Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador  han sometido a más de 200 venezolanos a desaparición forzada y detención arbitraria, señaló hoy Human Rights Watch.

El 15 de marzo de 2025, el gobierno estadounidense envió a 238 venezolanos a El Salvador, donde fueron inmediatamente transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel conocida por sus condiciones abusivas.

Desde entonces, los venezolanos permanecen incomunicados. Las autoridades estadounidenses y salvadoreñas no han divulgado la lista oficial de las personas trasladadas al CECOT. Sin embargo, el medio estadounidense CBS News publicó una lista filtrada de los nombres. Familiares de las personas que aparentemente fueron trasladadas a El Salvador dijeron a Human Rights Watch que los funcionarios salvadoreños no les han dado respuestas y que las autoridades estadounidenses afirmaron que no podían compartir ninguna información sobre el paradero de sus familiares.

"Estas desapariciones forzadas constituyen una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos", dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. "La crueldad de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador ha dejado a estas personas por fuera de la protección de la ley y ha causado a sus familias un dolor inmenso".

Las autoridades estadounidenses deben hacer pública la identidad de los venezolanos que fueron trasladados a El Salvador. El gobierno salvadoreño debe confirmar el paradero específico de los detenidos, revelar si existe alguna base legal para su detención y permitirles el contacto con el mundo exterior.

Hasta el momento, Human Rights Watch ha entrevistado a 40 familiares de personas aparentemente trasladadas a El Salvador. Human Rights Watch envió una carta a las autoridades salvadoreñas el 5 de abril para solicitar información sobre la identidad de los detenidos, sus condiciones de detención en el CECOT y el fundamento jurídico de su detención. El gobierno de El Salvador no ha respondido.

Todos los familiares de detenidos que fueron entrevistados por Human Rights Watch dijeron que las autoridades estadounidenses de migración avisaron a sus familiares que serían devueltos a Venezuela. A ninguno le dijeron que serían enviados a El Salvador.

El 17 de marzo, las autoridades estadounidenses anunciaron que 238 venezolanos habían sido expulsados y habían llegado a El Salvador. El gobierno de El Salvador publicó un video en el que aparecían los rostros de algunos de ellos, pero ninguno de los dos gobiernos publicó una lista de las personas enviadas y detenidas en el CECOT, ni aclaró el fundamento jurídico, si es que lo hay, para mantenerlos allí. El mismo día, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que 137 personas habían sido deportadas en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma arcaica y rara vez utilizada que permite al presidente de Estados Unidos ordenar la detención y expulsión de personas relacionadas con una "nación o gobierno hostil". Leavitt dijo que otros 101 habían sido expulsados en virtud del Título 8, de acuerdo con los procedimientos regulares de migración.

El gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros contra el "Tren de Aragua", un grupo del crimen organizado venezolano. Sin embargo, el gobierno no ha presentado ninguna prueba que establezca una relación entre las personas expulsadas y el Tren de Aragua. Un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconoció que "muchos" de los deportados a El Salvador "no tienen antecedentes penales en Estados Unidos". Además, muchos de los familiares de las personas enviadas a El Salvador compartieron con los investigadores de Human Rights Watch documentos gubernamentales que indican que no tienen "antecedentes penales" en Venezuela ni en otros países de América Latina donde habían vivido durante los últimos años.

ICE cuenta con un Sistema en Línea de Localización de Detenidos (ODLS, por sus siglas en inglés), que abogados y familiares utilizan para encontrar a personas detenidas durante procedimientos de migración. Human Rights Watch verificó los números de expediente de algunos de los deportados y confirmó que habían sido eliminados del sistema. ICE indica en su página web, actualizada por última vez el 7 de abril de 2025, que el "ODLS únicamente tiene información de los extranjeros detenidos que están actualmente bajo custodia de ICE o que fueron liberados de la custodia de ICE en los últimos 60 días". Esto parece indicar que los nombres de los venezolanos cuyos familiares Human Rights Watch entrevistó fueron borrados antes de lo que es habitual en los procedimientos de ICE.

Algunos familiares nos contaron que, cuando llamaron a los centros de detención estadounidenses o a las oficinas de ICE para preguntar por el paradero de sus familiares, los funcionarios les dijeron que no podían brindarles ninguna información, que sus familiares ya no aparecían en el sistema de localización o que se desconocía su paradero. En unos pocos casos, los funcionarios les informaron que sus familiares habían sido expulsados de Estados Unidos, pero no les dijeron a dónde habían sido enviados.

El 20 de marzo, CBS News obtuvo y publicó una lista interna del gobierno estadounidense con los nombres, sin número de identificación, de las personas enviadas a El Salvador. Ni las autoridades salvadoreñas ni las estadounidenses han confirmado la autenticidad de la lista, pero Human Rights Watch encontró en ella todos los nombres de los casos que ha documentado.

Muchos de los familiares entrevistados nos dijeron que no están familiarizados con el sistema legal de El Salvador y que no saben a qué autoridades deben dirigirse para obtener información sobre sus parientes.

Algunos nos contaron que enviaron correos electrónicos al comisionado presidencial de El Salvador para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, pero solo recibieron una respuesta automática de acuso de recibo o un mensaje que indica que su petición había sido remitida a las "instituciones competentes". Un abogado salvadoreño que representa a varios de los detenidos dijo a Human Rights Watch que no se le ha permitido reunirse o hablar con sus clientes.

Los entrevistados por Human Rights Watch señalaron que creían que sus familiares se encontraban en El Salvador por algunas evidencias que habían podido reunir. Algunos identificaron los rostros de sus familiares o partes de sus cuerpos en un video publicado por las autoridades salvadoreñas. Otros descubrieron que los nombres de sus familiares habían sido eliminados del ODLS el 16 de marzo o por esos días o encontraron el nombre de su familiar en la lista publicada por CBS News.

El gobierno salvadoreño no ha presentado ningún fundamento jurídico para detener a los deportados venezolanos y no ha ofrecido ningún indicio sobre su fecha estimada de liberación, si es que existe. Su detención parece ser totalmente arbitraria y potencialmente indefinida, una grave violación de las obligaciones de El Salvador en materia de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.

Según el derecho internacional, una desaparición forzada se produce cuando las autoridades privan a una persona de su libertad y luego se niegan a revelar su estado o paradero. Esta violación de derechos humanos es especialmente grave porque deja a las personas por fuera de la protección de la ley y hace probable la comisión de nuevos abusos.

"Nadie debería verse en la situación de tener que juntar retazos de información de los medios de comunicación o interpretar el silencio de las autoridades para averiguar dónde están detenidos sus familiares", afirmó Goebertus. "Las autoridades salvadoreñas deben revelar urgentemente los nombres y la ubicación de todos los detenidos trasladados desde Estados Unidos y permitir que se pongan en contacto con sus familiares".