La sala Simón Sáez Mérida de la escuela de Sociología de la UCV, fue el escenario de un interesante debate sobe la reforma constitucional que se realizó en horas de la mañana del día de hoy en nuestra principal casa de estudios.

Los ponentes del evento fueron: Jorge Pabón, decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Javier Biardeau, profesor de la escuela de Sociología y Miguel Angel Hernández, docente de esa misma escuela y miembro del Movimiento por la Construcción de un Partido de los Trabajadores.

En el foro, el prof. Hernández resumió el planteamiento que el movimiento antes mencionado viene presentando a la opinión pública en torno a la propuesta de reforma constitucional presentada por el presidente Chávez. Su visión contrastaba con la de los otros panelistas, uno de oposición y otro afecto al proceso, pero que en términos generales coincidían en mantener el debate y las observaciones críticas a la iniciativa presidencial en el marco de la democracia burguesa y en la preservación del sistema capitalista aún imperante en el país. Por el contrario, el profesor Hernández hizo un planteamiento desde una perspectiva marxista que cuestiona radicalmente la propuesta de reforma, ubicándose en el terreno, como el mismo explicó, de “ruptura revolucionaria con el orden burgués”.

Hernández comenzó dejando en claro que está con el proceso revolucionario que vive el país, y afirmó: “Que no quede ninguna duda, hemos defendido al gobierno del presidente Chávez de los ataques de la burguesía y del imperialismo, y lo volveríamos a hacer de ser necesario”. Pero igualmente, expresó el derecho de todos a manifestar su opinión sin ningún tipo de presiones o cortapisas, y al respecto dijo: “Uno de los grandes problemas de este proceso es que se ha entronizado una visión dicotómica o binaria del país que reduce el debate y la lucha política al maniqueísmo de una supuesta disputa entre chavistas y escuálidos, desapareciendo las clases sociales como por arte de magia. Esto fue propiciado por la tremenda polarización social que se abrió desde el año 2002, pero también ha sido promovida por el gobierno, llevándola al extremo de que el que no está totalmente a su favor está en s contra, es escuálido o agente de la CIA y el imperialismo”.

Afirmó, además, que “la propuesta presidencial de reforma constitucional brinda una gran oportunidad política para que el pueblo y los trabajadores debatamos abiertamente sobre el carácter del Estado, la sociedad que queremos construir, la propiedad privada o colectiva de los medios de producción, el ejercicio del poder, el carácter de clase de las Fuerzas Armadas, y sobre los derechos de los trabajadores”. Sin embargo, se lamentó de que una discusión tan trascendente no se hubiera realizado en una gran Asamblea Nacional de Delegados Sindicales, Comunitarios y Campesinos, y se limite al “parlamentarismo de calle”, bastante menguado y controlado, según sus palabras.

“Al socialismo no se va por decreto o a través de una simplemente reforma de la constitución. O porque en el texto constitucional aparezca muchas veces la palabra socialismo. El socialismo es propiedad colectiva de los medios de producción, y no basta con normar constitucionalmente el proceso de cambios, si no que además esto debe ir acompañado de la expropiación de las empresas, de las tierras, de los bancos, de los medios de comunicación, y del control estatal del comercio exterior. La discusión sobre la reforma constitucional para construir un Estado socialista debe ir paralelamente al impulso de la lucha de clases en todos los ámbitos, en las calles, en las universidades, comunidades, fábricas, empresas y oficinas. Esto se concreta hoy en la lucha de los trabajadores por la defensa de la contratación colectiva, la autonomía y libertad sindical, el derecho a mejores salarios, vivienda digna, salud y educación gratuita y de calidad, empleo genuino, y no ese trabajo voluntario que el gobierno viene proponiendo que en el marco de capitalismo es esclavitud. Es decir, el debate por la transformación normativa del texto constitucional debe ser parte de la lucha del pueblo y los trabajadores por sus principales y más urgentes reivindicaciones, como parte indisoluble de la pelea por el socialismo pero sin patronos, burócratas ni corruptos”.

“Efectivamente, lo que plantea la discusión sobre la reforma constitucional es la cuestión del socialismo. Si se va o no realmente al socialismo. En ese sentido, para tranquilidad de la burguesía, con esta reforma no se va al socialismo del siglo XXI ni tampoco al del XX. En ese sentido afirmamos que el contenido político, económico y social del proyecto de reforma está inspirado en la conciliación de clases, entre explotadores y explotados, y no en la independencia política de los trabajadores, como base fundamental para transitar realmente el camino al socialismo. La constitución del 99 protegía la propiedad privada de los medios de producción, manteniéndonos en los estrechos marcos del capitalismo, y la reforma no es un cambio sustancial de este aspecto. Ante esto planteamos que la única propiedad con rango constitucional debe ser la propiedad colectiva o social de todos los recursos naturales, tierras, industrias y servicios públicos, y que esto se debe concretar de inmediato en la expropiación de empresas como Sanitarios Maracay o Sincreba, en Mérida, y otras que hayan sido abandonadas por sus patronos o donde se violen los derechos de los trabajadores”.

Con respecto al tema del ejercicio del poder, el prof. Hernández planteó que: “La nueva “geometría del poder” no puede ser otra que la que posibilite la conformación de un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo. No se debe limitar a una reestructuración territorial o geográfica del país que sólo busca ampliar la base burocrática en las regiones, creando nuevas estructuras con la intención de centralizar el poder en manos del Ejecutivo, propiciando y reproduciendo el clientelismo, la malversación de fondos públicos, la corrupción y el tráfico de influencias. La reforma, en lo que respecta al ejercicio del poder, esencia de la encrucijada política que atravesamos, no ataca de raíz el problema central que es que el pueblo y los trabajadores tengan el poder en sus manos, a través de sus organizaciones. Y que este sea ejercido local, regional y nacionalmente por toda la población, democrática y directamente, sin burócratas ni funcionarios intermediarios, que frenan y mediatizan la energía revolucionaria del pueblo. Y en ese sentido proponemos que los trabajadores y el pueblo asuman directamente el poder a través de la conformación de un gran Consejo Nacional Obrero, Comunitario y Campesino que legisle y ejecute las medidas a favor del conjunto de la población. Este consejo debe reproducirse regional y localmente, y debe estar integrado por los mejores y más reconocidos luchadores, activistas y dirigentes de los distintos sectores sociales, independientemente de su afiliación política o partidista. Deben ser responsables ante sus electores y revocables en cualquier momento por los mismos. Su salario debe ser equivalente al costo de la canasta básica o familiar, y no deben disfrutar de ningún privilegio especial derivado del cargo”.

“Asociado y directamente ligado al ejercicio del poder, está la cuestión de las fuerzas y del monopolio de las armas. En este aspecto proponemos la conformación de milicias obreras, campesinas y populares, basadas en los sindicatos y organizaciones del pueblo, así como el armamento general del pueblo, como base fundamental de defensa de las conquistas de la revolución, y de respuesta a los ataques de enemigos externos. Igualmente, debe incluirse en la reforma el derecho a la sindicalización en las fuerzas armadas populares, por la democracia, contra los grados y verticalismo de las elites y oficiales”, concluyó el prof. Hernández.