Las organizaciones Alianza por la Solidaridad, Greenpeace España y el Colectivo Madreselva de Guatemala, exigen la inmediata puesta en libertad del líder indígena q’eqchi’ Bernardo Caal Xol, detenido el pasado martes.

Caal ha denunciado públicamente las ilegalidades en el otorgamiento de licencias ambientales y concesiones para la construcción de megaproyectos hidroeléctricos sobre el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz. El mayor de estos proyectos es el complejo RENACE, una obra que construye el grupo Cobra (ACS) en calidad de subcontratista.

Caal fue arrestado en la localidad de Cobán cuando se encontraba en la sede judicial para responder a una acusación previa por estafa en la que se trató de imputarle en el marco de un conflicto laboral. Fue allí mismo, mientras acudía a demostrar su inocencia, donde le notificaron otros delitos (robo, instigación a delinquir, amenazas y detenciones ilegales) con los que claramente se busca criminalizarle.

"Soy un preso político que se encuentra en esta situación por denunciar el secuestro de los ríos, por declarar que los están matando, pero lo voy a seguir haciendo, denunciando lo que acontece al pueblo Q’eqchi’, el saqueo de su territorio. El Ministerio Público no pudo demostrar las acusaciones anteriores y ahora sale con otras. El objetivo es callar e intimidar a la gente", manifestó Caal momentos antes de ser encarcelado.

Alianza por la Solidaridad junto con Greenpeace España ha lanzado una campaña de recogida de firmas dirigidas a la Embajada de Guatemala en España para que el Estado de Guatemala promueva la libertad del líder indígena y proteja a los defensores de los ataques y amenazas que sufren en el país.

Hace unos meses, el líder indígena declaró que temía "acabar como Berta Cáceres", en alusión a la líder hondureña asesinada en 2016 por oponerse a proyectos hidroeléctricos en su país. De hecho, el pasado año, Bernardo Caal tuvo que permanecer escondido varios meses, después de que se dictara una orden de captura contra él y tras sufrir numerosas amenazas personales.

Su figura se hizo conocida, y ha alcanzado relevancia social, tras encabezar la denuncia judicial y pública contra la hidroeléctrica OXEC, que afecta también al mismo río Cahabón y que había destruido el bosque circundante. Una sentencia reciente permite que la empresa siga adelante tras el pago de una multa de 470.00 euros, sin considerar la consulta comunitaria ‘autoconvocada’ por los Q’eqchi’es en agosto pasado en la que ganó por mayoría el ‘no’ al proyecto. Es la única consulta que se ha realizado.

Asimismo, Caal ha sido cabeza visible en la lucha q’eqchi’ contra el complejo hidroeléctrico RENACE, que está siendo construido por la empresa Corporación Multiinversiones y en la que colabora en calidad de subcontratista el Grupo Cobra (del Grupo ACS), empresa presidida por Florentino Pérez. Esta obra, realizada en cinco fases diferentes, colapsa durante la época seca el cauce del río Cahabón en casi 30 kilómetros, afectando a 29.000 personas pertenecientes al pueblo Q’eqchi’.

Alianza por la Solidaridad, que investigó el caso, ha recogido ya más de 25.700 firmas exigiendo a la empresa española Grupo ACS que paralice su participación en la obra en tanto no se respetan los derechos humanos y del territorio de las comunidades q’eqchi’. Junto con el Colectivo Madreselva y acompañadas de Greenpace España, las entregaron en la sede de ACS de Madrid en noviembre de 2017.

Este caso ha sido recientemente incluido por Greenpeace en el informe "Justicia para las personas y el planeta. Por el fin de la impunidad de las grandes corporaciones", donde se recopilan otros 20 casos de malas prácticas empresariales y se proponen 10 principios fundamentales para evitar que las empresas cometan abusos al medio ambiente y a los derechos humanos. Este informe fue hecho público durante el reciente Foro Económico Mundial celebrado en enero en la ciudad suiza de Davos.

Las obras de estas dos hidroeléctricas, RENACE y OXEC, han sido motivo de numerosas manifestaciones y protestas en la capital, Ciudad de Guatemala. Cabe recordar que, en marzo de 2017, la Cámara de Comercio de España en Guatemala hizo un comunicado público en el que solicitó a las autoridades judiciales gualtemaltecas que iniciaran "persecuciones penales" contra los líderes que se manifestaban en la capital del país, entre los que estaba Bernardo Caal, por considerar que alteraban el orden público.

Julio González, del Colectivo Madreselva ha señalado: "la intención de encarcelar a Bernardo es callar la voz del pueblo Q’eqchi’ que ha denunciado la violación de derechos de hombres, mujeres y niños afectados en su derecho a la vida, el agua y el territorio. Empresas que se demuestra que delinquen pueden seguir actuando mientras los defensores acaban en la cárcel y con persecución política".

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