07-07-21.-Al menos 20 familias indígenas de la cuenca del Caura, en el municipio Sucre del estado Bolívar, huyeron en las últimas semanas de sus hogares y conucos debido a la violencia generada en las zonas mineras del sector, reportó la ONG defensora de derechos indígenas Kapé-Kapé, reseñó el portal El Correo del Caroní.
El vocero de la organización aseguró que el detonante del desplazamiento forzado de los indígenas fue el asesinato de cuatro personas a mediados de abril en la mina El Silencio. Una de las víctimas era el capitán del pueblo jivi, Nelson Pérez.
Desde entonces, las familias del lugar abandonan sus caseríos y conucos para trasladarse a una zona donde se sientan seguras. Algunos se trasladan a otras comunidades al otro lado del río y otros deciden migrar hacia Puerto Ayacucho, estado Amazonas, reseña el medio.
Cuatro líderes indígenas asesinados
Entre 2018 y 2020 han sido asesinadas cuatro autoridades indígenas en medio de disputas por el control de los territorios mineros. En la zona operan grupos armados, guerrilla extranjera y también ocurren conflictos entre etnias.
Desde que la minería ilegal comenzó a ejercerse con mayor frecuencia en territorios indígenas, a partir de la creación del proyecto extractivista Arco Minero del Orinoco (AMO) aumentó la incursión de grupos armados, la presencia de cuerpos de seguridad del Estado, las disputas entre etnias por el control de los yacimientos auríferos y, por lo tanto, la violencia, sin que el Estado tenga capacidad -o intención- de imponer el orden.
En esta zona, donde habitan más de cinco pueblos indígenas, han ocurrido al menos cuatro enfrentamientos armados en lo que va de 2021. De acuerdo con Kapé-Kapé, hasta abril no se había reportado ninguna muerte indígena.
En marzo, una maestra del Grupo Escolar Maripa y su esposo fueron asesinados durante la incursión de un grupo armado en la mina El Kino, mismo lugar donde trabajaban tres mineros que desaparecieron en mayo cuando regresaban a la población de Guarataro, donde residen.
La presencia de cuerpos policiales y militares en el territorio no es sinónimo de seguridad sino que estimula la tensión. En febrero de este año, la organización reportó la incursión de distintos grupos policiales y militares, que inició en el sector Alto Caura, y luego se desplazó hasta el Bajo Caura.
Aunque en principio se trató de un “operativo de seguridad” para desplazar a los grupos armados que actúan en la zona (bandas armadas y guerrilla colombiana), los habitantes del sector denunciaron que recibieron malos tratos y el destrozo de los conucos por parte de los oficiales.
Los indígenas continúan siendo víctimas de desplazamiento forzado, abusos, destrucción de sus pertenencias, amenazas y demás tratos crueles, inhumanos y degradantes. Quienes aún se oponen a la minería, o quieren controlar la forma en la que esta se ejerce en sus territorios, siguen exigiendo la demarcación de sus tierras así como el respeto y resguardo de sus territorios ancestrales.