En torno a este tema son muchos los que actúan de manera hipócrita. Existen, en primer lugar, los de la añeja alta sociedad socialista, es decir, comunistas en diferentes grados, amparados por China, Cuba y la Urss, que enviaron a los más ingenuos a las guerrillas, a servir como carne de cañón.
El fracaso de la Urss no se debió a los esfuerzos de Estados Unidos por acabar con aquel sistema. El experimento soviético se vino abajo por la apatía de una burocracia ineficiente, donde tampoco existían mecanismos paradenunciarlosviciosqueplagabanelaparatogubernamental.
Por desgracia hay socialistas criollosque,escudándoseenlapopularidad del presidente Chávez, parecieran empeñados en lograr que algo similar ocurra aquí.
Otros, quizás una mayoría de quienes están en el Gobierno, no creen en absoluto en el SSXXI, pero le siguen la corriente al Primer Mandatario para sacarle el jugo a los cargos gubernamentales mientras les dure la racha.
Cierto es que en Venezuela la corrupción administrativa es una endemia que nos azota de manera inclemente. Durante muchos años, desde Juan Vicente Gómez a la fecha, una legión de oportunistas se acostumbró a vivir de la adulancia a los poderosos. Hoy la corrupción es mayor que antes, sencillamente porque hay más dinero en las arcas públicas.
Lamentablemente, no se percibe en nuestros burócratas una moral socialista o siquiera una conducta ética ante el peculado y el derroche que deberían resultar aborrecibles a cualquier ciudadano decente.
Finalmente estamos quienes queremos que las prédicas de Hugo Chávez se transformen en realidades concretas y no en un catálogo de buenos propósitos. Creemos que es posible un esquema socialista moderno, donde el Estado sea administrador de los medios de producción básicos, pero donde también la propiedad privada cumpla una función.
El socialismo del siglo XXI no llegará porque lo dicte una Constitución, sino porque demuestre ser un sistema funcional, práctico, sin trabas burocráticas, donde las agrupaciones ciudadanas resuelvan sus problemas elementales y el Gobierno, en los diferentes niveles, asuma y cumpla sus responsabilidades.
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