Comunicado público de la Plataforma de Mujeres por la legalización del aborto

A propósito del reciente comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, en el cual expresa su profunda preocupación ante la “posibilidad” de que en el marco de la Ley de Igualdad y Equidad de Género, se abra la discusión y posible aprobación de la despenalización del aborto, y en vista de que la respuesta de la Asamblea Nacional fue tan reaccionaria como la queja episcopal, nosotras, mujeres revolucionarias, levantamos indignadas nuestra voz frente a la sistemática indiferencia por parte de distintos sectores de la sociedad, la Iglesia (católica y evangélica) y del Estado, ante las miles de mujeres pobres que mueren cada año en nuestro país por abortos mal practicados, y en condiciones inseguras, que parece no afectar en lo más mínimos a todos/as aquellos/as que tanto se rasgan las vestiduras en “defensa de la vida”.

¿Por qué dentro de un gobierno que se proclama socialista se eluden, evitan y postergan discusiones fundamentales en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo el derecho a la unión civil entre personas del mismo sexo y el derecho que tiene toda mujer a decidir sobre su propio cuerpo, su propio proyecto, eligiendo en el momento en que ella lo consienta, interrumpir un embarazo no deseado en condiciones seguras, gratuitas y legales?

¡El Estado es laico,
la revolución es soberana,
la practica religiosa es personal!

En un Estado laico la opción religiosa es un asunto de carácter personal. El que nuestra Constitución garantice la libertad de cultos no quiere decir que los valores que sostenga una religión en particular se erijan como los valores “universales de toda la población”, muy por el contrario, coloca en el mismo rango de expresión y de derechos a todas y cada una de las creencias que hombres y mujeres asuman.

Es desde todo punto de vista inaceptable que las iglesias católica y cristiana evangélica pretendan imponerse y tener injerencia sobre debates que atañen al ámbito público y sobre los cuales la Asamblea Nacional está obligada a legislar para todas las venezolanas/os y no solo en función del sector que adhiere un religión en especial,.

Por su carácter laico, el Estado debe garantizar el derecho que las mujeres tenemos de decidir cuándo queremos ser o no ser madres como una decisión libre y soberana, además de garantizar todo los mecanismos para que podamos gozar de una sexualidad responsable y libre, lo que implica implantar una ofensiva política de salud reproductiva que lo garantice. La legalización del aborto, no implica que su práctica se convierta en un acto compulsivo ni que sus índices aumenten; tampoco supone que se le imponga a mujeres que no compartan esta como una opción; en cambio, la penalización del mismo, expone las vidas de mujeres que por diversas causas, se ven en la necesidad de interrumpir un embarazo aún en condiciones inseguras.

En Venezuela se aborta con ley y sin ella, con pronunciamientos, peticiones de prohibición y silencio de la Asamblea Nacional. No es un artículo legal ni un pronunciamiento episcopal lo que va a impedir lo que ya es una práctica cotidiana. El aborto no lo inventan los/as legisladores/as ni los médicos/as y tampoco lo van a detener los pronunciamientos inquisidores de las iglesias.

La prohibición y el oscurantismo que las religiones pretenden imponer sobre la alternativa de interrumpir o no el embarazo, solo produce muertes por abortos en condiciones de precariedad, lo que conlleva no solo a la muerte, sino también a las hospitalizaciones por infecciones, hemorragias, esterilidad, perforación uterina y otras consecuencias derivadas de la práctica clandestina. Nadie sufre más esta situación que las mismas mujeres, sobre todo las mujeres trabajadoras y campesinas de los sectores populares. Mientras el derecho a un aborto seguro está garantizado de hecho para las mujeres de las clases medias y altas, que pueden pagar altas sumas de dinero por ello, las mujeres de los sectores populares tienen que recurrir a prácticas completamente inseguras que ponen en riesgo su vida y la posibilidad de ser madres cuando ellas lo decidan. Por eso afirmamos que, mientras las ricas abortan, las pobres mueren.

En todas las revoluciones socialistas surgidas en la historia, el aborto se ha convertido en un derecho fundamental de las mujeres en pro de su emancipación y en pro de la construcción de una sociedad justa y sin oprimidas/os. Fue la Unión Soviética el primer país del mundo en garantizar este derecho, y, en Cuba el aborto fue legalizado en 1965, una vez declarado el carácter socialista de la revolución. Y si no queremos hablar de las experiencias socialistas, en los países llamados “desarrollados” o “del primer mundo”, el aborto es considerado un derecho y por lo tanto se brindan las condiciones para que su práctica se desarrolle en condiciones seguras que no arriesguen la vida de las mujeres.

Hay un circuito importante de la sociedad que se lucra de la práctica del aborto clandestino. Por otro lado, hay un alto porcentaje de mujeres que deben asumir un embarazo no deseado, y por tanto, una maternidad forzada e impuesta. No es casual que de ese porcentaje, el mayor índice corresponda a mujeres que vienen de los sectores populares.

¿Si la penalización del aborto no reduce su práctica, entonces a quién beneficia?
¿Quién es responsable de las centenas de muertes de mujeres por abortos mal practicados que son producto de la penalización que tanto defiende la Iglesia?

Cuando las religiones dejen de promover un dios castigador, capaz de matar a quienes no le sean fieles; cuando la iglesia deje de reivindicar la fórmula inquisitoria para condenar seres humanos; cuando la Iglesia deje de dar su apoyo a las dictaduras y se retracte por ello; cuando se pronuncie y luche contra el golpe de Estado de Honduras y se retracte por promover y apoyar uno nuevo en Venezuela; cuando alce su voz en contra de las detenciones, desapariciones, torturas y muertes de mujeres, transexuales, gays, lesbianas, feministas, campesinas/os y trabajadoras/es del pueblo pobre que en Honduras han decidido arriesgar sus vidas en defensa de sus intereses y derechos democráticos legítimos, cuando todo ello ocurra, entonces podremos sentarnos a hablar con la iglesia sobre el derecho a la vida.

Cuando el Estado garantice en cada rincón del país una educación sexual real para todas las mujeres y varones (anticonceptivos gratuitos y educación sexual sin tabúes); cuando no sean sólo las mujeres las que asuman el cuidado y la crianza de las niñas y niños; cuando las instancias de decisión del Estado asuman el debate con todos sus riesgos, garantizando con ello el derecho al aborto legal y gratuito para todas las mujeres; entonces estaremos hablando de garantías al derecho a la vida.

¡Por un país y una sociedad revolucionaria, socialista y feminista!
¡Educación sexual para decidir!
¡Anticonceptivos para no abortar!
¡Aborto legal, seguro y gratuito para no morir!

Plataforma de Mujeres por la Legalización del Aborto
Miércoles 15 de Julio de 2009
Persona contacto : Diana Cordero - dianacord@gmail.com