Como sabemos, el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal: solamente sus fiscales pueden, entre otras competencias, imputar delitos y solicitar sobreseimientos. Pues bien, en relación a algunos hechos delictivos que se cometieron durante el 2002 el MP tardó entre 36 y 68 meses para procesar a sus perpetradores, e imputarlos. Si hubiese actuado diligentemente y hubiera procesado oportunamente todos los actos de aquel año, quizás algunos de sus actores estarían tranquilos desde hace mucho: unos habrían sido absueltos y otros ya hubiesen cumplido las penas impuestas; y todos los demás habrían sido beneficiarios de la amnistía.
En contraste a la anterior inacción del MP, hasta este momento y en tan sólo 8 días contados a partir de la firma del Decreto-Ley de Amnistía, sus fiscales han solicitado el sobreseimiento de las causas a favor de 8 de las personas que participaron en aquellos sucesos. Veamos:
a. Carlos Ayala Corao fue imputado por el MP el 14 de abril de 2005, es decir, requirieron de 3 años para hacerlo.
b. Cecilia Sosa Gómez y José Gregorio Vázquez, imputados el 21 de octubre de 2005: tres años y medio.
c. Guaicaipuro Lameda, imputado el 27 de enero de 2006: 3 años y 10 meses.
d. Rafael Beltrán Marcano Ramos y Ramón Antonio Hernández Brito, imputados el 28 de noviembre de 2005: 3 años y 7 meses.
e. Enrique Mendoza y la periodista Milagros del Carmen Durán López, imputados el 5 de diciembre de 2007: ¡5 años y 8 meses!
Si a estos casos les sumamos todos aquellos que ni siquiera fueron procesados tendríamos una lista inconmensurable de anécdotas de la impunidad. Y es que, no hay dudas, el principal responsable de la falta de castigo a los delincuentes en nuestro país es el Ministerio Público. Y fíjense que nos estamos refiriendo a casos suficientemente difundidos a nivel nacional, imagínense las actuaciones de los fiscales con respecto a la gran cantidad de delitos que se suceden diariamente y que no trascienden de las páginas rojas de la prensa tradicional. Claro que el MP cuenta con un Poder Judicial repleto de cómplices, y unos cuerpos de seguridad formados para delinquir.
Ah, pero ya va, aporrea.org acaba de publicar este titular: “Continúa el goteo: Ministerio Público solicita sobreseimiento para Leopoldo López y 40 militares”. Tenemos, entonces, 49 solicitudes de este tipo.
Ahora muchos dirán que, en virtud de la sustitución de Isaías Rodríguez, la nueva Fiscal General (Fiscala según la CRBV) intenta hacer más eficiente la institución y a ello se debe la celeridad con la cual han solicitado los sobreseimientos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que muchos fiscales, defensores y jueces de este país acompañaron la sedición durante todo el período 2002-2003; que los vimos marchando “con sus banderas, sus consignas, sus pitos”; que luego del “fracaso del paro cívico”, decepcionados, retomaron la tarea de ampliar sus currículos y de arrimarse a árboles frondosos que le dieran sombra. Es decir, la mayoría de estos abogados, conciente -porque forman parte de redes opositoras- o subconscientemente, ansiaban dar la libertad a quienes en un momento dado fueron sus héroes. Y, por eso, de las imputaciones a los que participaron en el golpe de estado y el paro petrolero se ocuparon unos pocos fiscales que ejercieron sus funciones entre amenazas, cacerolazos y la muerte del emblemático Danilo Anderson.
En diciembre pasado el Poder Ciudadano cumplió 8 años de haber nacido con desviaciones perversas, y hay que apurarse en corregirle sus mañas porqué si no, en poco tiempo, nos imputará todos los males y no habrá quien pueda sobreseernos.
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