Maduro, firmó este martes un decreto de emergencia económica para "preservar el equilibrio" del país, en medio de las sanciones y aranceles de Estados Unidos, de acuerdo a lo anunciado. Podrá dictar normas a voluntad como ya lo viene haciendo. En realizad se trata de incentivos a los empresarios y capitales, pero ninguno a favor de los trabajadores.
“Apelo a las facultades constitucionales para proteger todos los sectores productivos y garantizar equilibrio frente a las circunstancias mundiales”, afirmó Maduro al anunciar su decreto con una duración de 60 días prorrogables. Venezuela vuelve a un estado excepcional de regulación por decreto de la economía, como ya operó desde el año 2016 hasta el año 2020, donde se establecieron 27 prorrogas. En todo ese período, marcado por una de las más grandes catástrofes económicas y sociales que haya vivido país alguno, brutales medidas económicas fueron aplicadas con políticas que favorecieron a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, y significó uno de los mayores ataques en regla contra la clase trabajadora haciéndola pagar la crisis.
De acuerdo a Maduro el objeto del decreto de emergencia económica es para “proteger al pueblo” del impacto que tendrán en las finanzas nacionales de los aranceles y la retomada de sanciones con la suspensión de las licencias petroleras. Pero tal como ya ha sucedido en otros momentos, lo de “protección al pueblo” fue todo lo contrario. En los lineamientos generales de su decreto solo se observan incentivos a los grandes empresarios y los capitales nacionales e internacionales, en ningún momento hizo alusión, por ejemplo, al estado de emergencia que vive la clase trabajadora con un salario mínimo oficial menos de 2 dólares al mes.
Se anuncian incentivos al empresariado nacional como la suspensión del cobro de tributos nacionales, estadales y municipales y trámites administrativos, porcentajes de compra obligatoria de producción nacional, entre otras medidas favorable a los capitales. El mensaje fue directo: los inversionistas nacionales y extranjeros “serán tratados de manera especial para que vengan a traer sus recursos y que circulen en el aparato productivo y la economía nacional”. De eliminación del IVA que pecha directamente a lo que consume el pueblo ni hablar, de un aumento salarial al nivel de la canasta básica, mucho menos.
Entre las facultades que tendrá destacan también la potestad para concentrar en el tesoro nacional las contribuciones y tasas especiales, redireccionar los fondos existentes, aprobar endeudamiento público sin necesidad de tener autorización de la Asamblea Nacional y fijar regulaciones excepcionales y transitorias. Pero con el control desde hace tiempo del poder legislativo, para Maduro pasar por la Asamblea Nacional es una mera formalidad.
En su pomposidad, Maduro anuncia que "Se declara el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional en razón de las circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la economía del país, a los fines que el Ejecutivo Nacional adopte las regulaciones y medidas urgentes excepcionales y necesarias". Y agrega que se trata de "Una declaratoria de emergencia económica, donde asumo funciones especiales, constitucionales extraordinarias, para avanzar en la defensa de la economía venezolana, en su impulso, su desarrollo y tener todos los instrumentos, que además tenemos en consenso con los sectores productivos del país".
Con los sectores productivos no se refiere más que a las grandes cámaras empresariales e industriales, como Fedecámaras, Fedeindustria, Conindustria, entre otras, pero también de capitales extranjeros, con quienes ya se viene entendiendo, y aplicando medidas económicas y políticas para garantizar sus ganancias, mientras impone ingresos totalmente bonificados, en una relación de trabajo a destajo, sin ninguna protección social, sin existencia de contratos, y cuando existen, no pasan más de lo que se suele dominar “contratos basura” en medio de una gran precarización laboral.
La economía nacional amenaza con el peligro de volver a niveles de la brutal crisis reciente. En su guerra arancelaria con todo el mundo, la semana pasada, Donald Trump impuso nuevas tarifas del 15% a las importaciones de los productos venezolanos, sobre todo, en mariscos, pescado fresco, ron y café. Pero aquí no estará el mayor impacto en la economía venezolana, sino en la imposición del 25% de aranceles adicionales a cualquier país que compre petróleo venezolano y derivados, así como el levantamiento de las licencias a petroleras a empresas extranjeras como la estadounidense Chevron, la italiana Eni o la española Repsol.
Por más que Maduro diga lo contrario, Venezuela continúa más dependiente que nunca de los ingresos petroleros. Sin aún haberse aplicado estas últimas medidas en el sector petrolero que entrarán en vigencia a partir del 27 de mayo, ya ha provocado de manera casi inmediata un duro sobresalto cambiario, con su consecuente impacto en los precios, retomada de la inflación, y sobre todo un ambiente de alarma entre la población llana, que es la que sufre el impacto directo. La implementación de aranceles, la revocación de licencias y las sanciones económicas que se mantienen vigentes son herramientas de presión que buscan asfixiar a una economía venezolana ya endeble.
Si por un lado tenemos a Maduro, que con este nuevo decreto de “estado de emergencia económica”, prepara medidas capitalistas que terminan cayendo sobre el pueblo como ya vimos en el pasado con sus paquetazos económicos, por el otro, está el sector de la oposición patronal venezolana, sobre todo el que se referencia en la ultraderechista María Corina Machado y su combo, que aplaude y pide más sanciones económicas y medidas más duras por parte de Trump, cuyas consecuencias directas también caen sobre el pueblo trabajador.
Ambos son responsables de la tragedia que hemos vivido, y lo son también ahora, pues ambas políticas que impulsan actúan como tenazas sobre el cuello de la clase trabajadora y las grandes mayorías populares. Así como enfrentamos las políticas económicas capitalistas y el entreguismo de Maduro y a todo su régimen político, rechazamos y enfrentamos también las sanciones económicas imperialistas que se han venido imponiendo sobre el país, y que el sector de María Corina aplaude a rabiar también en su entreguismo desenfrenado para que continúen con la expoliación de nuestro país.
Recomponer nuestras fuerzas desde abajo para enfrentar las políticas antiobreras
Para el pueblo trabajador, para poder hacerle frente las políticas antiobreras del gobierno de Maduro y de toda la patronal, se hace imprescindible unificar sus fuerzas, a pesar de las debilidades que se afronta. Sabemos de las muy difíciles condiciones objetivas que hay en nuestra clase ante las dramáticas condiciones de vida, del profundo retroceso de nuestras fuerzas, el vaciamiento de los sindicatos, la disminución en número de la fuerza de la clase trabajadora por la masiva migración, la imposición por necesidad de tener que dividirse entre el trabajo asalariado y cualquier otra cantidad de trabajos por cuenta propia que para sobrevivir.
Pero a pesar de toda esta situación y de las derrotas sufridas por la dura represión por parte del gobierno, y el rol nefasto de dirigentes sindicales que en algunos momentos llevaron las luchas detrás de otros proyectos patronales distintos a los del gobierno, como en el caso de Guaidó en el 2019, se hace necesario buscar las vías para recomponer nuestras fuerzas mediante un camino que seguramente será tortuoso, pero es la única salida que tenemos para no terminar en una vida de esclavos. Tenemos que prepararnos para más ataques que puedan venir, así como para seguir luchando por nuestras demandas fundamentales, entre ellas un salario al nivel de la canasta básica familiar y por todos nuestros derechos que nos han robado.
