El reciente anuncio del “Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica” por parte del Gobierno nacional (ago. 2018) ha llegado a ser señalado por varios sectores críticos como un “paquetazo neoliberal”. El problema es que los “paquetazos” están históricamente vinculados al recetario ortodoxo del Consenso de Washington (primordialmente estructurado por el FMI), llevado adelante mediante la «terapia de shock». Estamos ante otra faceta diferente de neoliberalismo, heterodoxa, híbrida, estratégica y flexible; de permanentes reacomodos, ajustes y mutaciones, en la cual coexisten mecanismos de flexibilización y desregulación, formas de mercantilización y financiarización, comercialización (orientación a las exportaciones y al mercado global), corporativización (organización según el modelo de negocios), o incluso formas parciales de privatización de facto, con intervenciones estatales, ciertas narrativas de izquierda y mecanismos selectivos de distribución social de la renta petrolera.

A nuestro juicio, para poder comprender este proceso en su complejidad, debemos renunciar de una vez por todas al ya viejo empeño de relacionar neoliberalismo únicamente con su forma “pura”, ortodoxa (vinculada a los años 90, al FMI, al Consenso de Washington o solamente a las privatizaciones). Los tiempos han cambiado. El costo político de la imposición de programas de ajuste mediante terapias de shock en países latinoamericanos y otros del mundo, fue y ha sido altísimo –provocando numerosas revueltas populares y caída de gobiernos–, por lo que a las autoridades gubernamentales les es también conveniente impulsar este modelo con matices, adaptaciones, grados diferenciados de intensidad y flexibilidad. El propio FMI llegó a declarar públicamente en 2016 que estaban ante un “replanteamiento de la política” de la institución, expresando autocríticas a algunos pilares de sus recetas ortodoxas.

En América Latina, el último boom de los commodities contribuyó en este proceso de versatilización del neoliberalismo Post-Consenso de Washington, lo cual pudo además viabilizarse a través de políticas de financiarización de las clases populares, utilizando múltiples mecanismos distributivos para la incorporación de buena parte de la sociedad anteriormente excluida del consumo y de los instrumentos financieros.

Si bien las recetas más ortodoxas no desaparecen en este nuevo período (si no, ¿hacia dónde se dirige el actual gobierno de Mauricio Macri en Argentina?), el posicionamiento de China en América Latina supuso también la penetración de sus particulares formas de acumulación neoliberales –«neoliberalism with chinese characteristics» (Harvey dixit)– rotuladas, por ejemplo, por las zonas económicas especiales (promovidas desde las reformas liberalizadoras de Deng Xiaoping post-1979); la promoción de endeudamiento público masivo por parte de los Estados receptores, principalmente para la expansión del sector primario; etc. En este sentido, el variado ensamblaje de modalidades y tipologías del extractivismo en la región está también marcado por las políticas del Consenso de Beijing.

Comprender las dinámicas de esto que hemos llamado el neoliberalismo mutante, es útil para visibilizarlo como un método para:

a) configurar una forma de gobernabilidad más sostenible en el tiempo;

b) allanar una transición socialmente más tolerable, ante el agotamiento y fin del ciclo progresista;

c) preparar el camino para un eventual giro a la ortodoxia u horizonte de despojo masivo, apuntando con posterioridad a políticas más crudas, ortodoxas y explícitas de neoliberalismo.

La maduración neoliberal: el Largo Viraje 2014-2018

Antes que un paquetazo –de la marca del «Gran Viraje» de Carlos Andrés Pérez II–, nos encontramos, tal vez, ante la etapa madura de una transición político-económica en el país, la cual inicia en 2014 y ha ido desmantelando gradualmente los pilares progresistas de la llamada Revolución Bolivariana: nacionalismo energético, democracia popular participativa, economía anti-neoliberal en favor de los más desfavorecidos y soberanía nacional.

Asistimos a un proceso de re-estructuración de la economía extractivista –lo que hemos llamado una nueva fase del extractivismo en Venezuela –, el cual se ha desarrollado como un Largo Viraje, en el que se van llevando adelante reformas legales, normativas, políticas y medidas económicas, que van dándole cada vez mayor cabida a formas de acumulación neoliberal.

Pero este proceso no hay que interpretarlo como uno lineal e inevitable. Más bien ocurre en un contexto político accidentado, inestable, volátil y de intensas disputas, que incluyen claro está, la incidencia de actores geopolíticos. Lo que es necesario resaltar es que, incluso los grupos de poder que pugnan, comparten los principios de re-estructuración económica –en consonancia con las grandes potencias foráneas, sea EEUU, China, Rusia, etc–, previendo en primeros términos la solución a los problemas internos de liquidez por parte del Estado, la recuperación y relanzamiento de la economía extractivista, el equilibrio del mercado interno, el desmontaje de obstáculos al crecimiento, el favorecimiento al capital y arreglos favorables a los inversores foráneos y, por supuesto, el mantenimiento del poder político y el control de las empresas clave del país.

El llamado ‘Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica’ es en realidad parte de un devenir económico de varios años. A pesar de que en el período 2009-2013 ya se expresaban síntomas de agotamiento del modelo de acumulación –determinados por su sesgo extractivista, la acentuación de la dependencia a los sectores primarios, la crisis mundial 2008-2009 y el “Efecto China” vivido nuevamente por Venezuela como una enfermedad holandesa– y de estancamiento político del proyecto bolivariano, es a partir de 2014 cuando comienzan a darse pasos más claros que van apuntando a una re-estructuración económica.

Una corriente pragmática va tomando el timón de ciertos sectores, como lo fue por ejemplo la gestión de Eulogio del Pino en la presidencia de Petróleos de Venezuela S.A. desde 2014, comenzando a estructurar lo que llamó un “régimen especial de inversiones”, en el cual se van configurando reformas en los marcos de negocios que apuntan a la flexibilización progresiva en favor de las corporaciones transnacionales, principalmente en lo que respecta a la Faja Petrolífera del Orinoco, lo que posteriormente se tomaría como modelo en los marcos del resto de los sectores extractivos. Este mismo año aparecen las llamadas “Zonas Económicas Especiales”, una figura de una muy alta significancia, que plantea la instalación un régimen de liberalización radical de los territorios asignados para un desarrollo acelerado.

Otro elemento que destaca es la búsqueda de avance a las nuevas fronteras de los commodities, con miras a abrir nuevos polos extractivos para la captación de divisas y el relanzamiento de otros ya existentes (como por ejemplo Carbozulia). Ya en 2015 comienza a re-emerger y tomar fuerza el Arco Minero del Orinoco, lo que va a ir oficializándose en 2016, de la mano de la llamada “Agenda Económica Bolivariana”, que suponía una importante promoción del avance de fronteras, dándole especialmente a la minería un rol nunca visto anteriormente en la historia contemporánea venezolana.

Se van creando mecanismos para el incremento en la participación y poder de las empresas transnacionales en los emprendimientos extractivos, como lo estipulado en la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas (30-12-2015), que contempla la posibilidad de participación mayoritariamente privada; como lo reflejan las loas al proyecto Cardón IV (Gas offshore en Paraguaná), de inversión 100% privada (Repsol 50% y Eni 50%); como ocurre por la incapacidad financiera de PDVSA, que hace que la parte accionaria de la misma sea cubierta mediante préstamo de su socio extranjero; o en la invitación a las empresas a ser, además de accionistas, financistas de los proyectos.

Resaltamos la expansión y sofisticación de la mercantilización y financiarización de la naturaleza, que van desde la ya más vieja vinculación directa de la deuda con parte de la producción petrolera diaria (relación Fondo Chino – pago de la deuda con petróleo), al ofrecimiento de retribución a los inversores directamente con commodities (ej., el ‘atractivo’ carbón venezolano), avances en la certificación de todas las reservas mineras del país –y su consiguiente inscripción en las dinámicas de valores de las principales bolsas mundiales de commodities–, y la aparición del Petro como una denominación monetaria digital, probablemente multifuncional –como unidad de cuenta, bono y criptomoneda– respaldada con petróleo y otros “recursos naturales” a futuro.

Adicionalmente, se va haciendo más nítida, creciente y enfática la orientación de la economía nacional a las exportaciones y al mercado global (principio de comercialización), al tiempo que se hacen evidentes la introducción y posicionamiento de términos económicos propios de la ortodoxia neoliberal, lo cual se expresa claramente en los discursos que se producen en torno al Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica: disciplina fiscal, crecimiento sostenido, prosperidad, equilibrio macro-económico, poderoso mercado interno, entre otros.

Leyes y medidas como la “Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva” (diciembre 2017) y el reciente decreto (2/08/2018) de exoneración del Impuesto Sobre la Renta a los enriquecimiento de PDVSA y sus empresas filiales y mixtas (que abarca a las corporaciones petroleras foráneas asociadas) –siendo que el cobro del mismo ha sido una especie de emblema histórico del ejercicio de soberanía por parte del Estado venezolano– son varios ejemplos de los mecanismos clave que van trazando el camino más próximo hasta la llegada de este último anuncio para un programa de recuperación económica.

Todo esto se ha producido en el marco de políticas diferenciadas y paradójicas de distribución de la renta, que hace coexistir, por ejemplo, la adjudicación directa de bonos a través del llamado “Carnet de la Patria”, la formalización de permanentes aumentos de los salarios nominales o políticas de corte social como el “Plan Chamba Juvenil” (para incorporar jóvenes al campo laboral), con severos recortes a las importaciones, que contrastan con el pago puntual de la deuda pública externa y su servicio; imposición de sacrificios u omisiones en relación a las dramáticas carencias de bienes de primera necesidad y servicios públicos; absoluta falta de transparencia de las cuentas públicas y asignaciones a discreción de los excedentes con base en criterios partidistas; y un aumento de la represión y control social, ante las protestas crecientes. Recursos como la emisión masiva de dinero inorgánico –reconocida recientemente por el Gobierno nacional– han permitido matizar lo que hubiese podido ser una mayor austeridad en el gasto público.

El conjunto de estas medidas distributivas no sólo no logran paliar la crisis actual –sobre todo en el caso de los sectores sociales más desfavorecidos–, sino que básicamente representan medidas compensatorias que no interrumpen el proceso de transformación y re-formateo conservador del régimen progresista previo.

Vivir hipotecados: ¿hacia un perverso rentismo hiper-financiarizado?

La orientación del conjunto de medidas presentadas como el ‘Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica’ pudiera resumirse en la búsqueda desesperada de captación de divisas recurriendo, en una primera capa, fundamentalmente a las estructuras del sector primario (extractivismo). Para ello se centran en dos pilares: a) el Petro como unidad de cuenta y bono (y potencial criptomoneda minable), creando un sistema de anclaje del mismo a la fuerza material fundamental de la economía capitalista doméstica (petróleo y demás ‘recursos naturales’) que, ante la ruina y colapso de la producción nacional, aparece principalmente en su forma más cruda (petróleo bajo el suelo, oro en bóvedas) y como commodity a futuro; b) favorecimiento a la inversión extranjera para el deseado aumento de la “producción” de los sectores extractivos (claramente para la exportación), así como la necesidad de la recuperación fiscal y tributaria, pero que no podría perjudicar a las empresas foráneas y que debería ser cargado sobre la población de maneras selectivas y tolerables (ej. aumento del IVA con excepciones, aumento progresivo de la gasolina y cobros de la misma a través del llamado Carnet de la Patria).

Una segunda capa, se refiere a las formas de distribución de estos excedentes, divisas y recursos (como por ejemplo, la devaluación del tipo de cambio y su unificación en una sola modalidad) en las cuales, como ya se ha dicho, se promueven asignaciones precariamente paliativas (como el aumento nominal de salarios) y a discreción de los intereses político-partidistas.

En esencia, lo que queremos destacar son los peligros que conlleva este intento de anclaje y sustentación de la economía formal en una especie de nueva meta-economía, fundamentalmente especulativa, en la cual se desborda la relativa relación causal barriles de petróleo/renta petrolera, para entrar en dinámicas perversas de un tipo de rentismo de obligaciones, que tiene más un formato del tipo instrumento financiero a futuro. Esto abre el camino a la formación de una especie de fase de hiper-financiarización del capitalismo rentístico, sin poder al momento determinar qué dimensiones podría desarrollar.

Lo que complica aún más las cosas es que se crean estas obligaciones –pues se van a tener que respaldar en petróleo, divisas equivalentes o algo que haga que el Petro tenga valor, validez y credibilidad en el mercado, y que sea recaudable– a partir de crudos que son mucho más costosos, económicamente inestables y complicados de extraer, como lo son los extra-pesados de la Faja del Orinoco, lo que implica que en realidad el respaldo sería el conjunto de recursos naturales del país, la participación en los emprendimientos económicos y, en general, los bienes de la nación, concediendo soberanía a los acreedores.

Así que ya no es sólo la dependencia del rentismo de hoy, sino el de mañana y varios años más por delante. La trampa de este tipo de instrumentos es el encierro que se provoca en el círculo vicioso de la dependencia al extractivismo. Como se promueve la profundización de la extracción de petróleo, y ahora de la minería, esto consolida el hecho de que no haya otra “fortaleza económica” que el propio extractivismo –como ha ocurrido históricamente–, dejándonos en una orfandad productiva que favorece a la depreciación del valor real de la moneda, el desabastecimiento de productos nacionales, la especulación y la inflación. El devenir de la política imperante, sería la combinación de estas formas selectivas de distribución de emisiones y divisas de manera clientelar, con un aumento de la represión y control social.

Los más optimistas pedirán que se confíe en estas medidas –¿y cómo será que llegamos hasta este punto?–, las cuales serían provisionales para salir del hoyo y ahora sí, poder arrancar hacia una economía productiva. Pero no importa cuántas promesas se hagan, no hay forma de que prospere ningún programa económico si no se cuestiona y transforma radicalmente la estructura corrupta de distribución de la renta, esa misma que se ha instalado de tal manera, que ha producido la institucionalización del desfalco, y por tanto, la instalación de estas nuevas relaciones de poder, formas de desigualdad social y de hipotecamiento y devastación de la naturaleza.

La solución a esta grave crisis es fundamentalmente política.

Se nos agota el tiempo

La situación en Venezuela es dramática, en muchos sentidos, de alta gravedad y de muy sensibles tensiones políticas. La geopolítica estadounidense en América Latina, en articulación con sus aliados regionales, se ha tornado notoriamente agresiva con el país, generando medidas económicas en su contra y abriendo posibilidades para el desencadenamiento de escenarios realmente peligrosos. Pero estamos ante una disputa entre coaliciones políticas, determinada por el control del poder del Estado, los procesos de captación de renta y la gestión de los mercados y recursos naturales. Y en esta disputa los pueblos están sencillamente en un segundo plano.

Es inútil insistir en que la vía de neutralización de los sectores sociales que tomaron la bandera de cambio revolucionario, y el desmontaje paulatino de los pilares progresistas del proyecto bolivariano durante el gobierno de Nicolás Maduro, era un camino inevitable. Hay ya un largo registro de críticas y señalamientos que, desde diversos sectores del campo popular –incluyendo amplios sectores del chavismo de base– fueron alertando de medidas y políticas que debían tomar otros rumbos. A estas alturas, se evidencia que el actual gobierno está cumpliendo la tarea de configurar una transición hacia otro régimen político en el que se está combinando la maduración neoliberal y el autoritarismo.

La pregunta ante estos complejos escenarios es qué pueden hacer los pueblos para salir adelante. La izquierda no puede sólo pensar desde la ‘razón de Estado’, la real politik, o únicamente fungir como la consejera del príncipe. Mucho menos convertirse en censora de los sectores críticos, construyendo chivos expiatorios, generando sospechas criminalizadoras sobre la diversidad y pretendiendo colocarse en una posición de superioridad moral, cuando precisamente el silencio cómplice es uno de los factores que ha contribuido al crecimiento y consolidación de las tendencias restauradoras, conservadoras, autoritarias y corruptas en el Gobierno Bolivariano. La izquierda no puede disolver su proyecto ético –sencillamente no vale todo– y olvidar que su núcleo es pensar desde abajo, en clave popular.

Si hay alternativas al neoliberalismo, a la guerra, al despojo, al autoritarismo y al extractivismo, estas deberán emerger y crecer desde el seno de las bases sociales. Para ello no sólo habrá que desbordar los códigos dominantes de la política polarizada, sino crear otros nuevos.

Las enfermeras organizadas, los sectores de base que impulsan la marcha campesina, comunidades indígenas que resisten dignamente a los despojos en sus territorios, comuneros y comunas, docentes, entre otros, son voces dispersas, fragmentadas, pero en movimiento, y por tanto, son siempre horizonte de posibilidad. Y en este sentido, conviene resaltar el que es, a nuestro juicio, el gran dilema político-popular: ¿cuál será el rol del chavismo popular crítico ante esta situación? Esta parece ser la clave que podría favorecer un giro virtuoso de la situación.

Como pueblos, no tenemos más que nuestras tradiciones e historias de luchas, los saldos organizativos de los últimos años, y nuestras pulsiones y descontentos.

Se nos agota el tiempo...