Al hablar de errores del actual gobierno nacional es inevitable hacer referencia a la llamada “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP), activada en julio del 2015 bajo la responsabilidad principal del Presidente Nicolás Maduro Moros, quien la definió como “el instrumento perfecto para lograr la paz”, destacando éste como base de la misma la necesidad de “cortar de raíz y construir la paz desde adentro, en las comunidades”. Operación sobre la cual a través de diferentes medios de comunicación se anunció una nueva fase a iniciarse el 6 de octubre del año en curso, con la intervención particular de fuerzas de acciones especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Ahora bien, los señalamientos verificados por el máximo representante del Ejecutivo Nacional son totalmente disímiles al resultado verdadero de la “OLP”, la cual ha originado una criminalización de los sectores más desposeídos, violentándose los derechos humanos de un sinnúmero de venezolanos y venezolanas que no poseen vinculación alguna con hechos contrarios a la ley, ejecutándose particularmente allanamientos ilegales, desalojos forzosos y privaciones de libertad contrarias al Estado de Derecho.

Surgiendo en este contexto innumerables denuncias de familiares de víctimas afectadas por tales acciones, quienes han manifestado detenciones arbitrarias de sus parientes para luego aparecer muertos, y en casos concretos localizados en fosas comunes, así como ajusticiamientos presentados posteriormente como enfrentamientos con miembros de diferentes instancias de seguridad.

Derivando ello que la “OLP” aún cuando por su naturaleza era para la defensa del ciudadano, éste las considere como la acción de grupos de exterminio, al dirigir su labor no con el fin de acabar la delincuencia, sino contra el pueblo indefenso representado por personas desprotegidas de los sectores más vulnerables.

Debiendo indispensablemente destacar que en la ejecución de la referida “Operación de Liberación del Pueblo” la realidad ha demostrado el otorgamiento de una peligrosa discrecionalidad a los funcionarios intervinientes en ella, bajo una concepción peligrosamente represiva, que lejos de proteger a las víctimas de la violencia criminal, les afecta aún más.

Y en consecuencia, no pude permitirse que dicho proceder continúe, basta de operativos donde los funcionarios llamados a respetar la ley desconozcan sus deberes, sean ejecutores de la violación de derechos humanos, menosprecien al ser humano por su condición social, transgredan la inviolabilidad del hogar y vulneren en general las garantías jurídicas inherentes a todo individuo.

Los venezolanos y venezolanas demandamos un Estado donde se respete a todo habitante de nuestra República, la ineficiencia de quienes representan las instancias de dirección y protección sea sancionada enérgicamente (castigándose sus delitos), la dignidad humana sea preservada por todos los funcionarios llamados a resguardar la seguridad de los ciudadanos, e igualmente los derechos y garantías de éstos sean salvaguardadas por igual. Teniéndose como norte que la violencia y el desconocimiento de los derechos del otro no es el medio para solventar los problemas que afectan a Venezuela.

Haciendo a su vez un llamado al Ejecutivo Nacional para que repare de manera integral los daños originados a los sobrevivientes y familiares de las víctimas que ha originado la “OLP”, como también para que dirija sus acciones a la defensa cabal del derecho a la vida y protección de los ciudadanos.

¡ No más impunidad y atropello al pueblo humilde !.

Clíver Antonio Alcalá Cordones

C.I. 6097211