Mérida, 15 de septiembre de 2015.- La filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Gas Comunal duplicó el suministro del combustible doméstico para las plantas de llenado del estado Mérida, en la región andina de Venezuela, entidad donde el abastecimiento general para sectores populares, ascendió a 93%.

Directivos regionales y nacionales de la filial gasífera, y voceros del Ejecutivo estadal, detallaron este martes en rueda de prensa, el balance de gestión que arroja la ocupación temporal de la empresa privada Arsugas, por parte de equipos técnicos y administrativos de Gas Comunal, desde el pasado 29 de julio.

Héctor García, supervisor nacional de Distribución de Gas Comunal, informó que en Mérida existen 215 puntos de venta de cilindros de 10 kilos, donde el abastecimiento se ha recuperado hasta el 93% del total de suscriptores o familias.

"En Gas Comunal tenemos un sistema de control y seguimiento de los inventarios, diariamente hacemos contacto con los consejos comunales, contralores y distribuidores, para garantizar el suministro", informó el servidor público en la Gobernación de Mérida.

En dos meses de ocupación, se elevó la cantidad de gas que se suministra a las plantas de llenado de Mérida hasta 126.170 litros por día, indicador que había caído a 37.640 litros por día.

El secretario de Gobierno, Luis Martínez, dijo que las empresas privadas aducen carencias en su flota de transporte para justificar el declive del servicio.

"Este tema ha sido denunciado por el pueblo, desde el año pasado Mérida sufría una situación caótica en el suministro de gas, lo que motivó al Gobierno a realizar una evaluación de tres empresas que controlan tres plantas de llenado y tienen el monopolio de la comercialización del gas", explicó.

Detalló que con la ocupación, la cantidad de cargamentos de gas transportado en gandolas hasta Mérida se elevó a 30 unidades semanales, luego de que la empresa privada dejara caer el flujo de transporte a menos de 15 unidades semanales.

Revelan vinculación a la guerra económica

Martínez señaló que la ocupación de las empresas Arsugas, Busgas y Gases Tovar, ha develado razones políticas para injustificadas fallas en la distribución.

"Detectamos que algunas de estas empresas participan de un sabotaje como parte de la guerra económica. Algunos dueños están metidos en la conspiración para generar inestabilidad política", explicó Martínez, y añadió que este accionar busca generar descontento y malestar en el pueblo.

Informó que el proceso de ocupación desplegó más de 50 técnicos especializados, para adelantar el diagnóstico sistemático de nodos críticos y la aplicación de soluciones a los problemas.

El acarreo eficiente del combustible, permitió elevar a más de 3.400 unidades por día, la cantidad de cilindros llenados en la entidad, luego de que la empresa privada dejara caer a 2.200 unidades sus despachos diarios.

Las irregularidades detectadas mantuvieron una marcada tendencia a empeorar entre 2014 y lo que va de 2015, esto a pesar de que el Estado venezolano aporta un subsidio de más de Bs 25, por cada cilindro de gas que las distribuidoras venden en 5 bolívares al pueblo.

Martínez divulgó un informe de la estatal Gas Comunal, en el que consta que en 2014, estas distribuidoras privadas de Mérida percibieron Bs 144,10 millones provenientes del subsidio del Estado. En lo que va de 2015, la cifra asciende a más de Bs 56,6 millones.

Antes de la ocupación, Gas Comunal atendía sólo al 29% del mercado, mientras que las empresas privadas se ocupaban de 71%, destaca el informe, para argumentar la responsabilidad privada en las deficiencias de abastecimiento de gas para Mérida.

El accionar del Gobierno a través del Ministerio para Petróleo y Minería, ha permitido incrementar la participación de la estatal Gas Comunal en la distribución de gas local, segmento en el que actualmente ocupa 48% (del restante 52% se ocupa el sector privado).

Para el 30 de octubre se prevé que esté culminado un informe detallado del equipo técnico y administrativo de Gas Comunal, que encabeza la ocupación temporal.

El detalle del diagnóstico y de las recomendaciones elaboradas en más de dos meses de trabajo será presentado al Ministerio para Minería y Petróleo, y al propio Presidente Nicolás Maduro, a partir de lo cual se evaluarán las medidas a ser aplicadas y el destino final de las empresas intervenidas.