Luego de las medidas anunciadas en el marco del Plan de Recuperación Económica hay una serie de interrogantes que han generado una mezcla de esperanza con incertidumbre en el país, especialmente en las zonas de frontera.

Por las calles, esquinas y demás espacios públicos el pueblo se pregunta ¿qué pasará con el mercado de extracción de alimentos, billetes y combustibles?, por solo hacer mención a tres casos que se consideran emblemáticos, pero sin olvidar la sustracción de prácticamente todo lo que sea hecho en Venezuela o importado para la República Bolivariana de Venezuela: Aceites hidráulicos, productos fármacos, licores, material estratégico (cemento, aluminio, cobre), laptos y tablets Canaima, productos de limpieza e higiene, alimentos preparados (pizzas, panes, arepas), hielo empacado, papel de reciclaje y un largo etcétera de productos.

Este conjunto de medidas de carácter extraordinario y atípicas para los formularios y las recetas neoliberales que orienta el Fondo Monetario Internacional, han sido diseñadas, de acuerdo a lo dicho por el Jefe de Estado, para acabar con el contrabando de extracción y las mafias que circulan alrededor de ella. No obstante las acciones emprendidas, aun cuando cuentan con la complementariedad de otras maniobras, resultarán insuficientes para terminar con tan complejo flagelo, que a fin de cuentas representa buena parte de la columna vertebral que genera la crisis.

Es perentorio recordar que el contrabando es una práctica que apareció conforme al florecimiento de los Estados-Nación como mecanismo de los pueblos para aprovechar lo que en teoría se conoce como "ventajas comparativas", que en este caso, no es más que la compra y posterior venta de productos que resultan más atractivos adquirir en un país vecino que en el cual se es residente, sin pagar ningún tipo de gravamen.

Dicha práctica se considera insana a nivel de los Estados pues además de evadir impuestos, genera afectaciones a lo interno de la economía receptora por cuanto contribuye a volver estéril el aparato económico productivo. Algo que la postura de hostigamiento y provocación colombiana no le permite todavía apreciar.

En el caso histórico de la frontera colombo venezolana esto no ha sido la excepción, desde la conformación de la Capitanía General de Venezuela y del Virreinato de Nueva Granada, ya existían mecanismos para pechar a quienes quisieran efectuar intercambios económicos entre el Reino de España y lo que más adelante serian las Repúblicas de Colombia y Venezuela, es precisamente por ello que se da el levantamiento popular de los Comuneros que significó uno de los primeros movimientos preindependentistas.

Con el paso del tiempo el intercambio comercial, cultural y hasta familiar se fue acentuando dadas las asimetrías existentes, principalmente sobre la relación que genera la tasa de cambio pesos-bolívares o sobre la propia estabilidad política interna de cada país.

Para mediados de la década de los 80, fecha en que el bolívar alcanzó su mayor diferencia con respecto al peso (17 pesos por bolívar, actualmente y tomando en cuenta los procesos de reconversión, la tasa de cambio sería de unos mil setecientos millones de pesos por bolívar), el grueso de la población de los departamentos fronterizos con Venezuela, ingresaban ávidos de lograr obtener un espacio de trabajo para ganar bolívares que luego, al final de cada mes eran transformados a pesos para enviarlos a la familia.

Poco a poco la brecha entre la moneda colombiana y la moneda venezolana se fue reduciendo, pasando, a mediados de 2004, el peso a tener mayor valor que el bolívar. Con el paso del tiempo la tendencia se ha notoriamente acentuado, al extremo de llevarnos a una situación absolutamente incontrolable y que sólo nos conduce, de manera colectiva a la ruina de lo legal versus la opulencia de la ilegalidad (a la fecha por un bolívar soberano se ofrecen 23 pesos, aunque y sin las reconversiones la tasa actual sería de 0,00000023 pesos por bolívar).

La intervención arbitraria y artificial en el mercado cambiario no es, como en ocasiones se pretende hacer ver, mera casualidad, detrás de ello existen objetivos políticos, militares y financieros de grupos de extrema derecha, ligados y amparados por el Estado colombiano.

Estos grupos efectuaron, con el apoyo de la Fuerza Armada Colombiana, operaciones de "limpieza" para apoderarse de la zona del Catatumbo y de la propia ciudad de Cúcuta. Una vez asentados tuvieron el escenario ideal para crear un gigantesco mercado que les permitió en muy pocos kilómetros proveerse de materia prima para la producción de coca, generar jugosas ganancias producto del contrabando y establecer un gran banco para legalizar las actividades ilícitas.

La alteración del mercado fronterizo ha sido denunciada por la propia Cepal a través del Informe sobre Comercio Transfronterizo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia, de agosto de 2016. Pese a ello existe un silencio cómplice del lado colombiano, que raya en lo absurdo cuando desde la Casa de Nariño se habla de preocupación por la difícil situación venezolana.

Es tal el panorama, que en Bogotá han llegado al extremo de crear mecanismos jurídicos para permitir, fomentar y hasta apropiarse de los recursos que le son arrebatados a Venezuela:

La Ley 09 de 1991 y la resolución N° 008 del Banco de la Republica de Colombia (1999), están diseñadas, y perfeccionados con sus posteriores modificaciones, para amparar el establecimiento de tasas de cambio diferentes (paralelas) a las que determinan los bancos centrales de ambos países, además de generar los mecanismos para permitir un solapado lavado de capitales.

El Decreto 4136 de 2004 reconoce los más de 60 pasos ilegales o trochas por donde circula el grueso del contrabando, legitimando la práctica ilegal siempre y cuando se garantice el pago de tributos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), lo que en pocas palabras se puede definir como un cínico robo.

Lamentablemente, y para desgracia del país, el accionar de estos agentes permanece intacto, con una evidente tendencia a ensancharse dado el arribo al poder de Iván Duque, uribista del Centro Democrático, importantes aliados políticos del paramilitarismo.

A la fecha, por los menos 5 de los principales 8 marcadores del mercado paralelo que a diario se pública por twitter son estimados en Cúcuta, esto da luces para comprender que solucionar el problema del contrabando traspasa obligatoriamente de nuestras fronteras. Tal situación lleva a asegurar que las distorsiones que aquejan nuestra economía, a nivel externo, continuaran operando con total normalidad así se apliquen medidas en temas como combustibles, alimentos y moneda.

Es perentorio señalar que si bien Colombia posee soberanía jurídica, le corresponde a Venezuela, de manera estratégica e inteligente, buscar mecanismos para detener esta expoliación que genera terribles afectaciones y pérdidas mil millonarias en la totalidad del territorio venezolano:

1.- Denunciar ante organismos multilaterales la violación de un importante número de convenios de carácter internacional.

2.- Generar presiones comerciales.

3.- Entablar conversaciones, unas abiertas y otras en secreto, con factores a lo interno de la política y la economía colombiana.

Deben ser parte de estas estrategias, de lo contrario, no habrá medida, acción o maniobra que funcione, tal como se planea, puesto que inmediatamente se anuncia es burlada por el entramado que opera en torno a la economía delictiva tanto dentro como fuera del país.

A nivel interno corresponde decir que la dinámica que rige el contrabando de billetes, que está en gran medida condicionada por el contrabando de combustible y de oro desde el Arco Minero del Orinoco, no tiene nada que ver con la puesta en circulación de un nuevo cono monetario. Contrario a lo que se cree, el mercado de la extracción ilegal de unidades de papel moneda se extenderá pues, de acuerdo a lo anunciado por el Jefe de Estado, habrá mayor oferta de éste lo cual se conjugará con la facilidad de movilizar grandes sumas de dinero con menos unidades de billetes.

Es público y notorio en redes sociales las infaltables "ofertas" de efectivo del nuevo cono monetario en 800% de su valor original, también son evidentes las interminables colas de personas tratando de retirar efectivo bien sea de los cajeros automáticos o de las taquillas de los bancos con resultados poco satisfactorios.

Sobre el tema de los alimentos existe cierta esperanza de por un lado, controlar los precios y por ende la inflación, y por el otro limitar el contrabando de los mismos. Si bien el ejecutivo anunció una lista de precios acordados, la cual estaba firmada por las principales empresas de alimentos del país, la tendencia al alza es inevitable por cuanto, aun cuando el ejecutivo colocó el dólar oficial en valores similares a los que registraba, para ese momento, el mercado paralelo, éste ha seguido en ascenso, alejándose cada vez más de la tasa oficial.

Para tener idea del por qué, a pesar de los esfuerzos, el negocio del contrabando se mantendrá, un kilogramo de carne tiene un valor promedio en el mercado colombiano de 15 mil pesos. Hasta hace diez días, esto representaba 250 Bs S. Como Cúcuta, y no Caracas, es la que determina tanto el valor del dólar como la relación peso/bolívar, ambos han variado (duplicándose) desde el día que el Presidente Maduro hizo los anuncios.

Es decir, si bien el kilogramo de carne en Colombia sigue costando los mismos 15 mil pesos, al llevar este valor a bolívares ya no representan 250 Bs S sino 650 Bs S. Mientras el precio de la carne que consumen en ciudades como Cúcuta, Bucaramanga, Riohacha, Valledupar, Bogotá y hasta Barranquilla, llevado a bolívares casi se triplica en menos de dos semanas, el valor "acordado" por gobierno y empresarios dentro del territorio venezolano permanece inmóvil en 90 Bs S, algo que a la larga será insostenible.

Esta mezcla de variación abrupta a lo externo, con congelación a lo interno resulta sumamente atractiva para el contrabando de alimentos. No pretendo decir con esto que abogo por una hiper volatilidad en los precios como solución definitiva, lo que pretendo hacer ver es que, mientras nos deprecien el bolívar ahora "soberano" de la forma en que lo hacen seguiremos viendo salir de nuestras fronteras muchos de los alimentos que deberían copar los anaqueles venezolanos, además de que seguiremos en una ineludible escalada de precios.

La situación con el contrabando de combustible no será muy diferente a lo señalado para papel moneda y alimentos. Aun cuando hay algunos anuncios que ciertamente resultan interesantes para combatir este flagelo, como la colocación, a precios internacionales de la gasolina, el estado Táchira lleva una vasta experiencia de por lo menos 10 años con un férreo control para el llenado de combustible, dicho control consiste en un chip que se encuentra instalado en el vidrio delantero de cada uno de los vehículos que previamente fueron censados y que, de acuerdo al tamaño y uso del automotor, tiene cierta cantidad de litros diarios y mensuales. Si un conductor ya superó el límite permitido el dispensador de combustible simplemente se bloquea. Para el llenado del tanque el conductor aparca el automóvil junto al dispensador, un sensor lee el chip, identifica la placa y procede al suministro.

Cuando esta medida se instaló tuvo gran acogida dentro de la población tachirense que veía una luz en el túnel para erradicar por completo las kilométricas colas que nacieron con el paro petrolero de 2002-2003. En términos normales no habría por qué dudar de la eficiencia del chip o TAG como se le llamó pues reunía control en el consumo, racionalidad y tecnología. Sólo que se obvió un detalle que hace atípica nuestra realidad: La economía delictiva, amparada por las enormes asimetrías y contando con la colaboración del Estado colombiano, burló por completo las acciones.

Rápida y misteriosamente comenzaron a venderse chips en el mercado negro, otros, dada la enorme rentabilidad, abandonaban y siguen abandonando sus puestos de trabajo para dedicarse a diariamente hacer una cola, llenar el tanque e inmediatamente vaciarlo para vender el combustible en la puerta de la casa en 20 mil pesos, unos 870 bolívares soberanos, por pimpina de 20 litros. Así taxistas, mototaxistas y demás transporte público prácticamente desapareció. En oposición a lo estimado, las colas permanecieron intactas, pues muchos conductores después de llenar el tanque inmediatamente se dirigen a su casa, lo vacían y vuelven a hacer la cola para el siguiente día.

Es tal el desangre que en ocasiones al estado Táchira han llegado hasta 116 gandolas de combustible en un solo día, y aun así el desespero por llenar, los que realmente lo necesitan y los que se lucran de ello, hace que la cola a las pocas horas vuelva a aparecer.

Para tener una idea mínima del flujo de combustible que despacha PDVSA al estado Táchira: 116 gandolas hacen unos 4,2 millones de litros de gasolina, muy superiores al consumo de todo el Estado Plurinacional de Bolivia, de esas 116 gandolas por lo menos 75 se van de contrabando a territorio colombiano, dejándole utilidades a la ilegalidad, y por ende perdidas al Estado, superiores a los 150 millones de bolívares soberanos (15,6 billones de bolívares fuertes).

Con el mecanismo de tratar de controlar el consumo y evitar el saqueo sobre nuestros recursos se instalarían, de acuerdo a video difundido en cadena nacional, lectores de chip en cada estación de servicio, dicho lector es, idéntico al que desde hace 10 años funciona en las estaciones de servicio del estado Táchira, sólo que esta vez no leería el dispositivo ubicado en el vidrio delantero de los vehículos sino en el propio Carnet de la Patria, lo que facilitaría algunas prácticas aquí señaladas y fomentaría otras que, de seguro aparecerán.

Al ya no estar instalado el chip a los vehículos será más fácil surtir de combustible a otros automóviles con varios carnets que previamente, el contrabandista, haya alquilado, comprado o hasta robado. En la ciudad de Cúcuta se está, con complicidad desde territorio venezolano, adquiriendo el Carnet de la Patria por 70 mil pesos, unos 3050 bolívares soberanos. Para quien desee abandonar al país también hay oferta: Lo que debería ser intransferible, se compra por 50 mil pesos (2150 Bs S).

El chip de combustible generó a la larga un inmenso mercado de la ilegalidad, se paga por no hacer cola, se paga por sacar el chip, también se paga por ampliar el cupo que tiene cada vehículo, decenas de motorizados se apostan al pie de los surtidores en las estaciones de servicio para pedir un par de litros "de sobra" que poco a poco van reuniendo en pimpinas. En barriadas de San Cristóbal ya es común ver hasta avisos de venta de gasolina en pesos, en fin. Dicha situación puede ser emulada por el interior del país, lo cual nos podría conducir a un generalizado mercado de la ilegalidad en todo el territorio nacional, algo que a todas luces parece inevitable.

Estas alertas y muchas otras deben llevar al Ejecutivo a hacer una profunda revisión y evaluación en las decisiones que se toman, para garantizar la eficiencia y la efectividad de las mismas, tan necesarias en un momento de profunda crisis no sólo económica sino hasta moral y ética. Recobrar la soberanía económica es elemental para que las acciones que decida tomar el ejecutivo funcionen y no sean aprovechadas por grupúsculos que terminan por inmiscuir en sus fechorías a miles y miles de personas que no ven otra opción para medio vivir que trabajarle a la ilegalidad. Si esto no se toma en cuenta, pasará como muchas veces en que resulta peor el remedio que la enfermedad.

(15 y último / Oscar Javier Forero)

http://www.15yultimo.com/2018/09/03/del-porque-aun-con-las-medidas-el-contrabando-de-alimentos-billetes-y-combustible-persistira/