San Salvador, mayo 18 - Un juez salvadoreño ordenó reabrir el caso del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero y anuló la orden de libertad que en 1993 benefició a un militar acusado por el crimen.
La decisión del juez Rigoberto Chicas se basa en la derogación de la Ley de Amnistía General, que impedía investigar y juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992).
Al anular el beneficio a Álvaro Rafael Saravia, capitán de la fuerza armada de El Salvador y único procesado por el asesinato de Romero, el ministerio Público deberá pronunciarse sobre el caso. Según Chicas, de este modo se podrán garantizar los derechos fundamentales de las víctimas en esos crímenes de guerra y lesa humanidad. El juez también pidió que la Fiscalía General se pronuncie sobre otros sujetos que pudieron haber estado involucrados en el asesinato pero hasta el momento no han sido considerados.
En días pasados, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil habían pedido al tribunal de justicia que se reabriera la investigación sobre la muerte de Romero y que se procesara a los autores materiales e intelectuales.
Los abogados de la oficina de Tutela Legal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) incorporaron a la petición los informes de las investigaciones del caso desarrolladas por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, así como el informe y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según Tutela Legal, en los informes se menciona a personas que integraban el llamado “escuadrón de la muerte”, que presuntamente provocó el fallecimiento del párroco, pero es necesario investigar.
En 2010, el entonces presidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) reconoció la responsabilidad histórica del Estado en el asesinato de Romero, que aseguró “fue víctima de la violencia ilegal que perpetró un escuadrón de la muerte” y pidió perdón por el magnicidio. Sin embargo, los responsables materiales del crimen no fueron procesados debido a la amnistía promulgada por el gobierno de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en 1993.
Romero —“La Voz de los sin voz”, como le llamaron por abogar por los más pobres e indefensos durante la represión impulsada por los militares en los años 70—, fue asesinado por un francotirador mientras oficiaba misa en la capilla La Divina Providencia el 24 de marzo de 1980, un día después de pedir a los militares en una homilía. El arzobispo salvadoreño fue beatificado en mayo de 2015 por la Iglesia católica en San Salvador en una emotiva ceremonia que elevó al sacerdote a la categoría de beato y mártir, 35 años después de que fuera asesinado.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, creada poco después de los acuerdos de paz, determinó que el autor intelectual del crimen fue el ya fallecido mayor Roberto d’Aubuisson, fundador del partido derechista Arena, que gobernó el país durante 20 años (1989-2004).
