02 de diciembre de 2015.- Hace 13 años, el 2 de diciembre de 2002, se registra en Venezuela el inicio de un insólito ataque al pueblo venezolano por parte de los partidos políticos de la derecha agrupados en la extinta "Coordinadora Democrática". Ese lunes de diciembre de 2002, los dirigentes "democráticos" de oposición anuncian una acción política llamada "paro cívico nacional", convocado con el fin manifiesto de derrocar al primer mandatario nacional, Hugo Chávez Frías, y que centrará su accionar en un sabotaje abierto y directo contra la empresa nacional petrolera, PDVSA.

En efecto, el 4 de diciembre, las televisoras y emisoras radiales privadas comenzaron a trasmitir la noticia de la paralización de un tanquero de PDV Marina, el Pilín León, en el canal de navegación del Lago de Maracaibo, cargado de millones de litros de gasolina. El tanquero permaneció fondeado y bajo el control de la tripulación insurrecta durante diecisiete días y se convirtió en la expresión más clara de los conjurados que trabajaban en la vieja PDVSA con una supuesta protesta laboral, que claramente era una acción de sabotaje contra la economía nacional mediante la paralización de la principal industria del país, asociado a los planes desestabilizadores.

Para este llamado a "paro" no se estableció ningún procedimiento de los que figuraban en la otrora Ley del Trabajo, en lo que se refiere a la activación de la huelga, puesto que no contemplaba reivindicaciones socioeconómicas, en consecuencia, fue un cierre patronal descarado e ilegal

Los comercios fueron obligados a cerrar y hasta las televisoras eliminaron voluntariamente de sus pantallas los programas de entretenimiento y distracción, mientras la liga de beisbol suspendió la temporada de juegos, con la clara intención de generar condiciones sicológicas para un estallido masivo, saqueos y caos generalizado.

Atentado criminal contra la vida del venezolano:

El sabotaje petrolero de 2002 y 2003, afectó principalmente al pueblo que se vio sometido a un largo período de colas para conseguir gasolina, alimentos, gas para la cocina, así como trastornos generalizados en el comercio afectando la navidad en las que se trastocaron la cotidianidad y alegría de la época.

Esta acción, estrechamente vinculada e impulsada por los mismos factores que planificaron el golpe de estado del 11 de abril de aquel año, atentó contra la estabilidad del país mediante la estrategia de desabastecer el mercado interno y la exportación de crudo, generar desabastecimiento de los alimentos, crisis hospitalaria, el estallido social y la quiebra del Estado.

El Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una caída de 15,8 % durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24, 9%, durante el primer trimestre de 2003. En el sector petrolero la caída del PIB fue de 25,9% y 39,3% respectivamente.

Se registró igualmente una contracción en los montos de las Reservas Internacionales en Divisas y del Fondo para la Estabilización Macroeconómica, lo cual obligó al Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela, a dictar las medidas para establecer un sistema de control de cambios, con el fin de atenuar los efectos negativos sobre la economía nacional.

Son los mismos:

Aunque en esta acción confluyeron actores políticos de oposición junto a la cúpula de la iglesia, la empresarial, el sindicalismo tradicional y los medios de comunicación, uno de los factores determinantes fue la participación de la "meritocracia" de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), conformada por la asociación civil "Gente del Petróleo"y una nómina mayor, encabezada por Juan Fernández, comprometida con intereses transnacionales, que el 11 de abril había revelado sus verdaderas intenciones.

La causa fundamental del conflicto entre gerentes y ejecutivos de PDVSA con el gobierno de Chávez, expresado por una parte al golpe de Estado de abril de 2002 y por otra en el sabotaje petrolero de diciembre de ese año y enero de 2003, fue la reforma petrolera puesta en marcha por el gobierno, ante una vieja PDVSA que había logrado convertirse prácticamente en un Estado dentro del Estado, y que había escamoteado al pueblo venezolano el disfrute de la riqueza nacional; la vieja PDVSA funcionaba en la práctica como una empresa privada, dirigida por una "meritocracia", término con el cual se conoce a la élite económicamente privilegiada y desconectada de los intereses verdaderamente nacionales.

Se nos fue de las manos:

Tal como había ocurrido durante el golpe de Estado de abril de 2002, la oposición logró la insólita afiliación de la patronal Fedecámaras y la central CTV para cometer nuevamente actos ilegales y vandálicos contra los poderes establecidos en el país, confiando esta vez, y luego del fracaso del golpe político, en que la desestabilización de la principal fuente de ingresos de Venezuela –la industria petrolera-, terminaría por asfixiar al gobierno bolivariano y obligaría a la renuncia del presidente Chávez. Pero una vez más se equivocaron.

Con el rescate del Pilín León, el 14 de diciembre, se realiza la primera acción de quiebre del sabotaje petrolero por parte del Gobierno nacional. Oficiales de la Fuerza Armada, en compañía de jueces y notarios, recuperaron el barco. El 22 de diciembre comenzó a descargar combustible en Zulia.

Desde los días navideños, se había logrado la recuperación de la industria petrolera y el despido de un grupo de 90 gerentes. Finalmente fueron despedidos 18.000 trabajadores implicados en el sabotaje de la principal industria del país.

Al no cumplirse los pronósticos previstos por la derecha, el paro se convierte en un evidente fracaso. Sin embargo, nunca declaran su fin.

El 2 de febrero, se hace la convocatoria a la recolección de firmas para un referéndum consultivo para destituir al presidente y el 3, se llama a la "flexibilización" del paro. "El paro no es de la CTV, ni de la Coordinadora Democrática, el paro se nos fue de las manos", fue la expresión de Carlos Ortega ante los medios de comunicación, en la peor muestra de irresponsabilidad política y sindical ante el país.

El 18 de febrero se dicta la orden de privativa de libertad sobre los promotores del sabotaje, Carlos Ortega y Juan Fernández, lo que reafirma la autoridad del Estado y da un revés a las acciones desestabilizadoras iniciadas en diciembre. Ambos actualmente están solicitados por la justicia venezolana, en condición de prófugos que disfrutan exilios dorados en el extranjero.