28 de Junio.- La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, desconoció las dos últimas sentencias emitidas este martes 27 de junio por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en las cuales se otorgan competencias a la Defensoría del Pueblo en investigaciones penales que adelante el Ministerio Público y también se destituye al Vicefiscal General.
Desde el auditorio de la sede principal del Ministerio Público, en Caracas, Ortega Díaz afirmó este miércoles 28 de junio que "desconozco esas sentencias del TSJ que buscan el aniquilamiento del Estado venezolano".
En cuanto a una de ellas, la Fiscal General advirtió que le dan competencia y facultades propias del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo, pero los magistrados no motivaron el fallo. "Esta sentencia está inmotivada. No ofrecen las razones por las cuales ellos toman esta decisión. Falta el sustento. Hay que aclarar por qué razones ellos tomas esa decisión", afirmó Ortega Díaz.
Indicó que si se analiza dicho dictamen en el contexto de la crisis de desabastecimiento que atraviesa el país, los derechos humanos de todos los venezolanos están en peligro.
En ese sentido, afirmó que el máximo tribunal quiere hacer con el Ministerio Público lo que hizo con la Asamblea Nacional, por lo que consideró que aún se continúa en presencia de la ruptura del orden constitucional, "se sigue violando la Constitución y desmantelando el Estado".
Detalló que se está en presencia de un proceso de desmontaje progresivo de la institución que representa, que incluye el rechazo de las distintas acciones y solicitudes que ha ejercido el Ministerio Público ante el TSJ.
Enumeró como evidencia que los fiscales del caso solicitaron la privativa de libertad contra el funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que conducía la tanqueta que arrolló a un manifestante, y un tribunal negó la solicitud con el argumento de que al militar se le estaban cercenando las garantías.
Adicionalmente, nombró todas las descalificaciones públicas a su persona, así como los asedios a la sede, situación que es pública, notoria y comunicacional. Denunció que en el último evento (19 de junio), ocho funcionarios del Ministerio Público fueron víctimas de agresiones y robos.
"Todo para acabar con la institución, para acabar con el Estado. La inseguridad jurídica aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque ahora las personas no saben a dónde van a tener que acudir para defenderse, tendrán que ir a la Defensoría y al Ministerio Público, porque nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro rol, el que legal y constitucionalmente tenemos atribuidos", dijo Ortega Díaz.
Agregó que esta situación plantea inseguridad jurídica a los ciudadanos, porque las personas deben tener la certeza de cuál será el órgano investigador, pues cualquier institución no puede abrir una investigación contra alguien.
Esto es una provocación
En relación con la sentencia Nº 470, que declara el cese de funciones del vicefiscal, Rafael González Arias, la Fiscal General sostuvo que de acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público del año 2007, está facultada para designar a ese funcionario y la Asamblea Nacional ratifica o no ese nombramiento.
Aseguró que solo la Fiscal General puede destituir al Vicefiscal, por lo que criticó que los magistrados de la Sala Constitucional se hayan arrogado sus atribuciones al respecto.
"Esto es una provocación en mi contra, con oscuros propósitos. El TSJ está derogando la Constitución y no lo voy a permitir", aseveró Ortega Díaz.
No desaprovechó el escenario frente a los periodistas para recordar la irregularidad cometida en 2016 por el TSJ contra la Asamblea Nacional. "Los diputados no reaccionaron; ustedes no están en desacato, pues el desacato no lo cometen las instituciones (…) esos magistrados son ilegítimos y no toleran una auditoría: sus decisiones no tienen fuerza de ley", puntualizó la Fiscal General.
Defenderla hasta con mi vida
Tras denunciar "la clara intención del TSJ de anular al Ministerio Público", Ortega Díaz invocó el artículo 333 del texto fundamental, el cual obliga a los venezolanos al restablecimiento efectivo de la Constitución.
En este sentido, invitó a los trabajadores del Ministerio Público y a los venezolanos sin distinción de ninguna especie a defender la carta magna, aprobada en referendo popular en el año 1999.
Al parafrasear al presidente Hugo Chávez, la Fiscal General sentenció: "Lo juro: defenderé hasta con mi vida a esta Constitución y la democracia".
Hizo un llamado a los venezolanos a unificar esfuerzos para resolver los actuales problemas sociales, políticos y económicos. "Hay que apegarse a la Constitución; las armas están para defender al pueblo", advirtió.
Constituyente agravará la situación
Consideró que el limbo de la inseguridad jurídica se agravará de llegar a consolidarse la Constituyente, pues con fundamento a las sentencias, cualquier organismo público puede investigar a una persona "porque le cae mal", ironizó la máxima representante del Ministerio Público.
"Sentencias como estas es para que muertes como la del joven Juan Pernalete sean por una pistola de perno cautivo y no por una bomba lacrimógena de la GNB, como realmente sucedió", añadió.
Ortega Díaz manifestó que este tipo de fallos lo que persigue es tomar decisiones que beneficien a un grupo o sector. Para la Fiscal General "alguien quiere investigaciones penales a su medida".
Por ello, no descartó que con fundamento en lo expuesto, la escalada de represión vaya en aumento. Al respecto se preguntó si dicha sentencia serviría, más bien, para justificar la violación de los derechos humanos.
Agregó que como no pueden vencer con votos usan el derecho penal para aniquilar.
Manifestó que el TSJ ha emitido sentencias con las que se le entregan las investigaciones por violaciones de derechos humanos, posiblemente, a quienes se erigen como principales trasgresores de estos. "¿Ustedes creen que puede haber una investigación penal seria e imparcial en los términos establecidos en esta sentencia?", se preguntó.
Para Ortega Díaz es preocupante que todo aquel que sea distinto políticamente es calificado de terrorista, "aquí parece que todo el país es terrorista".
Terrorismo de Estado y barbarie
Para la Fiscal General no cabe duda de que en Venezuela hay terrorismo de Estado, pues en el país las manifestaciones son reprimidas cruelmente, se enjuician a civiles en justicia militar, ocurren allanamientos sin orden judicial y no se da acceso a las pruebas que hay contra las personas por presuntamente incurrir en un delito.
Igualmente, aseguró que el derecho a participar y a elegir han sido conculcados por el gobierno, están cerrados, por ello, no dudó en reiterar que eso es terrorismo de Estado.
A todo este sistema de restricciones se suman las últimas sentencias del TSJ. En ese sentido, recomendó a los representantes de los medios de comunicación revisar los fallos y comparar cuántos derechos tenían los venezolanos hace cinco años atrás en contraste con la actualidad.
"Tenemos una minoría queriendo imponer una Constituyente, y lo hacen a espalda del pueblo. Y si no ganan por votos lo van a hacer por las armas, es decir, que si pierden una justa elección, van a tomar las armas. Estamos frente a acciones de barbarie".
Precisó que el gobierno por medio de la violencia incita a la insurrección armada, lo que demuestra que están desesperados para que haya un alzamiento militar o un golpe de Estado.
Respecto a este punto exhortó a los venezolanos y al país para que se mantengan apegados a la Constitución y a la ley, razón por la cual enfatizó en que se debe actuar en función de la tranquilidad del país.
Citó al presidente Hugo Chávez al decir que un gobierno expropiándole al pueblo su soberanía es contrarrevolucionario.
Precisó que todas estas manifestaciones de violencia y de odio por parte del gobierno riñen con la venezolanidad, con el sentimiento que hace amar donde se nace, que es el lugar de los apegos y las querencias. "Es el momento de amar al país, que nos duela lo que sucede y se le dé respuesta a la gente, que se le diga cómo se van a resolver los problemas que los aquejan".
Ortega Díaz fue acompañada en este nuevo pronunciamiento ante el país por el vicefiscal González Arias, y los directores generales y de línea del organismo.
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— Ministerio Público (@MPvenezolano) 28 de junio de 2017