Todos los candidatos del 28J se dan la mano en esto, ninguno representa la lucha de las mujeres y la comunidad sexodiversa por sus derechos. Derechos no solo históricamente negados, sino planteándose hoy un reforzamiento de la negación y de mecanismos de opresión. No solo Maduro y su alianza con las iglesias evangélicas, o el empresario y pastor evangélico Javier Bertucci, también Ecarri y el candidato de María Corina (Edmundo González), ninguno se opone al contubernio entre el Estado y las iglesias antiderechos.

Actualmente avanza en el país un peligroso posicionamiento de sectores religiosos anti derechos en las instancias de decisión del Estado venezolano. El año pasado vimos el compromiso que establecieron comisiones de la Asamblea Nacional, de consultar primero con algunos de estas confesiones religiosas, cualquier ley y discusión que tenga que ver con derechos de las mujeres o de la diversidad. No solo eso, el gobierno de Maduro viene utilizando descaradamente recursos públicos para financiar y sostener determinados cultos religiosos, siendo esta una cuestión de índole particular, que debe ser sostenida, en todo caso, con los propios recursos de los miembros de cada confesión y no con los recursos del conjunto del pueblo venezolano. El gobierno de Maduro destina bonos para miles de líderes religiosos y para la infraestructura de cientos de iglesias.

Estos compromisos políticos y económicos son contrario a un avance histórico de muchas sociedades, como lo es la separación del Estado frente a las iglesias, el carácter laico del Estado para evitar, en la medida de lo posible, que las creencias religiosas, que los prejuicios de determinadas confesiones religiosas, se impongan sobre las decisiones de política pública que afectan a todos, que se impongan por sobre los derechos de toda una sociedad.

Estos sectores antiderechos que cuentan cada vez más con este aval, se oponen a la lucha de las mujeres por la soberanía sobre sus propios cuerpos, por tener acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Se oponen a una educación sexual científica, laica, que permita a los niños, niñas y adolescentes evitar embarazos precoces, detectar abusos, etc., se oponen a la distribución gratuita de anticonceptivos, niegan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Estos antiderechos también se oponen a derechos elementales de la comunidad sexodiversa como el derecho a la identidad y al matrimonio civil, entre otros.

Pero no está solo el gobierno en este avance contra los derechos de las mujeres y la diversidad. El conjunto de los candidatos de esta elección comparten, aún con matices, esta perspectiva, porque si bien el gobierno actual tiende a apoyarse cada vez en sectores de las iglesias pentecostales y evangélicas, no son menos antiderechos los sectores de la iglesia católica, que son los que históricamente tuvieron esa relación privilegiada con el Estado venezolano, y a esos sectores responden la mayoría de los opositores burgueses actuales.

Ninguno, absolutamente ninguno, se opone a este contubernio entre el Estado y las iglesias antiderechos. Ninguno está planteando, ni siquiera por equívoco, la separación verdadera y rigurosa del Estado de las iglesias. Ninguno pelea por estos derechos de las mujeres y la diversidad. Como integrantes de la campaña "La clase trabajadora no tiene candidato", decimos también como mujeres y la sexogenerodiversidad, por todas estas razones no nos representan. El 28 de julio votamos nulo.