En entregas anteriores, analizando las opciones que se le plantean a la industria petrolera nacional en medio de una situación operativa crítica y un oscuro panorama en el mercado internacional, hemos aludido a la corriente de pensamiento privatista, de corte neoliberal, que se postula como alternativa salvadora.
Sus propuestas se fundamentan en una promoción tentadora, propia de los “spots” publicitarios de curas milagrosas, en la cual interesadamente se confunde la propiedad nacional con “propiedad estatal” y postulan, como anzuelo, el reparto anticipado de los recursos petroleros de la Nación entre sus “verdaderos propietarios”, los ciudadanos.
Recientemente, y precisamente como corresponde a buenos pescadores en río revuelto, han aparecido varias propuestas de ese tenor, a las que haremos referencia aquí. Antes retomaremos el debate desde sus orígenes:
A partir del pacto “nacionalizador” de 1976, y más precisamente, desde los tiempos de las políticas aperturistas, promovidas por la cúpula gerencial anti estatal enquistada en la industria petrolera nacional, hemos venido enfrentando a esos planteamientos que demonizan al nacionalismo en esta materia.
En ese trayecto nos hemos topado con muchas formas de expresarlos, algunas de ellas, insidiosas y sibilinas, que pretenden ocultar su designio privatizador de la propiedad pública con planteamientos sobre la ineficiencia del Estado en la administración de esos recursos, los cuales, al ser destinados al financiamiento del gasto corriente, no reproductivo, rentista, parasitario y corrupto, disminuye las posibilidades de crecimiento de la industria que los genera.
En esa confusión de verdades, medias verdades y mentiras abiertas, se cuelan los proyectos de “transición” desde una anquilosada empresa estatal a una moderna corporación internacional y a la ya mencionada promoción de la rebatiña anticipada de los recursos de la Nación, los cuales deben ser asignados de acuerdo a las leyes de la libre competencia, a los más capaces.
Para liberar esas fuerzas competitivas hay que anular la injerencia del Estado, convirtiendo a PDVSA en una sociedad anónima, propiedad de los ciudadanos, quienes podrán realizar con ella todas las operaciones válidas en un ámbito de plena libertad mercantil.
Si yo soy accionista de la Royal Dutch Shell, ¿por qué no puedo serlo de PDVSA? Decía un conocido gerente petrolero estatal en tiempos del furor aperturista.
Al respecto, haremos una cita personal, extraída de la Introducción al Suplemento de la Revista BCV 2008-1, “Profecías Cumplidas” que recoge dos textos de Juan Pablo Pérez Alfonzo:
Esa política llegó a su cumbre durante la gestión de Luis Giusti, auténtico Shell man, antes y después de su paso por PDVSA, quien se atrevió a plantear la conveniencia de “privatizar” a esa empresa mediante la venta de “una parte de su capital accionario”. Una privatización que, por su magnitud, no podía ser asumida sino por los grandes capitales transnacionales, es decir, que se trataría de una simple desnacionalización. Es así como el 21 de junio de 1997 se inserta un millonario aviso en la Revista Time, ponderando la tarea fundamental en la que están inmersos los gerentes-cónsules: ablandar a una opinión todavía “demasiado nacionalista para aceptar lo inevitable: la completa privatización de Pdvsa”. (Loc. Cit).
Es así, también, como el nombre de Luis Giusti comienza a ser mencionado como el del consenso de las fuerzas conservadoras y antinacionales para una “solución de emergencia”. Y es entonces cuando comienzan las confesiones que hacen innecesarias las denuncias:
“En la industria petrolera tenemos un proyecto político desde hace quince años”, “una dictadura modernizante garantizaría el cumplimiento pleno de los objetivos de la corporación”
Textualmente:
“Se elimina el Valor Fiscal de Exportación. Se modifica el esquema tributario para promover la inversión. Apertura amplia a capitales privados nacionales y extranjeros en todas las actividades petroleras. Promoción efectiva de la industrialización de los hidrocarburos. Precios del mercado interno competitivos. Venezuela se sale de la OPEP.”
La internacionalización, la orimulsión, el Cristóbal Colón, los “campos marginales”, las asociaciones estratégicas, el outsourcing, los convenios operativos y bajo el esquema de ganancias compartidas, fueron etapas de ese plan político: la completa desnacionalización de la industria petrolera venezolana, la liquidación de Pdvsa en tanto empresa estatal. [1]
Volviendo al presente, nos encontramos de nuevo frente a las propuestas privatizadoras.
Una, muy bien estructurada a partir del indudable conocimiento técnico de su autor, el Ingeniero Diego González Cruz, [2] quien realiza un correcto y pertinente análisis de las reservas y recursos, de sus fortalezas y debilidades, así como de sus diversas posibilidades de desarrollo, centradas en los campos convencionales, todo lo cual compartimos, como queda asentado en nuestros trabajos anteriores. Pero a la hora de la definición de la política económica aplicable, salta la liebre CEDICE, que es justamente lo que adversamos. Pruebas al canto:
“… los hidrocarburos, en especial el petróleo no tiene nada de estratégico, ni es una industria básica, y mucho menos que es sinónimo de soberanía, independencia y para el desarrollo social. Paradigmas creados por nuestra clase política, que se han arraigado en el imaginario nacional.”
A partir de esa definición de principios, sus propuestas siguen ese patrón:
“Es necesario revisar la relación Estado-Sociedad con respecto a la renta que produce la actividad de los hidrocarburos, para que esta vaya directamente a los ciudadanos. El excedente económico que se origine en la actividad petrolera, que corresponde a la Nación, será destinado totalmente a la creación de un FONDO, que será el Fondo de ahorro, patrimonio e inversión de los venezolanos. Su rendimiento será entregado directamente a cada venezolano a través de cuentas individuales.”
“Será preciso que PDVSA deje de ser una operadora y convertirla en una excelente administradora de los Contratos de Producción Compartida (Production , Sharing), en nombre de los propietarios del recurso, todos los ciudadanos.”
…
“Mientras se cambia la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con voluntad política, se puede usar la figura de la empresas mixtas para tal fin, con los particulares tieniendo por lo menos el 49% de los negocios. Para las actuales actividades que realiza PDVSA como de esfuerzo propio se pueden firmar Contratos de Servicio”
“Se hace necesario un pacto entre los diferentes actores políticos que contemple la no interferencia del ejecutivo en las actividades operacionales ni en la designación del tren directivo y gerencial de la estatal”
Todas estas son propuestas para la “inmediata transición”, pero también propone, para el largo plazo, órganos de la regulación de los hidrocarburos y la energía, “autónomos e independientes del gobierno de turno”, donde se minimiza la representación del sector público y se le coloca en pié de igualdad, o incluso minoritaria, con asociaciones empresariales y corporaciones de “la sociedad civil” vinculada al sector,
“… siguiendo un esquema organizativo y de trabajo como el existente en el exitoso ‘National Petroleum Council-NPC’ de los EE-UU
La segunda de las propuestas privatizadoras a que haremos referencia está contenida en una entrevista realizada por el diario “El Universal” al economista Alexander Guerrero3, quien realiza sus consideraciones de manera directa y simple:
“Venezuela ya no es un país competitivo con su petróleo” y por tanto, es el momento de “abrirse al capital privado”.
“El efectivo de la renta se gastó en el engrandecimiento del Estado y hoy ese Estado, como un enfermo obeso mórbido no puede pagarlo, ni el ingreso fiscal, ni los impuestos que remunera el venezolano”.
“el colapso de la industria petrolera es consecuencia de esas grandes deseconomías” (concepto antagónico al de economía de escala, en donde los costos bajan a medida que se produce más), “causadas por la política y el nacionalismo petróleo venezolano”.
Habría que modificar las normas internas, abrir la industria petrolera de nuevo a los capitales; tendrá que subastarse”,
...hacer “una gran corrección política en la Constitución Nacional y en las leyes petroleras que permitan el ingreso del capital privado”.
“no podemos capitalizar nuestras deudas y hay que pagarle a los socios. Pdvsa tendrá que vender su capital a inversionistas privados nacionales y foráneos”.
No nos queda mas, desde luego, que ratificar nuestra oposición estructural a estas propuestas, que se producen en un momento crítico innegable, cuyas perspectivas de resolución no están a la vista y requieren de una consideración detallada de las circunstancias, del reconocimiento de fallas y deficiencias políticas y operativas, amén de una profunda corrección de la errada percepción de la realidad energética y petrolera global que nos ha conducido a la planificación de mundos ilusorios. Pero nada de eso autoriza a proponer la liquidación del patrimonio nacional en una feria desesperada.
