Las relaciones del Estado con las empresas explotadoras del petróleo se regían por la ley de 1938, que sólo tímidamente había modificado el estatuto de la anticuada ley de Minas, vigente desde el siglo pasado. Convocado al Congreso a sesiones extraordinarias, se presentó un proyecto de ley de Hidrocarburos, el cual fue aprobado y promulgado ley de la República el 13 de marzo de 1943. Los intereses de la nación quedaban salvaguardados, sin perjudicar a las empresas que habían aportado experiencia técnica y capital.

La reforma petrolera anunciada por Medina era la piedra de escándalo de Rómulo Betancourt. No le quedó otro camino que reconocer que también esa bandera de agitación era abatida, y así se hizo en dos ocasiones. El 16 de noviembre de 1942, el partido Acción Democrática telegrafió al presidente Medina manifestando su “intensa satisfacción” por la anunciada reforma petrolera. Medina iba haciendo realidad las consignas del pueblo: elecciones libres, libertad de asociación, de prensa y de acción dentro de la ley, honestidad administrativa e incluso las consignas de acción empezaron a ser apoyadas ampliamente por el partido de oposición Acción Democrática.

La ley de Hidrocarburos fue el instrumento legal que permitió al Estado venezolano tomar posesión de su riqueza fundamental. Sobre ese instrumento legal se ha hecho la política petrolera en Venezuela, hasta la “nacionalización” chucuta de 1975.La ley benefició material y moralmente al Estado venezolano. Sus ventajas fundamentales fueron: 1) Unificación del régimen jurídico, de modo que todas las empresas estén sometidas a un solo ordenamiento legal. 2) Facultad del gobierno de intervenir en los asuntos de carácter técnico, obteniendo datos de las compañías. 3) Unificación del régimen impositivo, de modo que las compañías estaban en el deber de pagar todos los impuestos generales, incluyendo el impuesto sobre la renta. 4) Los oleoductos pasaron a tener carácter de servicio público. 5) El impuesto de explotación o regalía no podía menor de 16 y 2/3 por 100. 6) Refinación obligatoria en el país.

El texto de la ley ha sido publicado, entre otros lugares, en el libro Convención Nacional de Petróleo, donde se recoge el material de la Convención realizada en Caracas del 9 al 18 de septiembre de 1951. Nuevas leyes de hidrocarburos fueron promulgadas en 1955 y 1967, con reglamentos parciales en 1968 y 1971. Entre 1970 y 1973 se promulgaron la ley de Reserva al Estado del Gas Natural y la ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones Petroleras, medidas del presidente Rafael Caldera, que constituyeron pasos progresivos en el rescate del negocio petrolero para la nación, previos a la ley que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, dictada el 29 de agosto de 1975, que entraría en vigencia en 1976. Se puede afirmar que la nacionalización (chucuta) del petróleo, esto es, la estatificación del negocio petrolero, se produjo paulatinamente, con altibajos, entre 1943 y 1975.

Durante el régimen de Medina Angarita intervino en la vida pública, sirviendo en la Secretaría de la Presidencia, en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio del Interior, el doctor Arturo Uslar Pietri. Este escritor y político influyó en la conducción del régimen en forma doctrinal. Las perspectivas de establecer definitivamente una vida política constitucional y democrática en Venezuela, se acentúan durante los cuatro años de gobierno del presidente Medina. No sólo en el orden político el pueblo había recuperado la confianza plena de convivencia cívica, sino que en el proceso económico se estaban echando las bases para elevar el nivel de vida en todos los sectores. Se había establecido “un sólido programa financiero, industrial, económico y educativo”.

A propósito de la toma de posesión del presidente Medina ante el Congreso el 5 de mayo de 1941, escribe Maza Zabala: “El acto no dejó de tener trascendencia, pues se trataba de una transmisión constitucional del mando presidencial en virtud del principio de la alternabilidad, aunque el nuevo presidente fuese impuesto por su antecesor y prometiese continuar su orientación. En Medina se veía simplemente el continuador de López, el militar en funciones de gobierno, el andino formado en las entrañas del gomecismo. Era escasamente conocido en el ambiente político y se le tenía más bien como reaccionario y militarista. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por su liberalidad, por su progreso democrático y social, por la brillantez de las reformas institucionales y administrativas, por una firme evolución política y económica, en suma.” Y añade: “El gobierno tuvo el apoyo de la burguesía progresista, de sectores considerables de la pequeña burguesía y de las clases y campesina. No está claramente establecido —en la objetividad histórica— que tuviese el apoyo de las clases dominantes tradicionales (la latifundista, la burguesía importadora y financiera), y menos claro aún que gozase de la anuencia del imperialismo petrolero. (Ya tenían al sátrapa Rómulo Betancourt, el sigüi amaestrado por los gringos para entrar al ruedo) La evolución marcadamente progresista del gobierno de Medina no estimuló, seguramente, la confianza del poder económico tradicional; su política económica tendió a favorecer nuevas actividades, principalmente la industria manufacturera y la agricultura moderna, la construcción y determinados servicios; su política de control de importaciones, de divisas y de abastecimiento de artículos esenciales no era como para granjearle la simpatía del comercio importador y bancario.”

El período constitucional 1941-1946 fue interrumpido el 18 de octubre de 1945 por un golpe de Estado, por la ambición de poder del sátrapa Rómulo Betancourt y un grupo de ,militares traidores, que cortó el camino hacia la instauración de la constitucionalidad y retrotrajo el país a los sistemas totalitarios.

—La restringida participación del pueblo en la vida política del país fue la característica del período que se extiende desde la muerte de Gómez hasta la caída de los gobiernos del puntofijismo en diciembre de 1998.