Con el inicio del nuevo año escolar toma su cauce más habitual nuestra dinámica social, donde el tiempo se entroniza como ductor en la organización y planificación del quehacer familiar de los diez millones de estudiantes y más de quinientos mil docentes insertos en nuestro sistema educativo.
En ese cauce habitual que se retoma con el inicio de clases, se propicia la discusión en el recinto educativo o fuera de él, sobre temas candentes y vitales para la nación. Por ejemplo, sobre las expectativas que genera el anuncio de los resultados de la consulta relacionada con la calidad educativa realizada el año escolar pasado; sobre la escases y la arremetida del gobierno contra el contrabando y el bachaqueo; sobre los distintos cambios hechos por el Presidente para relanzar la gestión del gobierno bolivariano; y sobre otras tantas situaciones que transversalizan y afectan día a día la actividad educativa como motor fundamental de la Patria.
Y ante esa gama de situaciones que tocan la médula educativa, quiero abordar una en procura proveer elementos para la contraloría social que tanto hace falta.
Está de boca en boca entre muchos padres y representantes de las escuelas y liceos privados de los municipios metropolitanos Maracaibo y San Francisco, del estado Zulia, lo costoso que será pagar las mensualidades este año escolar a sus hijos e hijas en las instituciones educativas privadas donde estudian. Sólo para citar un ejemplo de una escuela en San Francisco, por la mensualidad de un estudiante de preescolar se pasará de pagar 620 Bsf a 1.480 Bsf este año, lo que supone un incremento escandaloso del 138,70. La realidad es que poquísimas instituciones, por no decir ninguna, acogió el 30% honroso al que debían ajustarse, disparándose aumentos del 108,24% y 113,33%, para aludir aumentos reales y no especular. Esa es la realidad, aunque la Asociación de Instituciones Privadas del Zulia diga que tales aumentos se ubicaron en una banda ancha entre el 30% y 60%.
Debo advertir que esta es la verdad de las instituciones privadas que atienden a la clase media, media-baja, al pueblo llano, porque los grandes colegios clásicos donde estudian los hijos e hijas de las altas élites económicas marabinas tienen unos costo y una dinámica que tradicionalmente los padres y representantes se han autoimpuesto, por cuanto para ellos la mejor escuela o liceo es donde pagan más.
Pues bien, ese incremento desmedido, es violatorio de la resolución 114 inherente al pago de matrícula escolar y por tanto, de los derechos económicos dentro de nuestras comunidades educativas. Ello, sin exageración alguna es un bachaqueo tal como lo concebimos en la actual guerra económica. Es un bachaqueo que estas instituciones hacen en los bolsillos de los padres y representantes, por supuesto, escudados en las asambleas que deben realizarse para promover cualquier aumento, tal como lo establece la prenombrada resolución, pero en este caso viciadas ya que en la mayoría de las situaciones no hay quórum, tampoco eligen voceros para hacer el estudio económico de costos de la institución como sugiere la norma, y además son aderezadas con la promesa de que durante el año escolar, no harán más aumentos. ¡Habrase visto tanta insolencia a la inteligencia!
Y sumado a ese inventario de irregularidades, es necesario mencionar como detalle curioso, la reducción de papelería cuyo destino sea proveer a los representantes de planillas de inscripción, listas escolares y otras constancias, dado que para obtenerlas el interesado tienen que acceder a la página de la institución e imprimir la que necesita y llevarla a la oficina para que la firmen y coloquen el sello respectivo. La excusa: “no afectar el aumento en la estructura de costos”, o la más sutil, “hacia allá vamos, hacia la era digital, hay que acostumbrarse”.
¡Ah…! Y casualmente la mayoría de estas instituciones tienen epónimos de santas o santos. ¿Qué broma no? ¡Cuánta carga ponen sobre los hombros esos beatos!
Pero enhorabuena, en el estado Zulia se han estado juramentando los fiscales de SUNDDE, y en San Francisco ello se hizo hace un par de semanas en acto presidido por el Alcalde Omar Prieto y el fiscal regional One Soto. En estos fiscales los usuarios y usuarias consagran la esperanza de defender sus derechos económicos, así como en las autoridades educativas encabezadas por el profesor Castejón para que sigan velando por el derecho a la educación, evitando las restricciones que puedan impedir la consumación del proyecto bolivariano-chavista.
