¿Es una revolución popular y de justicia?
¿Cuántos campesinos han sido asesinados hasta ahora por los terratenientes y
ganaderos fascistas? ¿Cuántos culpables están presos? ¿Dónde está la fiscalía?
¿Donde están los jueces? Desde que la lucha de los pueblos aborígenes de la
sierra del Perijá por la recuperación de sus tierras ancestrales que les fueron
arrebatadas en el pasado a sangre y fuego, una madeja de intereses y poderes
económicos se levantó en torno a los derechos legítimos de esos pueblos
originarios conformando un muro de impunidad y de obstrucción de la justicia,
que ha demostrado tener mayor poder y alcance que la misma voluntad de Hugo
Chávez.
Desde aquel general inconsciente que
regia a Corpozulia. Carlos Eduardo Martínez Mendoza, que se empeñó tercamente e
impulsado por los sectores mineros depredadores del carbón para aplicar un
proyecto que contribuiría a destrozar la sierra, matando la naturaleza,
contaminando y desapareciendo nacientes de ríos y quebradas de la región, y lo
mas importante: el hábitat de los pueblos aborígenes de la zona. Tan solo por abultarse
y abultarle los bolsillos a un montón de dinosaurios glotones, hambrientos de
riquezas fáciles.
Alexander Fernández fue asesinado. Desde
hacia tiempo se venia denunciando que este hermano luchador por su tierra,
estaba sentenciado a muerte por los ganaderos terrofagos. Mas el estado no dio
respuestas jamás a las alertas. Ese mismo estado revolucionario, popular, que
habla de socialismo, justicia social, de democracia participativa y
protagónica, que asignó toda una cuadrilla de fiscales del ministerio publico
para inventar cargos contra dos hombres humildes – Sabino Romero, Alexander
Fernández -, que osaron retar al poder de la terrofagia ganadera y minera de la
Guajira venezolana. Una terrofagia protegida y amparada por el alto mando del
ejército de esa región, los cuerpos policiales y órganos de justicia. Se puede
decir que en la Guajira y contra estos
pueblos; se unieron gobierno y oposición. Así la gobernación del Estado Zulia,
la Ministra para Asuntos Indígenas, el mando del ejercito acampado en el
estado, los ganaderos invasores y terrofagos, Corpozulia, la fiscalía y los
tribunales, construyeron una perfecta conspiración contra los Yukpas y sus
caciques luchadores por las tierras y la vida. Concluyendo en el asesinato de Alexander y en el acoso de Sabino y toda
la población de la sierra originaria.
Los asesinos de Alexander Fernández, y de
los más de 210 campesinos, de dirigentes obreros, de delgados sindicales, no hace falta buscarlos tan lejos. Están
allí identificados por el pueblo, por
los familiares de sus victimas. Pero la justicia está chueca, sigue chueca, los
magistrados, jueces y fiscales se llenan las cuentas bancarias con sueldos
inmerecidos, mientras los pobres, los débiles jurídicos siguen siendo
perseguidos, acosados, asesinados impunemente. Cuando es un dirigente pobre o
un simple mortal el asesinado, se vierte
una niebla espesa sobre el caso, que acaba por desaparecer el crimen en las
profundidades del olvido, la negligencia y la complicidad burocrática. Pero que no le toquen el pelo a un obispo
pedófilo, a un sionista agresor judío, o a un don corruptus de la Haig. Allí si se toman los espacios televisivos,
radiales, prensa escrita, condenando el hecho y tirando toda la disposición
policial, técnica y científica, para resolver el caso. Mientras tanto, aun
permanece impune el asesinato de Nelson
López en Yaracuy, por el terrateniente criminal Luis Gallo, a quien todas las pruebas delatan como el
autor intelectual. Pero para que la justicia chueca funcionara, el caso fue
trasladado entre gallos y media noche al estado apure para resultar absuelto en
una decisión irrita y comprada.
Con la importación del paramilitarismo y
el sicariato, la impunidad de los sectores poderosos de terratenientes,
ganaderos y estafadores comerciantes, está garantizada y la vida de los luchadores populares y líderes de base
popular quedan expuestas.
¿SE HARA
REVOLUCION EN LA JUSTICIA O NO?
(*) Abogado Bolivariano
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