El 8 de marzo de 2008, el Presidente Hugo Chávez Frías creó el Ministerio de Estado para Asuntos de la Mujer, asignándole presupuesto y abriendo el espacio en el tren ejecutivo para que las mujeres tuvieran vocería propia en su gabinete ministerial. En noviembre de ese mismo año, con motivo del aniversario del Instituto Nacional de la Mujer (INAMUJER) y mirando hacia la aldea libertaria de Ana María Campos, Hugo Chávez Frías hace una declaración que resume el marco teórico y de acción política de la Revolución Bolivariana. Se declaró socialista y feminista. Incluso, estableció entre ambos una relación inescindible e interdependiente. Un año después, el 8 de marzo de 2009, creó, según el Decreto número 6.663, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (la denominación la escogió el mismo Presidente). Este Decreto es un instrumento jurídico que por su contenido, espíritu, propósito y razón, desarrolla con considerandos que resumen su justificación histórica, ética y revolucionaria, el postulado contenido en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que afirma que Venezuela se constituye en un estado democrático y social, de derecho y de justicia, en concordancia con el Título III, ejusdem. Y hace acopio, también, de otros instrumentos legales de suma importancia para nuestros derechos humanos, como son la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Por cierto, el Decreto 6.663 es el único instrumento legal en la República que expresa claramente que el pueblo venezolano está constituido por hombres y por mujeres. Y, aunque nos parezca una verdad evidente, muchos y muchas, ahítos y ahítas de machismo, no la aceptan ni la comprenden; en una actitud que niega lo elemental-político.
Entender, por ejemplo, en algunas instancias del Poder Público, que las mujeres no somos el asunto de menos importancia, ni las que sólo tenemos como telos la maternidad, entendida como derecho y no como una obligación o imposición, ni las que debemos tener a cargo, de manera exclusiva, las tareas del hogar o que no somos las eternas “menores” que requieren de la tutoría patriarcal para lograr nuestros fines individuales y colectivos, ha costado y cuesta Dios y Santa Lucía, como se dice. Sirva como sencillo ejemplo la resistencia que el uso del lenguaje oficial y constitucional, no sexista, no excluyente y visibilizador de las mujeres, ha tenido. El lenguaje es el primer instrumento discriminador de las mujeres. Además, lo que no se nombra, no existe en el mundo.
Esos pensamientos contrarios a los postulados de la Constitución, al Decreto 6.663 y a las directrices presidenciales, impidieron durante la gestión de la hoy Diputada María León, por ejemplo, que se instalaran las mesas interministeriales (2008) para tratar los temas urgentes de las mujeres venezolanas y que habían sido constatados e inventariados en cada estado por las comisiones nombradas al efecto en el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, con el apoyo de las Direcciones estadales, de algunos Institutos Regionales de las Mujeres que se habían creado, de las gobernadoras y gobernadores afectos a la revolución, con la participación directa y coordinada por las mujeres de los Consejos Comunales y de los Puntos de Encuentro con el INAMUJER.
El Decreto 6.663 no es un mero instrumento de lucha en pro de los derechos humanos de las mujeres sino una herramienta que transversaliza de feminismo a la revolución bolivariana, empoderándolas, reconociéndoles la soberanía en el ejercicio del poder popular. Y fue con ese instrumento que las mujeres venezolanas, invocando los derechos positivados en la Constitución de 1999 y en otros instrumentos jurídicos como la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pudimos romper con la inercia, el burocratismo y los intereses no desprejuiciados a los que nos tienen acostumbradas y acostumbrados algunos escenarios internacionales.
Logramos, por ejemplo, que los documentos a ser aprobados por nuestro país en la sesión de la Comisión sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-2007) fueran previamente revisados con la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres contenida en nuestra Constitución, la CEDAW, etc., para corregir, entre otras situaciones el uso del lenguaje o el uso incorrecto de términos como el de equidad e igualdad. Estos términos son sinónimos en el derecho anglosajón pero no así en el derecho de nuestra América. El uso incorrecto de estos términos es tal que en varios instrumentos fundamentales para la revolución se llega al extremo de abandonar el término igualdad para sustituirlo por el de equidad.
Otro tanto se adelantó desde el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género en la Comisión Interamericana de las Mujeres, adscrita a la Organización de Estados Americanos, siendo el foro político internacional de mujeres más antiguo en materia de nuestros derechos humanos. Allí las mujeres delegadas representan a sus Estados.
En la CIM, durante los años 2007, 2008 y 2009, la República Bolivariana de Venezuela pudo proponer, incentivar y lograr la modificación de la dinámica en el tratamiento de la agenda de dicha Comisión. Nosotras propusimos, en representación de la República Bolivariana de Venezuela, que los temas fueran traídos a las mesa central de las Delegadas de los distintos Estados y que ellas, siendo las voceras autorizadas por cada país, en el marco de sus respectivos ordenamientos jurídicos, debían encargarse de revisar todos y cada uno de los documentos sobre los cuales se iba a deliberar, previstos previamente en la agenda, hacer las propuestas correspondientes, redactarlas y votarlas. Este aporte de nuestra República fue apoyado por varios países hermanos y por otros que, incluso, no eran afectos al gobierno venezolano. Además, pudo la República Bolivariana de Venezuela introducir en las discusiones y en la agenda aprobada para las Ministras, a ser tratada en el mes de noviembre de 2009 (Chile), algunos temas como la democracia sustantiva, participativa y protagónica, la participación política de las mujeres, la justicia de género, etc. Incluso, fue la República Bolivariana de Venezuela, por nuestra vocería, el primer país en América en pedir que se incluyera como tema de agenda en la CIM el del poder constituyente y popular de las mujeres. Lastimosamente la propuesta no tuvo apoyo en el momento.
La presencia de la República en los espacios internacionales donde se tratan los derechos humanos de las mujeres no debe ser entendida de manera cosmética. Hay que ir al fondo de los asuntos si es que queremos fortalecer y difundir los logros alcanzados por las mujeres en la revolución. Una exigencia que es inminente en virtud de que ha sido el mismo Presidente de la República, máxima autoridad civil y militar del Estado Venezolano, quien ha expresado su compromiso socialista y feminista en varios foros internacionales. Abro un paréntesis para volver a llamar la atención sobre la deuda del Estado venezolano con la aplicación del Capítulo IV de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue en Venezuela donde se reunió el MESECVI o Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, en el año 2008. Por cierto, una cita que nos obligó a dar unas cuantas carreras a los fines de que el documento final recogiera los avances de las mujeres en la revolución bolivariana, siendo, como fuimos el país anfitrión. El MESECVI es un sistema de evaluación entre pares, consensuado e independiente, para examinar los avances realizados por los Estados Parte en el cumplimiento de los objetivos de la Convención y es un espacio que le exige al Estado venezolano estar representado por alguna experta en la materia, a los fines de que no sean recogidas en los Informes las afirmaciones peregrinas que ponen en duda el cumplimiento de la Convención y que en vez de aclarar, oscurecen.
Desde otro punto de vista, las mujeres de los países que integran la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA-TCP) y de otros países que asistían como observadores, cual fue el caso de Haití, también se reunieron en Venezuela en dos oportunidades, siendo en la última reunión donde se aprobó –por unanimidad- la creación del Consejo Ministerial de las Mujeres de la ALBA-TCP, tema que quedó pendiente para ser tratado en el Consejo de Presidentes. Este Consejo Ministerial tiene sentido si entendemos que las mujeres no somos un mero movimiento social. Somos, hay que recordarlo una y otra vez, más del cincuenta por ciento (50%) de la población en todos los países de nuestra América. Argelia Laya decía: “(…) Es necesario afirmar de manera categórica que ninguna nación puede darse el lujo de privarse de la contribución efectiva de más del 50% de sus miembros, sin correr el riesgo de retrasarse en todos los terrenos (…)”.
Ahora bien, al final del apretado y para nada exhaustivo resumen de los logros de las mujeres en el gobierno que preside Hugo Chávez Frías, caben muchas preguntas pero una de ellas es fundamental: ¿ha diseñado la República las políticas asertivas para construir la ciudadanía plena de las mujeres?. No. Hemos dado pasos innegablemente significativos. Hemos contado durante estos trece años con un Presidente que ha ido abriendo puertas, construyendo espacios con nuestra agenda de derechos, tanto en el ámbito civil como en el militar, creando Misiones, fortaleciendo el liderazgo de las mujeres en los poderes públicos, atendiendo a las mujeres, con especial predilección por las más necesitadas con acciones de asistencia monetaria directa como las pensiones para las mujeres de la tercera edad o la Misión Hijos e Hijas de Venezuela. Es decir, ha hecho énfasis en las mujeres de los sectores más pobres o vulnerables, sin olvidar, tampoco a las mujeres obreras o a las mujeres de la clase media, pero aún falta mucho por construir y ese trabajo no puede ser de medio embarazo. Es necesario y urgente asegurar que la revolución haga del Feminismo su postulado militante, en este nuevo periodo constitucional que se anuncia. De otra manera, el medio día será la marca de una historia que luciría incompleta e insatisfactoria sin el pueblo concienciado de las mujeres.
El logro de varias metas del milenio en relación con nosotras por parte de la República Bolivariana de Venezuela es demostrativo de que las mujeres revolucionarias y el Presidente de la República hablan el mismo idioma. Imbuir de esa tarea histórica, política, ética, popular y de gobierno, a todos los hombres y las mujeres del gobierno y de nuestra sociedad sigue siendo la asignatura pendiente.
La liberación de las mujeres no puede estar tutorada, clasificada, condicionada o tabulada por patriarcas. Queremos hermanos ganados y comprometidos con nuestra lucha. “(…) Yo me considero el hijo, el hermano (…)”, afirmó el Presidente en abril de 2003, refiriéndose a las mujeres venezolanas y a la revolución.
Las políticas públicas, los programas, los planes y proyectos nacionales, regionales, municipales y comunales del país, los presupuestos, las finanzas, la educación, las ciencias, la tecnología, la gerencia, la planificación, la seguridad, los tratados y convenios internacionales que se firmen, entre otros, siendo temas que nos atañen directamente como pueblo, tenemos el derecho de ayudarlos a pensar, a construir y a ejecutar al lado de los hombres, sin ser simples repetidoras de sus ideas, no cribadas y sexistas; de cara al socialismo feminista. Eso es lo que se denomina una sociedad democrática, participativa y protagónica, según la define la Constitución y, paritaria, agrega, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Nunca vendrá de la mano del amo, la libertad del esclavo o de la esclava. Eso lo sabemos bien las feministas. Incluso, lo sabían bien quienes desde la izquierda y desde la derecha han impulsado las revoluciones más importantes de la humanidad, con la participación de las mujeres; una y otra vez abandonadas y traicionadas. Sin obviar que ha sido el capitalismo, con sus deformaciones, el que ha llevado al patriarcado, a sus expresiones más brutales, opresoras y cosificantes, contra las mujeres. Lenin, por ejemplo, afirmaba: “(…) Si no se incorpora a las mujeres a las funciones públicas, a la milicia y a la vida política, si no se arranca a las mujeres del ambiente embrutecedor del hogar y la cocina, será imposible asegurar la verdadera libertad, será imposible incluso construir la democracia, sin hablar ya del socialismo (…)”. Palabras más, palabras menos, lo mismo recogerían en sus textos, las mujeres de la revolución francesa, las sufragistas norteamericanas y las mujeres venezolanas desde tiempos inmemoriales. Nosotras, por ejemplo, nos incorporamos al trabajo en la calle desde finales de la década de los años 40 del siglo pasado, sin embargo, los hombres no se incorporaron a las agotadoras labores del hogar. Ese sólo hecho, unido a la espantosa problemática de la violencia machista que sigue tomando terreno y asesinando mujeres, demuestran que no hemos avanzado mucho.
Las mujeres feministas y revolucionarias, comprometidas a fondo con la defensa de sus derechos humanos (los de todas las mujeres del país) sin distingos ni discriminaciones, siempre estamos a tiro del estigma, de la descalificación, de la difamación y hasta de la suplantación de la identidad, en algunos casos. Sobre nuestras espaldas hemos sentido el mordisco del andrarquismo, de múltiples maneras. Sin embargo, tenemos conciencia de que lo sembrado servirá a las presentes generaciones y a las generaciones por venir. Y, en el Presidente Hugo Chávez Frías, tenemos a un aliado, a un hermano que, sin desganar el paso, ha de construir con nosotras, la sociedad que queremos.
Doctora en Estudios de las Mujeres
Ex Viceministra para la Transversalidad Política de Género, MPPPMIG
