Con estado de excepción en varias provincias decretado por el gobierno de Noboa y una gran militarización del país, Ecuador realiza sus elecciones presidenciales en balotaje este domingo 13 de abril.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2025 dejó un panorama de alta polarización entre Daniel Noboa y Luisa González. En esa elección la diferencia entre Noboa y González fue mínima, con casi 16.746 votos de distancia, lo que reflejó un empate técnico. Para la segunda vuelta, ambos candidatos se movilizan para atraer a los 1,1 millones de votantes considerados indecisos., en donde casi 14 millones de ecuatorianos están habilitados para votar. Ambos buscan atraer a los partidos y movimientos que se quedaron en la primera vuelta, cuando todas las encuestas arrojan diferencias menores a tres puntos, lo que se considera compatible con el error estadístico, en otras palabras, se mantiene el empate técnico.

En dicha elección de primera vuelta también se votaba a todos los cargos legislativos y cantonales. Noboa, respaldado por el partido Acción Democrática Nacional (ADN), ganó en 96 cantones, principalmente en la Sierra centro y la Amazonía, mientras que Luisa González, del correísmo, se impuso en 118 cantones, especialmente en la Costa y el norte del país. Leonidas Iza, del movimiento indígena Pachakutik, ganó en siete cantones, mostrando una presencia significativa en su región natal. En el plano parlamentario ninguno de los partidos de los principales candidatos consiguió una mayoría calificada.

El neoliberal Noboa busca ampliar su poder con un nuevo periodo de gobierno, pero la primera vuelta le fue adversa, por eso juega todos sus movimientos para imponerse en el balotaje, pero hasta las propias encuestas vaticinan un resultado incierto, dado el estrecho margen de diferencia que se tuvo en la primera ronda. Hasta el momento, el movimiento político Construye del exministro de Lasso, Henry Cucalón, ha anunciado su apoyo a Noboa, este se suma al de otras fuerzas políticas, consolidando una coalición contra el correísmo.

La campaña electoral de Noboa ha estado marcada por acusaciones de uso indebido de recursos públicos y manipulación mediática, tomando en cuenta que el poder electoral le ha permitido hacer campaña política sin dejar el cargo presidencial. Por tanto, se le ha acusado de utilizar fondos estatales para promocionar su imagen y de difundir encuestas falsas para influir en la percepción pública durante toda la campaña electoral, y en esta segunda vuelta. Medios de comunicación privado más afines a Noboa han jugado un papel crucial en la formación de la opinión pública durante la campaña.

El gobierno de Noboa, quien asumió la Presidencia en noviembre de 2023 para un periodo extraordinario de gobierno que se extenderá hasta mayo de este año, ha implementado políticas neoliberales siguiendo a los gobiernos anteriores de Guillermo Lasso y Lenin Moreno. Estas políticas han profundizado la desigualdad, aumentado la pobreza e incrementado un proceso de militarización del país, imponiendo un discurso autoritario y antipopular que busca alejar las consecuencias de las políticas a favor de los grupos económicos.

Bajo el disfraz de "asesores internacionales en seguridad", Noboa ha abierto las puertas a elementos vinculados con organizaciones paramilitares de reputación criminal, similares a Blackwater de Erik Prince –un siniestro personaje famoso por organizar campañas de invasión militar a Venezuela–, conocidas por sus brutales tácticas y violaciones a derechos humanos en zonas de conflicto global. Esta estrategia no solo representa una abdicación de las responsabilidades de Estado, sino que también implica introducir al Estado intereses corporativos transnacionales de fuerzas mercenarias que han activado en zonas de guerra en otros países del mundo.

A su frente está Luisa González, la candidata que se presenta por el partido Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, la misma candidata que Noboa derrotó en las pasadas elecciones del 15 de octubre del 2023, también en segunda vuelta. Pero Luisa González viene incluso más aggiornada en el plano político, siendo una ferviente conservadora en el plano social. Esta vez el correísmo buscará remontar y no repetir el escenario electoral de dicho año.

Luisa González, en las elecciones del 2023, cuando se prefiguraba como candidata ganadora, realizó reuniones con el FMI y aseguraba que fortalecerá la dolarización. En reiteradas ocasiones expuso su postura pro extractivista, así mismo como el antecedente del ex-presidente Rafael Correa que reprimió y criminalizó a las comunidades y pueblos indígenas que se oponían al extractivismo. Por otra parte, mantiene una postura anti derechos, en contra del aborto y a favor de la explotación de los bienes comunes naturales en el país.

Para esta segunda vuelta, Luisa González ha realizado alianzas que hasta hace poco se consideraban impensables. No tanto por el apoyo que le brindará el movimiento indígena Pachakutik de Leonidas Iza. En el cierre electoral del jueves pasado se mostró abierto el apoyo. Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tras un pacto de 25 compromisos que la candidata del correísmo deberá cumplir si llega al poder, ratificó con su presencia el apoyo electoral brindado.

No es casualidad que Rafael Correa, a diferencia de la última campaña presidencial donde tuvo gran exposición pública, esta vez ha decidido mantenerse en perfil bajo para no peligrar alianzas a izquierda, ya que durante su mandato, a pesar de su discurso, mantuvo la criminalización de la protesta social, incluso impulsó leyes que facilitaron la expansión minera en territorios considerados ancestrales manteniendo una política extractivista, lo que marcó gran tensión con los pueblos originarios e importantes movimientos sociales del país.

Lo que sí ha llamado la atención es la alianza que ha tejido Luisa González con Jan Topic, el ex candidato presidencial de derecha, a quien podría entregar el control de la seguridad si gana en las urnas. Topic es una figura asociada históricamente con intereses empresariales y militares que contradicen todo lo “popular” que el correísmo dice defender. Pero está en sintonía con las afirmaciones de Luisa González durante los debates presidenciales, donde afirmó que concordaba con la política anitiimgrante que lleva adelante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos con respecto a los migrantes venezolanos, y aplicar algo similar en Ecuador. En otras palabras, incentivar las expulsiones brutales y negarles los derechos más elementales a millares de trabajadores y trabajadoras que se vieron obligados a salir de la pobreza en su país de origen.

Mientras tanto, en la Asamblea Nacional donde en la representación parlamentaria no hace mayoría ninguno de los dos partidos de los principales candidatos, se tejen alianzas de pactos entre los mismos. Los representantes de Revolución Ciudadana y ADN hablan de acuerdos legislativos que, lejos de representar los intereses populares, parecen más bien negociaciones para mantener cuotas de poder y proteger intereses particulares en un sistema que continúa excluyendo a las mayorías.

Recordemos que cuando inició su gobierno, Daniel Noboa tuvo el apoyo legislativo en la Asamblea Nacional del partido Refundación Ciudadana de Luisa González con el visto bueno de Rafael Correa, lo que le permitió gobernabilidad, y avanzar en sus medidas políticas que repercutieron contra el pueblo. Por eso, ya es cantado que negociaciones están en curso en el parlamento ecuatoriano, sea quien gane este domingo. La propia Luisa González reconfirmó el apoyo que le dió el correísmo a Noboa al inicio de su gobierno durante los debates presidenciales.

El contexto político y la crisis multifacética en estas elecciones

Ecuador enfrenta una crisis multifacética que abarca aspectos económicos, energéticos y de seguridad. La gestión de Daniel Noboa, miembro de una de las familias más ricas del país y magnate del sector bananero, ha demostrado que llegó para profundizar estos problemas. La deuda pública ha aumentado significativamente, alcanzando el 40% del PIB, y el país enfrenta una alta tasa de pobreza y desempleo. La dolarización ha facilitado la fuga de capitales y el lavado de dinero aupado por la corrupción rampante en el propio gobierno, mientras que la crisis energética ha resultado en apagones prolongados y una parálisis económica en varias regiones.

Además, la violencia y la inseguridad han alcanzado niveles alarmantes, con un aumento en los homicidios y la delincuencia organizada, que no se explica si no es por la complicidad de las propias fuerzas del Estado, como son las policías, el ejército. En diciembre de 2023, 5,2 millones de ecuatorianos vivían en la pobreza, el porcentaje más alto desde la pandemia del COVID-19. La tasa de homicidios se ha disparado, con un homicidio cada 75 minutos y 38 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2024.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de pobreza por ingresos se ubicó en diciembre de 2024 en 28%, una variación de dos puntos porcentuales con relación a igual mes de 2023, cuando estaba en 26%. La pobreza extrema también cerró en diciembre de 2024 con una tasa más alta que un año atrás, ubicándose en 12,7%, una variación interanual de 2,9 puntos porcentuales. Esto significa que cerca de 2,4 millones de personas en Ecuador vivían en pobreza extrema, con ingresos mensuales menores a USD 51,53.

El boletín técnico del INEC de junio de 2024 revela que la pobreza por ingresos a nivel nacional se ubicó en 25,5%, con una pobreza urbana del 17,2% y una pobreza rural del 43,2%. La pobreza extrema a nivel nacional fue del 10,6%, con un 4,4% en áreas urbanas y un 24,1% en áreas rurales. El Índice de Gini, que mide la desigualdad de ingresos, se ubicó en 0,456 a nivel nacional, 0,425 en áreas urbanas y 0,481 en áreas rurales. Estos datos reflejan una desigualdad persistente y una pobreza significativa, especialmente en las zonas rurales, todo esto acrecentado bajo el gobierno de Noboa.

Las políticas antipopulares de Daniel Noboa de la mano del FMI y la militarización

Entre las medidas más controvertidas de Noboa, en el marco de una economía dolarizada, se encuentran:

Préstamos del FMI: Noboa ha negociado préstamos significativos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que ha llevado a la implementación de políticas de austeridad y recortes en servicios públicos, como parte de su plan de ajuste fiscal. Estos préstamos han sido condicionados a reformas estructurales que favorecen a los sectores financieros internacionales, a costa de la población más vulnerable, los trabajadores y el pueblo pobre. Bajo el gobierno de Noboa el endeudamiento público con el FMI creció en USD 4.000 millones por un acuerdo firmado en abril de 2024 bajo el esquema de Servicio Ampliado (SAF), de la mano de políticas agresivas contra las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Noboa aumentó el IVA del 12% al 15%, argumentando que los fondos adicionales se destinarán a financiar la seguridad. Sin embargo, esta medida ha afectado negativamente a los sectores más vulnerables de la población.

El gobierno ha promovido la privatización de sectores clave y la desregulación financiera, lo que ha resultado en una mayor precarización laboral y una liberalización comercial que beneficia a las élites económicas. Es que el gobierno contempla la flexibilización laboral, la eliminación de los subsidios, procesos de privatizaciones y la implementación de la minería. Es la profundización de las políticas neoliberales que ya venían aplicando los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y de Guillermo Lasso (2021-2023).

Para avanzar en sus políticas neoliberales, el gobierno de Noboa ha adoptado una postura de mano dura frente a la inseguridad, declarando un estado de excepción y militarizando varias regiones del país, que actúa también como contención social represivo lo que ha aprovechado para hacer pasar sus políticas antipopulares y de ajuste, e impedir cualquier protesta de calle. Es toda una estrategia represiva cercenando las libertades democráticas. La militarización ha impedido protestas sociales, silenciando a quienes se oponen a las políticas neoliberales y creando un ambiente de miedo y control.

Daniel Noboa ha propuesto una reforma constitucional que permitiría la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador. Esta propuesta ha sido defendida por el frente de seguridad y la canciller Gabriela Sommerfeld, bajo el argumento de fortalecer la seguridad nacional, pero que no es otra cosa de alinearse con las políticas de seguridad de Estados Unidos en el continente. No en vano ha tenido el rechazo porque para amplios sectores es visto como una intromisión en la soberanía del país y un refuerzo de la militarización que ya está en curso. Las bases militares se expanden mientras las libertades democráticas se reducen en medio de una crisis que ha sido aprovechada por sectores de la derecha para consolidar su poder.

Esta política de la militarización cae sobre los sectores más vulnerables, los trabajadores, la juventud. El caso de los cuatro niños de Las Malvinas, desaparecidos y luego encontrados muertos tras ser detenidos por una patrulla militar, es un ejemplo trágico de cómo la militarización afecta a los sectores más desprotegidos. Este caso simboliza la relación directa entre la ideología del gobierno de Daniel Noboa, cuyas acciones revelan una tendencia autoritaria y represiva, y los efectos reaccionarios de la militarización en el pueblo ecuatoriano.

En Ecuador es necesaria una salida desde abajo, de los trabajadores y el pueblo pobre

La necesidad de la organización y lucha independiente, desde abajo, de los trabajadores y el pueblo pobre, es más urgente que nunca. A pesar de la grave situación, los sindicatos y movimientos sociales no se han puesto a la altura de confrontar al gobierno. En lugar de unirse para derrocar las políticas represivas y económicas, muchas direcciones de los sectores sindicales y de movimientos sociales se han dedicado a negociar con el régimen, debilitando así la resistencia obrera, indígena y popular. La ausencia de una respuesta firme y unitaria ante la creciente militarización y persecución ha permitido que la derecha se fortalezca en medio de la crisis y de las duras políticas económicas impuestas por el FMI.

Es necesario dar una respuesta contundente ante la situación imperante. La militarización, la persecución política y la impunidad que caracterizan el régimen de Noboa solo pueden ser enfrentadas con una lucha consecuente, liderada por los trabajadores y el conjunto de los explotados. Es esencial la organización de manera independiente, imponiendo la resistencia desde abajo, de los trabajadores y el pueblo pobre, sin caer en los intereses de los gobiernos y partidos que han traicionado a la lucha de los trabajadores y las grandes mayorías populares.