Por allá en los tiempos de las luchas universitarias en contra del intervencionismo anti autonómico y luego en contra de las imposiciones neoliberales en la educación de los distintos gobiernos de la derecha transnacional venezolana, enmarcados en lo que se conoció como Pacto de Punto Fijo (previamente Pacto de Nueva York), explicábamos que la educación, y en particular las Universidades Públicas, eran el verdadero Ministerio de Defensa de los pueblos.
En la actualidad tal afirmación tiene incluso mayor fuerza y es por ello que la derecha venezolana ha hecho tan grandes esfuerzos orientados al control, especialmente como una reacción a los avances de Hugo Chávez en materia educativa (desde el mismo inicio de su gestión en 1999), independientemente de la necesidad revolucionaria, todavía presente y hoy más que nunca, de elevar el nivel de la discusión y la participación a los fines del desarrollo de la conciencia de lo social, más allá de la mera satisfacción de necesidades materiales. La universidad es, o debería ser, el espacio democrático por excelencia para identificar científicamente, dialécticamente, las opciones, las oportunidades, los caminos y también para señalar los errores y ayudar o incluso forzar, con su carga moral, ética y de conocimientos, a la corrección de los mismos, todo ello en función del bienestar de las generaciones presentes y futuras; en función del vivir bien al que se refería el Comandante.
Y es en ese sentido en el cual las universidades no deberían estar ausentes de una discusión que tiene la máxima importancia para el futuro tanto de corto como de mediano y largo plazo de nuestro país y quizás de la especie humana: el Arco Minero del Orinoco. Poco se ha visto, más allá de algunas iniciativas que, aunque absolutamente meritorias, lucen aisladas para la magnitud de la tarea requerida, esto es, que hoy en día debería existir, en torno a este tema, un movimiento universitario de protestas cívicas generalizadas, de rebeldía combatiente, como corresponde a comunidades activas orientadas por la "búsqueda de la verdad", en un universo cuestionador sobre la base de la reflexión, de la crítica y vinculado a las necesidades tanto materiales como de la subjetividad de la gente.
La Universidad del Tauca, una iniciativa popular de gran trascendencia para su entorno y que hoy forma parte del muy importante, por obra de Chávez, universo de instituciones de Educación Superior de Venezuela, tiene en esta tarea una responsabilidad mayor sin, por supuesto, librar de responsabilidad a las otras instituciones, ya que se encuentra en la primera línea de defensa de los pueblos indígenas que serán más directamente afectados por el desarrollo del Arco Minero, pueblos que, de no actuarse con urgencia y con decisión, a la postre estarían condenados incluso a su desaparición.
Es el caso que, súbitamente y a apenas horas de haberse emitido un pronunciamiento claro, comprometido, contundente, sin subterfugios ni ambages, por parte de tres de las autoridades de la Universidad del Tauca: Esteban Emilio Monsonyi, Santiago Arconada y Edgardo Lander, fijando posición, como académica y democráticamente corresponde, frente a la enorme agresión al pueblo y a la patria que representa el proyecto del Arco Minero del Orinoco, todos fueron destituidos de sus cargos. Más allá de una decisión que podría en apariencia lucir jurídicamente incuestionable (posiblemente tan jurídicamente incuestionable como la violenta destitución del Rector Jesús María Bianco por parte de Rafael Caldera y su gobierno asesino adeco-copeyano en octubre de 1969), ésta sirve a dos fines: tratar de enviar una advertencia ante la posibilidad de que alguna otra autoridad universitaria decida manifestar su crítica, pública y democráticamente en éste o en otro tema, pero también, a preparar el terreno, a debilitar una posible línea de resistencia, ante la decisión inconsulta, inconstitucional, neoliberal e imperial del Arco Minero del Orinoco.
¡El ARCO MINERO DEL ORINOCO NO ES UN PROYECTO REVOLUCIONARIO NI CHAVISTA!
