Noviembre 12 de 2016.- El trabajo del mecanismo de seguimiento del caso Iguala partirá de la base sólida de que los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero de Cocula, algo físicamente imposible, afirmó el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, quien instó al gobierno mexicano a cambiar esa narrativa. Reseñó La Jornada
Adelantó que se dará seguimiento a la hipótesis de que las declaraciones sobre las cuales se construyó la llamada verdad histórica se hicieron bajo tortura. De manera particular, las denuncias que presentaron seis de los detenidos que en sus declaraciones refieren los hechos de la incineración, pues se trata de algo inverosímil. Dijo que 80 de los más de cien detenidos han denunciado tortura y 60 presentaron lesiones corporales.
Rechaza la verdad histórica
En conferencia de prensa en la que se presentó el plan de trabajo y la metodología que usará el mecanismo, el presidente de la CIDH explicó que darán seguimiento a diligencias y hechos pendientes de investigar, entre ellos las entrevistas a los militares del 27 batallón de Iguala, presentes en varios de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como la actuación de Tomás Zerón, funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) que encabezó durante año y medio las investigaciones.
Acompañado por Enrique Gil Botero, coordinador del mecanismo, y Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, el presidente James Cavallaro desechó en forma tajante la versión oficial.
No se pueden buscar formas de reforzar la versión del basurero de Cocula. Es algo físicamente imposible. Hay imágenes satelitales que comprueban que eso no pasó. No hubo un incendio de varios días. No hay que seguir analizando otras líneas; hay que analizar líneas factibles, dijo Cavallaro.
Los comisionados de la CIDH e integrantes del equipo técnico que los ayudará en su tarea se reunieron ayer por la mañana con el titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, la canciller Claudia Ruiz Massieu y el subprocurador de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.
Los comisionados evadieron decir si durante la reunión los representantes del gobierno hicieron algún compromiso. Gil Botero se limitó a señalar que ante la situación que persiste más de dos años después de que comenzó la investigación el Estado mexicano tiene el deber de redoblar su esfuerzo para conocer la verdad de los hechos y hacer justicia.
En diferentes momentos, los comisionados Gil Botero y Cavallaro señalaron que con la implementación del mecanismo –que tendrá vigencia hasta noviembre de 2017– servidores públicos y ex funcionarios podrán ser entrevistados durante las investigaciones, como sería el caso de Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
El presidente de la CIDH aclaró que el mecanismo no abrirá más líneas de investigación, sino que seguirá el sólido trabajo y recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Además, precisó las tareas y las limitaciones que tiene dicho instrumento.
"No podemos investigar, podemosmonitorear, asesorar. No va ser la misma dinámica del GIEI, del que contamos con su contundente y sólido trabajo. Se trata de impulsar el cumplimiento de esas recomendaciones", respondió Cavallaro.
Gil Botero precisó que el mecanismo tiene cuatro grandes ejes:monitorear el avance de la investigación; asesorar y apoyar el proceso de búsqueda de los jóvenes desaparecidos; asegurar la atención integral a las víctimas y sus familiares, e impulsar las medidas estructurales para evitar la repetición de hechos similares.
Paulo Abrao informó que habrávisitas oficiales periódicas de los comisionados, además de las visitas técnicas de los cinco asesores. El mecanismo contará con 567 mil dólares que aportó el gobierno mexicano para su funcionamiento.
SRE, PGR y Gobernación se comprometen a seguir todas las líneas de investigación posibles
Fabiola Martínez
La Procuraduría General de la República (PGR) informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca del cumplimiento de 93 por ciento de las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Iguala.
Funcionarios federales se reunieron ayer con Enrique Gil Botero, relator de la CIDH para México y coordinador del mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayot-zinapa en septiembre de 2014.
En la delegación participan también James Cavallaro y Paulo Abrao, presidente y secretario ejecutivo de la CIDH, respectivamente.
Los visitantes fueron recibidos por los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, y de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, así como por integrantes de ambas dependencias y de la Secretaría de Gobernación.
Con lo anterior comenzaron de manera formal las labores del mecanismo relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes, quienes, según la PGR, fueron entregados por policías municipales a grupos criminales.
Ruiz Massieu dijo que la puesta en marcha del mecanismo de seguimiento muestra el compromiso del gobierno mexicano para el esclarecimiento de los terribles acontecimientos, sancionar a los responsables y reforzar la atención integral a las víctimas.
Reiteró la disposición al diálogofranco y transparente con la CIDH, en especial para instrumentar las medidas cautelares.
Se cumplirán medidas cautelares
Cervantes Andrade destacó el compromiso de continuar agotando todas las líneas de investigación en el caso y de fortalecer la interlocución con los familiares de las víctimas y sus representantes para su esclarecimiento efectivo.
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, subrayó que hay plena disposición para cumplir las medidas cautelares.
Después del encuentro Gil Botero se reunió con funcionarios de alto nivel de las dependencias para presentar el plan de trabajo del mecanismo de seguimiento para el próximo año.
En un comunicado conjunto, SRE y PGR señalaron que no hay ninguna línea de investigación excluida y que se han utilizado todos los recursos al alcance, incluida tecnología avanzada, para nuevos operativos de búsqueda.
Manifestaron que también se atienden las recomendaciones de la CIDH, derivadas de su trabajo en 2015, así como de otros casos pendientes ante la comisión, con miras a identificar los que son susceptibles de solucionar en el mediano plazo, de acuerdo con los estándares internacionales.