Alejandro Izaguirre, Ministro de Relaciones Interiores de Carlos Andrés Pérez, fue la expresión más patética de la falta de argumento para descalificar la sublevación de las masas los días 27 y 28 de febrero durante el caracazo. Timorato, por ser designado como vocero de los masacradores del pueblo para dar parte de la situación “controlada” en el país, secándose el sudor con un pañuelo blanco, se petrificó por segundos ante las cámaras en cadena nacional, para sólo decir finalmente, “no, no puedo…” y dejar el micrófono solo. Seguro, esos segundos fue el tiempo más lago de su existencia, pero además, los que pusieron a prueba su honestidad escondida, pues se negó a mentir.
Tales fechas configuraron el ocaso de la era saudita. La Venezuela que la gente no se imaginaba cambiar porque tenía la mejor democracia del mundo, la representativa. Claro, teníamos como antecedentes una secuencia de caudillos y dictadores en el poder, ante lo cual, el sistema de democracia representativa conquistado al derrocar a Pérez Jiménez, parecía insustituible. Porque además, ofrecía la posibilidad virtual a través de la televisión a color y medios de comunicaciones diversas, de que todos podíamos ser tan ricos como las “celebridades”, ser “alguien en la vida”. Pero también, en la realidad podíamos progresar al ingresar en la industria petrolera o en cualquier transnacional.
A la par de tales ofertas, sin las luces de Hollywood que presentaban los medio, crecían exponencialmente los barrios en los cerros caraqueños, las casas de cartón, la criminalización de la pobreza, la aplicación del “disparen y averigüen después”, la privatización progresiva de la educación, de las telecomunicaciones, la preponderancia de Fedecámaras ante los poderes del Estado, la utiliza por parte de la CTV de los trabajadores para proteger a los empresarios. En fin, el poder económico terminó reduciendo el embudo por el cual drenaban los beneficios que deberían llegar al pueblo, a la sociedad, y expresión de ello fue el paquetazo del Fondo Monetario Internacional que el gobierno de CAP se propuso imponer.
El caracazo como detonante de tales medidas, conformó las condiciones políticas para determinar que la verdadera incertidumbre de los destinos del país desde Rómulo Bethencourt hasta estos días, se inicia el 28 de febrero de 1989. ¿Así donde avanzar?, era la interrogante a despejar. A tomar las armas y la clandestinidad, la respuesta de algunos cuadros de izquierda; pero otros también de izquierda, apostábamos a profundizar el trabajo social en los barrios. Entre tanto, los partidos políticos tradicionales empezaron un proceso de mimetización en las ongs al tiempo que siguieron controlando la banca y los medios, los cuales eran escudos para repeler cualquier acusación ante los permanentes “auxilios” financieros a empresarios y banqueros por parte del Estado. De ese modo, la crisis siguió latente, pero con la esperanza de que el pueblo había despertado.
Hoy, cuando el sistema de gobierno bolivariano impone como premisa fundamental para su marcha, que “no habrá desarrollo económico sino hay desarrollo social”, puede decirse que tiene garantizada su perpetuidad en el poder. Gobierno caracterizado por mejorar los indicadores de inclusión social, tal como el del la pobreza con tendencia continua a minimizarse, el educativo que aprecia una ostensible alza en la matrícula escolar y la disminución de la deserción, así como el laboral con mejoras en el salario integral-social y la elaboración de una nueva ley del trabajo que ampara e impulsa las luchas de los trabajadores y trabajadoras.
Por ser este un sistema que ha propugnado y puesto en práctica la inclusión social, a la par de fortalecer la formación de valores como la solidaridad, la equidad, justicia, a pensar más en el otro, y a elevar la conciencia colectiva; ante lo que pudiera devenir desde el punto de vista político electoral debido a la enfermedad del Presidente, el pueblo garantizará la prosecución del proyecto bolivariano enclavado en su imaginario colectivo por muchos años.
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