los pendejos, magnificado los excesos represivos y silenciando el matiz criminal creciente de sus compinches más desaforados. Recurren a la falacia de los «colectivos armados por el gobierno» en el intento de paralizar la respuesta del Estado. La mentira encierra una enorme contradicción... En el supuesto negado de que esos colectivos existieran y estuviesen actuando en la proporción e importancia que les confiere la oposición, ¿Cuánto hubiese durado la temporada de guarimbas? ¿Cuántos fueran los pendejitos guarimberos engañados ya muertos? Al contrario de la ladilla mediática que vive inventando colectivos armados y represores cubanos, el pueblo bolivariano que eligió al Presidente Maduro ha permanecido en calma, atendiendo responsablemente el llamado del gobierno a la paz. Si acaso unas haladas de greñas a la zafia María Corina Machado en Puerto Ordáz y algunas lamentables escaramuzas callejeras, hechos que por supuesto no se justifican. Al criminalizar a los «colectivos» se apunta a desvirtuar la organización de toda fuerza bolivariana.
Pero... ¿ Y si la paciencia se nos acaba? ¿Que pasaría, señores y señoras opositores? ¿Cómo terminaría tan feo asunto? Pongamos por caso Caracas... ¿Se imaginan ustedes unas veinte o treinta barriadas arrechas de tanto saboteo y vías trancadas que decidan invocar, como ustedes lo hacen ahora, el artículo 350 de la CRBV para restituir por si mismas? Es una posibilidad que nadie quiere, pero que el plan paramilitar de la derecha propicia peligrosamente. Si llegamos a ese llegadero, no quedaría títere apátrida con cabeza, ni banda fascista armada delinquiendo. O, en el mejor de los casos para la reacción, entraríamos en una guerra civil sin final a la vista, porque, créannos, habemos millones dispuestos a no velver atrás, ni dejarlos pasar, cueste lo que cueste.
Entiendo perfectamente el embarazo de quienes dirigen el gobierno para cumplir su obligación de restituir el orden a través del las fuerzas de seguridad. Incluso, en casos como el de Táchira y el municipio Chacao, creo que el gobierno por indecisión y una actuación tardía dejó avanzar a las fuerzas criminales La campaña opositora con repercusión internacional, que denuncia excesos ciertos de las fuerzas represivas, obliga a un mayor control y supervisión del combate a la violencia callejera ultraderechista. En lo personal, las coñazas de la GNB y PNB a guarimberos capturados infraganti me desagradan y evocan malos recuerdos. Entiendo, que los niveles de violencia y agravio guarimbero llevan a exacerbar a las fuerzas represivas, lo cual no es política de Estado, sino consecuencia de la provocación del enemigo. Aún así, no se justifica ninguna violación de los Derechos Humanos. Hasta en la manera de ejercer la coacción debe ser ejemplar una Revolución.
Cuidado con las trampas: hay que evitar y castigar los excesos, pero como el dijo el Che, al imperialismo, guarimberos y paramilitares, «ni tantito así».
