No es posible pasar la página de las elecciones presidenciales. No hay tribunal que pueda reemplazar la soberanía popular: sentencia no mata votos. Con cada nueva maniobra judicial o patraña propagandística ─como la de «adelantar» las navidades para octubre─, el Gobierno de Nicolás Maduro pierde vertiginosamente los últimos visos democráticos de su gestión.
A la crisis económica ─que el Gobierno-PSUV respondió decididamente con un paquetazo antiobrero y antipopular─ se suma ahora la crisis de legitimidad que pesa sobre la cúpula gobernante y que se agrava con cada día que pasa sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publique los resultados electorales del 28 de julio, desagregados por mesa y centro de votación.
Si bien es cierto que las elecciones marcan un punto de inflexión, el rechazo a la dirección política instalada en Miraflores tiene sus orígenes en el rechazo popular a su programa económico y laboral de destrucción de las condiciones de vida de la familia trabajadora con el que supuestamente estaban enfrentando las «sanciones» del imperialismo, pero que no ha sido más que la excusa perfecta para la corrupción y el saqueo del país.
En los últimos seis años se ha avanzado en un proceso de rediseño de las relaciones laborales y de desmontaje de las convenciones colectivas en la Administración Pública. La guinda de la torta ha sido el pago fraccionado de los ya de por sí miserables aguinaldos de los funcionarios al servicio del Estado, cuyo salario está congelado desde hace más de dos años.
Es por esto y no por inclinaciones filofascistas que cientos de personas provenientes de sectores populares salieron a protestar los sospechosos resultados anunciados por el CNE la noche del 28 de julio y que de manera arbitraria el Gobierno-PSUV ha arrestado, acusándolos de «terroristas».
Es bien sabido que cuando la clase dirigente ─incluso en estrecha coordinación (o subordinación) con la élite económica─ ya no puede mantener el dominio social a través del consenso, echa mano de la coerción. De allí las numerosas noticias de violaciones de derechos humanos que se han registrado en las últimas semanas; el hostigamiento en los centros de trabajo y las renuncias forzadas. El Gobierno-PSUV quiere imponer su «victoria» con una política de terror contra los más pobres.
Pero también es sabido que la coerción y la represión no pueden «resolver» la crisis de legitimidad y que aunque se monten parapetos de todo tipo con los partidos políticos intervenidos judicialmente, tampoco es posible retornar a los consensos previos que han sido rotos.
No hay estrategia en Tik Tok que valga, aunque los laboratorios de propaganda del Gobierno-PSUV trabajen laboriosamente para lavarle la cara a Nicolás Maduro, el carácter autoritario de su administración es inocultable. Así lo confirman la descarada subordinación de los Poderes Públicos; el marco legislativo represivo que están confeccionando con ahínco; la cacería contra los medios de comunicación y el desesperado intento de convertir toda crítica, protesta o reclamo legítimo, en un crimen de odio.