Es correcto que el Estado pueda ejercer los mecanismos que la ley le brinda para proteger a la población de maniobras destinadas a burlar los derechos de los consumidores, como también es explicable que los empresarios privados busquen obtener márgenes de ganancia que le den sentido a su inversión.

En el caso del arroz se venía incurriendo en prácticas destinadas a obligar al consumidor a pagar más por un producto de primera necesidad al cual se le colocan aditivos químicos “saborizantes” para triplicar o cuadruplicar su precio. Paralelamente, desaparecía de los anaqueles de abastos y supermercados el arroz blanco blanquito, ese que es insustituible ingrediente del pabellón criollo.

En medio de las decisiones que el gobierno ha adoptado frente al Grupo Polar, al ocupar la planta de arroz ubicada en el Estado Guárico, y frente a Cargill al ordenar su expropiación han surgido, como era de esperarse, las críticas de la oposición, por considerar que estas acciones constituyen agresiones a la propiedad privada

¿Cómo resolver una situación de esta naturaleza?. ¿Debe el Estado hacerse de la vista gorda frente a decisiones empresariales que afectan los derechos de los consumidores? ¿Es absolutamente cierto que los márgenes de ganancia son tan limitados que obligan a las empresas a este tipo de iniciativas, como la “saborización” del arroz o de la salsas de tomate para compensar pérdidas? ¿Por qué estas empresas no dan a conocer detalladamente sus estructuras de costo para explicarle al país còmo es que un arroz con sabor artificial cuesta tres veces más que uno blanco blanquito?

Estas preguntas ameritan respuestas sinceras por parte del sector empresarial y también por parte de los dirigentes políticos de oposición que, en nombre de su postura política, no le arriman ni una al gobierno aunque éste tenga razón.¿Creen en el gobierno y en la oposición en que debe existir una tasa máxima de ganancia? ¿Cuál sería ese límite? ¿O no debe haber límites?

También es obvio que el gobierno tiene respuestas que debe ofrecer. Por ejemplo, ¿la actual regulación de precios de algunos productos de difícil ubicación en el mercado es realista, se corresponde verdaderamente con la estructura de costos? Y aquí me refiero no sólo al arroz sino también, por ejemplo, a la carne, por citar sólo estos dos casos.

Y la otra pregunta tiene que ver con la real capacidad de la que dispondría el Estado para sustituir al sector privado en la delicada tarea de garantizar el abastecimiento de alimentos a toda la población. Mercal y PDVAL han cumplido una innegable labor en este campo. Esconder esa realidad sería un acto de mezquindad.

¿Aspira y puede el Estado llevar adelante esta labor sin el sector privado? ¿Es esa en definitiva la estrategia? ¿Se trata de desplazar totalmente al sector privado? ¿O más bien de lograr que se comprometa en una política destinada a garantizar el cumplimiento de normas destinadas a favorecer a los consumidores? ¿Se ha pasado revista a la experiencia de países denominados socialistas que hoy apuestan a abrirle camino al sector privado luego de décadas de predominio absoluto del Estado en la economía y de severos tropiezos?

¿Cuál es el modelo de economía que más conviene a los venezolanos? ¿Libre y absoluto mercado? ¿Presencia predominante e incluso absoluta del Estado en la economía? ¿Capitalismo de Estado? ¿Socialismo con apertura al mercado?

Este es en el fondo el debate importante que no estamos dando los venezolanos y que tiene tanta pertinencia como urgencia, por encima de las verdades absolutas que cada quien cree tener. En esta materia hay incógnitas como arroz.