Nayib Bukele, presidente de El Salvador, sorprendió con una propuesta al gobierno de Maduro: un canje de presos venezolanos, deportados por el gobierno de Trump y encarcelados en el máximo centro de seguridad del CECOT, a cambio de presos políticos en Venezuela. Por el lado de Bukele es llevar su tráfico de personas a un nuevo servicio de intercambio a favor de Trump, por el lado de Maduro devela su cinismo.

Bukele, propuso este domingo a Maduro, un intercambio de 252 venezolanos deportados por Estados Unidos que se encuentran presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), por un número igual de presos políticos en Venezuela. Al mismo tiempo defendió que "todos los venezolanos" en la cárcel del Cecot, en El Salvador "fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos". No ofrece prueba alguna, sólo repite el discurso del imperialista de Trump con el que ha justificado la detención de centenas de migrantes venezolanos en Estados Unidos.

Al poco tiempo, la primera respuesta gubernamental vino del Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, calificando la propuesta de Bukele de "cínica" y solicitado la "inmediata liberación" de los migrantes que El Salvador mantiene detenidos. Pero si de hipocresía y cinismo se habla, poca autoridad tiene un Fiscal que ha sido famoso por impulsar miles de detenciones de personas por el simple hecho de haber salido a las calles a reclamar. En cuanto a métodos de represión, Bukele y Maduro se emparentan. Maduro ya ha canjeado presos en múltiples oportunidades, particularmente con Estados Unidos, así como también ha usado a los migrantes venezolanos como fichas de cambio a favor del alivio de sanciones.

Tras la retórica de Bukele que dice diferenciar entre "delincuentes comunes" y "presos políticos", se esconde una lógica perversa de tráfico de seres humanos que el salvadoreño busca consolidar. Se trata de un nuevo esfuerzo de Bukele por llevar los reflectores internacionales a su gobierno, como garante de la ultraderecha y sus políticas punitivas y de deshumanización de las personas migrantes.

El presidente que gobierna con toque de queda permanente y tropas militares en todo el país, que oculta las cifras de muertes de su régimen de excepción dentro y fuera del sistema carcelario que construyó, que evade señalamientos por corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, que ofrece el Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo, CECOT, como espacio de impunidad internacional al estilo Guantánamo, ahora lanza una nueva puesta en escena con la propuesta de canje de presos venezolanos con el gobierno de Maduro por presos políticos en Venezuela, como supuesto gesto de humanidad, que en realidad es un nuevo servilismo imperialista en favor de las políticas antiinmigrantes de Trump.

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El propio Bukele miente que no tiene presos políticos en las cárceles de El Salvador, todo lo contrario a lo que denuncian organizaciones populares, movimientos sociales y de Derechos Humanos, tal como lo han venido manifestando desde el Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), quienes tienen un listado grande de presos políticos en el país centroamericano y por quienes claman por su libertad, al mismo tiempo que denuncian que está prohibida la visita a dichos presos, una aberración que viola el elemental derecho.

Además, la organización defensora de derechos humanos salvadoreña, Socorro Jurídico, registra el encarcelamiento de 170 activistas y 35 sindicalistas, criminalizados y bajo injusto proceso, además de la desaparición y muerte de trabajadores. Tal es el caso del sindicalista Giovanni Antonio Aguirre López, encarcelado ilegalmente en 2022 tras denunciar corrupción en la alcaldía de San Salvador, que cuenta con tres órdenes de liberación y actualmente está desaparecido. O el dirigente sindical Hever Chacón, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Independientes del Comercio de El Salvador (Festices), fallecido en el penal de Santa Ana y cuyo caso fue denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Más aún, Bukele, bajo su régimen de excepción represivo, mantiene en sus cárceles de máxima seguridad a miles de personas injustamente detenidas sin ningún vínculo con bandas delictivas, donde se les violan todos los derechos, desde el debido proceso hasta visita de familiares. Bukele, que tanto promociona su Guantánamo salvadoreño, es acusado, y con razón, de violar los derechos humanos, no solo en sus cárceles, sino también hacia el conjunto de la población, que ha llegado a prohibir protestas laborales, como las acontecidas con las últimas del magisterio salvadoreño.

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Por su parte Maduro, tiene plagada sus cárceles de una gran cantidad de presos políticos, trabajadores y sindicalistas presos por protestar, por reclamar, o por el simple hecho de ser pobres. Luego de su escandaloso fraude electoral y las protestas que surgieron al día siguiente de las elecciones, se contaron por miles los detenidos, donde la inmensa mayoría fueron de los grandes sectores populares, incluyendo una gran cantidad de adolescentes, incluso, llegaron a detener jóvenes con problemas de salud física y mental. En Venezuela, se violan los más elementales derechos humanos y democráticos, como el debido proceso, el derecho a la defensa, y se mantienen encarcelados cientos de inocentes.

Si por un lado, Bukele desmonta programas sociales, congela salarios, elimina miles de puestos de trabajo de empleados públicos y recorta presupuestos y prestaciones, por otro lado, financia la militarización al extremo de duplicar las fuerzas armadas del país. Por su parte Maduro ha llevado a una situación extrema de miseria y pobreza en la población, donde todos los derechos laborales se han desmantelado, salarios irrisorios, servicios públicos ampliamente deteriorados, mientras las cárceles se fortalecen, sostenido por unas Fuerzas Armadas que son el sustento del gobierno nacional.

Estamos ante un siniestro juego político, donde prima la perversidad de ambas partes. Presos detenidos injustamente son usados una vez más como fichas de cambio. En este caso la infamia llega al extremo porque tanto Bukele sabe que su propuesta no iba a ser aceptada, como Maduro también que no llevaría en cuenta la iniciativa. Tal como la retórica de Bukele que afirma que los deportados venezolanos y presos en el Cecot son "criminales", para Maduro los presos políticos en Venezuela también lo son. En ambos presidentes, el doble rasero, la hipocresía y el cinismo reina.

Los migrantes venezolanos no salen de su país por gusto, sino por necesidad. Son resultado directo de una situación de miseria, de explotación, precarización de sus vidas, donde tanto es responsable el gobierno de Maduro con sus planes antiobreros como lo es también la derecha servil al imperialismo como el que lidera María Corina Machado exigiendo sanciones económicas que han aumentado su situación de pobreza.

Estados Unidos, un país que se llenó la boca hablando de "democracia" ahora les niega a los migrantes el derecho al trabajo, residencia, incluso el derecho al asilo. Encerrar a las personas provenientes de Latinoamérica residentes en Estados Unidos no es justicia: es continuidad del castigo imperialista y colonial, ejecutado por Trump con la fuerza del aparato represivo estadounidense y la colaboración de gobiernos de América Latina en la militarización fronteriza y políticas punitivas.

El "acuerdo" que propone Bukele no es humanitario, es autoritario, punitivista y profundamente cínico. No está centrado en la dignidad humana ni en el respeto a los derechos fundamentales, sino en la utilización de las y los detenidos como fichas para negociar capital político, visibilidad internacional y favores estratégicos. Para ello, Bukele legitima la narrativa estadounidense de criminalización del migrante latinoamericano, actuando como guardián regional del orden imperial y por otro lado, apela a una supuesta superioridad moral frente a Maduro, sin reconocer que su propio régimen ha erosionado sistemáticamente los derechos civiles, militarizado la vida cotidiana y construido una de las cárceles más brutales del continente.

La verdadera acción humanitaria no es negociar personas, sino liberar a todos los presos políticos, migrantes, pobres y perseguidos. Así como en Venezuela exigimos la libertad de los presos políticos, presos por protestar o por tan solo reclamar sus derechos, también exigimos en El Salvador la libertad inmediata de todos los presos políticos, activistas, sindicalistas, ambientalistas.

Para los deportados venezolanos, y que Trump ha enviado a las cárceles del CECOT, exigimos que el gobierno de El Salvador permita a los migrantes venezolanos detenidos arbitrariamente en su megacárcel trasladarse al país que sea de su voluntad para residir y trabajar o el retorno a Venezuela si así lo desean. Basta de que nuestras vidas sean solo un cálculo en los juegos de poder de tantos políticos burgueses reaccionarios. Pleno derecho para los migrantes al trabajo y residencia legal en Estados Unidos o en el país que decidan establecerse, así como que se respeten todos sus derechos democráticos y humanos. ¡No a las deportaciones!