La Ministra de Pueblos Indígenas, autoridades del Estado Venezolano, como el Ejército, La Guardia Nacional, los medios de comunicación como Panorama y la Verdad, y funcionarios menores, son culpables en sus discursos de generar constantemente un escenario de estigmatizaciones y criminalización contra los pueblos indígenas, especialmente los que se encuentra en lucha por su derecho al territorio. Antes de la rueda de prensa de ayer, En una Reunión con la Sociedad Homo et Natura, Nicia Maldonado expuso que ella respetará la propiedad privada y que sobre Sabino (el hijo del abuelo asesinado por el hacendado Alejandro Vargas Chávez) ella tiene un expediente (el expediente de los ganadero que levanta desde hace años el Ej y la GN de Machiques) y sabe quién es él.
Ayer lo único que dejó claro en su rueda de prensa es que: Serán Los caciques de los centros pilotos "como jefes de los Yukpas" quienes decidirán el destino y las vidas de las comunidades Yukpas.
Hoy la fuerza de los Yukpa se concentra con mayor fuerza en las comunidades Chaktapa, Jararamû, Atapô, Mara Kunaka, Okontmû, Koropo, Río Yaja y Guacaipuro ocupantes ya de los empobrecidos fundos Tizina, Medellín, Maracay, Campo Libre, Paja Chiquita y Ceilán, parcelas a que se han ido ensanchando sus impresionantes acres a merced de los bosques y las tierras de los Yukpa, de los Barí, y los casi extintos Japrerias que nadie nombra y que día a día mueren como pueblo en silencio, así como se nos murieron los Añú hablantes.
Los solitarios patios de estas haciendas son verdaderos cementerios de árboles con los que trafica el hacendado la madera, la aberración por la tierra es tan despiadada en Perijá que los hacendados han cercado con alambres de púas los bosques completamente como potreros, pero en vez de vacas, potreros de árboles para el sacrificio clandestino y alcahueteado.
Y aún así es a ellos a quienes se les ha de respetar el derecho a la propiedad privada. Y quien respeta el derecho del indígena a recuperar sus espacios ancestrales arrebatados.
La Paz Blanca se agotó, los indios guerreando otra vez y ya no están solos. Individualidades inmensas y de diversos sectores estamos juntos en su lucha, que es ahora o nunca. La experiencia de la desmantelada ya Comisión de Demarcación de tierras fracasó, la asesinó el poder trasnacional minero y el poder ganadero.
El ejercito sólo cuidará las haciendas de los poderosos, como si la retoma de sus territorios indígenas fuera una espacie de plaga nacional sin control.
Hoy el diario La Verdad acusa a Nicia de propiciar "las invasiones en Machiques" y a terceros, es decir, nosotros los ecologistas, que saldrá de esa maniobra, no sabemos, lo que sí está claro es que con los futuros pronunciamientos del cacique Yukpa Ezequiel Anane, cacique únicamente del Tukuco y otras anexiones de algunos pueblos que mantienen cada uno sus propios caciques y que ese vínculo sólo es válido para resolver asuntos créditos y ayudas, María teresa Yaspe cacique de Toromo (en proceso de sustitución), Jesús Terán cacique de Neremu sin ninguna anexión de otras , y dos Yukpas más que no son caciques de ninguna comunidad sino miembros, se pretende dar sentencia a las exigencia al destino de 8 pueblos autónomos de estos que mencionamos cada uno con su propia autoridad legítima, autónoma.
Sabemos que Yaspe y Anane están presionados políticamente para hablar, pues ellos gustan de ser futuros ministros indígenas, un asunto enraizado de años en la burocratización de las estructuras políticas naturales a lo interno de los pueblos.
Ningún cacique aceptará la decisión que sobre su destino emane de otros caciques que sólo tienen injerencia en su propia comunidad y es una verdad demasiado absoluta a lo interno de estas comunidades. El desconocimiento de estos elementos en la sociedad criolla tergiversa. Pero es un asunto demasiado claro a lo interno del pueblo Yukpa que está compuesto por más de 76 comunidades cada una autónoma y propia de su destino.
Tan sólo por esta razón, la decisión que emane de estos 5 caciques es nula por el más sencillo ejemplo de democracia, además que nadie puede decidir en contra de cientos de familias que se quedarán sin comunidad y de quienes nos preguntamos entonces ¿qué hará el Estado con ellas, a dónde las llevarán a vivir?
