10-05-25.-El colectivo Madres en Defensa de la Verdad, que agrupa a familiares de jóvenes detenidos arbitrariamente tras las elecciones presidenciales de 2024, se movilizó el martes hacia Miraflores con el objetivo de consignar una carta dirigida a Nicolás Maduro para solicitar que reanude las excarcelaciones.

El grupo fue interceptado por un piquete policial en el Bulevar Panteón, que le impidió avanzar y solo se permitió que una comisión llegara hasta el palacio de gobierno.

Xavier Morillo | TP

Las madres comisionadas para entregar la carta fueron recibidas en las afueras de Miraflores. Una funcionaria aseguró que no podían ingresar por el nuevo horario laboral que ha impuesto el Ejecutivo en la Administración Pública. Las familiares de los jóvenes encarcelados desde hace ocho meses se negaron a ser atendidas en la calle y acordaron regresar este miércoles para consignar formalmente la misiva.

A partir de diciembre de 2024, la administración de Nicolás Maduro comenzó a excarcelar a personas detenidas durante las protestas populares que siguieron a las cuestionadas elecciones presidenciales de las que hasta hoy no hay resultados oficiales bajo los parámetros de ley. Sin embargo, desde marzo las excarcelaciones se detuvieron y aún permanecen en prisión alrededor de 300 personas. La mayoría en el Centro Penitenciario de Tocorón, estado Aragua.

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En la carta, las madres recordaron que la inmensa mayoría de los detenidos tras el 28 de julio «no se encontraban cometiendo ningún delito en flagrancia, ni existió sobre ellas ninguna orden judicial».

«La actuación policial que dio lugar a estas detenciones se caracterizó por un uso desproporcionado de la fuerza y la comisión de delitos, durante los procedimientos, lo que se expresó en golpes, maltratos, allanamientos ilegales y robos de pertenencias, como motos y teléfonos celulares», agregaron.

Madres en Defensa de la Verdad también reiteró que en varios de sus familiares «fueron víctimas de desapariciones forzadas de corta duración», en vista de que las autoridades policiales «negaron de manera sistemática información sobre el lugar en el que se encontraban detenidas».

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La detención arbitraria de los jóvenes se ha agravado con procesos judiciales violatorios del debido proceso: «Nuestros seres queridos en ningún caso tuvieron la posibilidad de nombrar a sus defensores de confianza; y las audiencias de presentación ocurrieron por vía telemática y colectiva, sin la debida individualización de los hechos atribuidos a cada persona detenida», relataron.

El colectivo también cuestionó el papel de la defensa pública que se les impuso a los detenidos: «durante la fase de investigación promovieron pocos o ningún medio probatorio a favor de las personas a quienes, en teoría, les corresponde defender».

Renunciar a ver a un hijo para poder enviarle galletas

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Durante estos ocho meses, la salud física y mental de los detenidos se ha deteriorado. Además, el encierro prolongado se ha convertido en una pesada carga para este grupo de mujeres de escasos recursos: «Sobre nosotras recae la provisión de alimentos y medicinas los días de visita, la contención emocional de nuestros seres queridos, las gestiones judiciales, y la lucha por la libertad».

A los detenidos solo se les permite recibir galletas y chocolate. Sin embargo, sus madres ahora se debaten entre visitarlos o enviarles el paquete con estos productos, «como consecuencia de la reciente escalada del dólar».

«Se nos ha hecho cada vez más insostenible costear simultáneamente los gastos de transporte y la compra de estos alimentos», apuntaron.

Velar por los derechos de los presos así como por los migrantes detenidos en El Salvador

Xavier Morillo | TP

El colectivo Madres en Defensa de la Verdad manifestó su rechazó a «las graves injusticias» que se están cometiendo contra los venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador y compararon la situación con la de sus familiares a los que «no se les ha respetado el debido proceso ni el derecho a la defensa y se les ha sometido a indignas condiciones de reclusión».

«Celebramos la decidida acción del Estado venezolano en la denuncia de estas graves violaciones a los derechos humanos en contra de nuestros connacionales y, por ello, apelamos a sus buenos oficios para que con la misma vehemencia se vele por el cumplimiento de los derechos de nuestros familiares y se logre su pronta liberación», concluyeron en la misiva.